La Fiscalía ha pedido rebajar de 18 a diez años la petición de pena de prisión para un profesor de tenis por un delito continuado de agresión sexual a una alumna de 14 años en el momento de los hechos y –ahora– 16 años. La petición surge por el reconocimiento de los hechos por parte del acusado en el juicio celebrado este lunes en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Castelló.

Además de reconocer la acusación, ha pedido perdón a la víctima y a su familia y ha abonado 50.000 euros para la menor por perjuicio moral y 1.955,90 euros para la Generalitat por la asistencia prestada a la joven.

De igual forma, la fiscal solicita la inhabilitación especial del acusado durante 20 años para cualquier profesión o actividad que suponga mantener contacto con personas menores de edad, así como libertad vigilada para su ejecución con posterioridad a la pena durante diez años, y la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros, a su domicilio, lugar de trabajo y cualquier otro frecuentado por la misma, y de comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento durante 20 años.

En sus conclusiones definitivas, la fiscal señala que entre septiembre de 2022 y abril de 2023 el entrenador de tenis, aprovechando la confianza que tenían en él los padres de la menor, empezó a interesarse en su rendimiento deportivo y le prestaba más dedicación que al resto de alumnos. Además, la recogía él mismo de su casa para llevarla al entrenamiento y la llevaba también, con la excusa de realizar entrenamiento físico, a una vivienda de su propiedad, en la cual no reside y en la que hay un gimnasio.

Fue en dicha vivienda -según el Ministerio Público- donde el acusado agredió sexualmente de la menor. Cuando la víctima manifestó al entrenador que no le venía la regla, éste le suplicó de rodillas que no dijera nada a sus padres, que les dijera que había mantenido relaciones sexuales con otro menor, porque si les decía que había sido él, lo iban a meter en la cárcel. Como consecuencia de estos hechos la menor quedó embarazada y se procedió a la interrupción voluntaria del embarazo.

Durante la vista oral dos psicólogas -peritos propuestas por la fiscal- han ratificado que el relato de la menor sobre los hechos fue "claro, coherente y con sentido", y que presentaba problemas de ansiedad e incomodidad respecto del sexo.

Por otro lado, peritos del Instituto de Toxicología de Barcelona, que establecieron un perfil genético tras analizar muestras de los restos fetales, han confirmado que el padre era el acusado.

Tanto las acusaciones como la defensa se han adherido al escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Público, que ha solicitado una sentencia condenatoria. La defensa ha pedido que se tenga en cuenta en la sentencia que el acusado ha reparado el daño y ha pedido perdón en dos ocasiones, y el juicio ha quedado visto para sentencia.