España, un Estado sin nación

Santiago Alba Rico

Filósofo y ensayista

Creo que se comete un grave error cuando, para denunciar el uso torticero e interesado de la llamada “crisis catalana”, se insiste en inscribirla en un plano casi fantasmal o premeditadamente “ideológico”, en el sentido de “falso” o “ilusorio”, como si todo se redujera a la voluntad de enmascaramiento de “los problemas reales” por parte de élites dirigentes que defenderían con cinismo consciente sus intereses engañando para ello, con trapos y consignas, a millones de catalanes y españoles. Que más de dos millones de catalanes quieran la independencia y España no tenga nada que proponerles es un “problema real”; y que millones de españoles sientan hostilidad hacia Catalunya, al mismo tiempo que apoyan la aplicación del 155, es también “un problema real”. ¿Cómo decirlo? En política sólo puede encubrirse un problema real con otro problema real, de tal manera que la crisis catalana, si sirve para “ocultar” el paro, la corrupción y la desigualdad económica, es porque “revela” -y agrava- un problema central, muy real, de nuestra historia común: su común fracaso.

¿Cuál es ese problema? Lo he dicho muchas veces. No se trata de la “cuestión catalana” -o de la “cuestión vasca”, hoy momentáneamente olvidada- sino de la “cuestión española”: del hecho de que, si hay naciones sin Estado, España es, al contrario y desde su nacimiento, un Estado sin Nación. La dificultad no estriba en que España se construyera sobre la violencia; esa es la norma histórica para la fundación de este extraño siamés de la geopolítica moderna. La dificultad estriba en que, incapaz de construirse de una sola vez en el pasado, la violencia fundacional se convirtió en el andamio mismo de un Estado que era y es tanto más Estado cuanto menos capaz es de constituirse como nación compleja. Los independentistas que insisten en hablar del “Estado español” porque su patria es otra, desprovista de un marco institucional propio, nos recuerdan con ello a los españoles que nosotros no tenemos aún una -una patria- y que nuestra “identidad nacional” es ideológica y ortopédica, puramente “institucional”. España se refunda cada día no a través del “plebiscito cotidiano”, mitad olvido mitad memoria, que elogiaba Ernest Renan sino de la “represión”, unas veces violenta y otras implícita, de la “cuestión nacional”. El largo siglo XIX español, entre 1812 y 1975, entre las Cortes de Cádiz y la muerte de Franco, con su encadenamiento de dictaduras y guerras civiles, demuestra hasta qué punto la democratización y pacificación de España -su existencia misma- depende de su radical reconstitución como Estado. España es el único país de Europa (junto a Polonia, de otra manera y por otros motivos) en el que la confrontación decimonónica entre liberalismo y tradicionalismo fue atravesada por una tensión imperial y nacional, lo que explica que el “anticapitalismo” fuera obviamente más robusto en los territorios donde ha habido más capitalismo -País Vasco y Catalunya- pero que allí se haya entreverado con el carlismo y con el independentismo.

Nadie negará que la Constitución del 78, con la filigrana de las Autonomías, tuvo sobre todo el mérito de integrar en el nuevo régimen democrático a las élites nacionalistas vasca y catalana, que se convirtieron en uno de sus pilares, y ello hasta el punto de que se puede afirmar con fundamento que la “crisis catalana” es el resultado de una “escisión territorial” del régimen del 78 al tiempo que un testimonio más de su propia crisis. Pero a los que olvidan la “cuestión nacional pendiente”, como límite de la democratización de España y potencial recidiva del siglo XIX, hay que recordarles “la excepción vasca”, con la violencia armada de ETA hasta 2011 y su funcionalidad estatal: durante más de 30 años la “libertad” electoral y el garantismo jurídico han estado marcados en España por una “lucha antiterrorista” que no distinguía bien, como ocurre ahora en Catalunya, entre violencia y no violencia o entre terrorismo y política. Cuando no se solucionan los problemas reales -ya sean territoriales o económicos y sociales- vuelven una y otra vez; y bastaba una coyuntura favorable (o adversa) para que Catalunya recordara lo que el País Vasco, hoy cansado y desmovilizado, nos recordaba hasta ayer: que España sigue siendo un país sin hacer. Esa “coyuntura” la ha proporcionado la crisis del régimen del 78 y su escisión territorial; es decir, la división entre élites territoriales que ya sólo pueden defender lo mismo por separado y enfrentadas entre sí. Y la ha proporcionado asimismo, por supuesto, la defensa “ideológica” del “Estado español” por parte del PP, que desde 2006 -fecha del recurso contra el Estatut- sacó de sus entrañas, donde siempre encontró cobijo, lo peor del siglo XIX.

Todos somos conscientes de que nada de esto habría podido ocurrir en Extremadura o en Asturias, que tienen sus propios problemas reales. Si ha ocurrido en Catalunya es por una razón tan evidente como indemostrable: porque Catalunya es, en efecto, una “nación”. Como bien recordaba Daniel Innerarity en un reciente artículo, “el nudo gordiano consiste en que no hay nación sin dar por supuesto algo que en principio no se somete a discusión, como marco de referencia o sujeto de la soberanía”. Eso que “no se somete a discusión” y que por lo tanto no puede decidirse democráticamente es el sujeto mismo de los derechos nacionales, que existe como consecuencia de una convergencia de precipitados históricos, culturales y políticos. La propia constitución del 78 reconoce esa diferencia indiscutible, investida por eso de derechos soberanos que, al mismo tiempo, la Carta Magna limita. La cuestión, por tanto, no es la de constituir democráticamente un sujeto ya constituido sino la de saber responder democráticamente, y hasta dónde, a sus demandas como “nación”. Partir de este presupuesto ayuda mucho a situarse en un plano en el que se reconoce la realidad misma como condición para resolver sus dilemas; todo lo contrario de lo que hace el conocido sofisma españolista que pretende que la democracia es un problema y no una solución y que, si se reconociera el derecho a decidir de Catalunya, inmediatamente pedirían lo mismo Extremadura, Asturias y hasta Cartagena y Lepe.

No se trata, por tanto, de responder a la pregunta “qué es una nación” sino a esta otra: “cuándo decimos que hay una”. Al mismo tiempo, en plena globalización capitalista, los “nacionalismos” pueden interpretarse quizás como contracciones territoriales identitarias, pero ni todos son iguales ni la Nación misma se define igual que en el siglo XIX. Otro sofisma españolista muy dañino es el que identifica “España” con Democracia y el independentismo catalán con bucles melancólicos y etnicismos totalitarios cuando es a todas luces evidente que una república de Catalunya sería en el plano formal -”burguesa” pero república- un poco más democrática que España y en el ámbito económico tan escasamente soberana como España. El nacionalismo catalán integra muchos vectores ideológicos y emocionales, incluidos algunos retales vivos del 15M; y España es mucho más que las banderas colgadas en los balcones y el boicot al cava catalán. Pero el “nacionalismo español” es mucho menos postmoderno que el catalán y menos moderno que el de Le Pen o el de Viktor Orban. El fascismo que han redespertado el PP y C's, minoritario en relación con el europeo, es, en efecto, mucho más primitivo: revela de nuevo esa adhesión fetichista-imperial a la Nación fallida del siglo XIX y, por lo tanto, a su desnuda forma estatal.

La llamada crisis catalana combina factores genealógicos y adventicios: una historia sin hacer, dos nacionalismos desiguales, una mala gestión del marco de las Autonomías, una crisis de régimen y, sobre todo, una escisión territorial del consenso de élites de la transición. Paradójicamente esta escisión territorial, consecuencia y revelación de la crisis, también facilita la recomposición del régimen cuando más descascarillado estaba. Por dos razones. Las dos tienen que ver con el hecho de que una república catalana, que sería sin duda democrática, es sin embargo imposible. Tanto PdeCat como Esquerra, pilares del régimen en Catalunya, han sido casi siempre conscientes, como han acabado reconociendo, de esta imposibilidad; y tanto su obstinación impostada como su claudicación final, mezquina y electoralista, han acabado por legitimar las respuestas del Estado y por reunificar el frente común del 78. Todo apunta a que, tras las elecciones del 21D, se prolongará este eterno día de la marmota en el que un régimen ahora bicéfalo, territorialmente escindido, se reproducirá con chirridos a partir de una escenografía de confrontación cuya estabilidad conflictiva, con menos libertades y más división, será mansamente aceptada por una Europa cada vez más de derechas.

La segunda razón tiene que ver con la estrategia de la izquierda. A esa escisión territorial (que no económica) del régimen del 78 ha correspondido una escisión territorial (que no política) de la respuesta de izquierdas a su crisis. Mientras el PSOE se reintegraba cobardemente en su seno (el del régimen), la disidencia política surgida del 15M se ha dividido en dos procesos paralelos, uno en el “centro” y otro en la “periferia”, que han acabado por anularse recíprocamente. Por un lado, Podemos y confluencias, que apostaban por la transformación desde el Estado, han llegado al avispero catalán debilitados en su discurso y su credibilidad. Por otro lado las CUP, confiadas en la ruptura contra el Estado, han acabado por perder terreno sin ningún logro apreciable, facilitando a su pesar la recomposición del régimen que querían cuestionar. Pueden tener quizás razón al denunciar el carácter irreformable del Estado español, pero esa imposibilidad no hace por ello posible la “república catalana”. Lo he dicho muchas veces: sin una mayoría social abrumadora, un ejército y/o el apoyo interesado de las potencias europeas, es imposible separarse de un país que no existe. España no existe y para separarse de ella primera habrá que construirla. En todo se equivoca Podemos, salvo en eso: la propia independencia de Catalunya pasa por la fundación previa, democrática y pacífica, de España. Si no es posible, nada es posible, ni para unos ni para otros. Hoy estamos un poco más lejos que hace dos años; la musculatura del régimen, todavía dañada, parece recomponerse gracias a los errores también de la izquierda, la catalana y la española. Con más independentistas y menos independencia, con más españolistas y menos democracia, con más constitucionalistas y menos Constitución, la “cuestión española” se prolonga sine die en un medio global inquietante. Es probable que la misma UE que impide la república catalana impida el regreso de España al siglo XIX, salvo si es la propia UE la que retrocede a su vez, unida por el autoritarismo neoliberal o desmenuzada por los destropopulismos identitarios, y ello en un mundo presidido por el cambio climático, las armas nucleares y la volátil geopolítica del desastre. Lo que, en cualquier caso, parece tan cierto como que existe una nación catalana y que no será independiente es el hecho de que, gracias al procesismo y a la respuesta estatal, España ha dejado de ser “diferente”; es ya -cuando menos lo deseábamos- un país inexistente pero normalmente europeo.

Lo único que queda como fuerza en común de cambio son las capitales, Madrid y Barcelona, donde el municipalismo se resiste a la normalización. ¿Es de izquierdas durar? Es, en este caso, la condición de cualquier reapertura en el futuro de la “cuestión nacional”, que es la “cuestión española”, que es la “cuestión democrática”: un problema muy real que integra la política, la economía, la cultura y el territorio.

*Otras miradas sobre Catalunya | Noelia Adánez, Crisis e imaginación política