"La Policía me asesina", decía la pancarta de una joven en Lima que participaba el sábado en la marcha por el 25N, Día de Eliminación de la violencia contra la mujer: abogadas de víctimas señalan que en las comisarías los policías han instalado prácticas, sin ninguna base legal, para impedir la denuncia oportuna de violencia o de desaparición, e intimidar a las denunciantes advirtiéndoles de una posible respuesta de sus agresores.

Los obstáculos para denunciar y dar medidas de protección datan de hace más de una década, de acuerdo a informes de supervisión de comisarías de la Defensoría del Pueblo, pero también los parientes de víctimas de feminicidio y desaparición consultados por Público alertan de que la indiferencia o la complicidad de la Policía con la violencia -que experimentaron en años anteriores- aún existe.

"Al final todo este ecosistema para defender a la mujer termina siendo más violento que la violencia primigenia por la cual fue a la comisaría", explica la abogada Ana María Vidal, quien defiende a víctimas de violencia de género. La defensora describe problemas de fondo en todas las comisarías, como por ejemplo el acceso. "Si no tiene DNI, los policías no la dejan entrar a poner la denuncia. Esto pasa en las comisarías más céntricas y en las más alejadas. Es absurdo porque muchas veces en el momento de la agresión salen corriendo y se olvidan de llevar su documento: los agentes dicen que se necesita el DNI, pero contravienen la ley al exigirlo", comenta Vidal.

La abogada señala que los policías solo permiten que las víctimas entren a una comisaría acompañadas por un abogado, pero no por una persona de contención como un pariente o una psicóloga. "No quieren a nadie con la víctima, la hacen sentar sola y dicen que es de acuerdo a una directiva, pero ninguna norma lo establece". "También obligan a que la víctima denuncie la agresión del momento, los policías no tienen la instrucción de consignar episodios previos de violencia; y al recoger solo el último hecho, la Fiscalía hace lo mismo. La investigación debería tener enfoque de género pero dejan para la cámara Gesell la declaración que amplíe: el problema es que los fiscales se valen de esto para archivar la investigación cuando no quieren chocar contra agresores poderosos", añade Vidal.

El caso de Sheyla Cóndor

Perú ha sido nuevamente agitado por un caso de feminicidio en el que la Policía no quiso recibir oportunamente la denuncia por desaparición. Lo mismo ocurrió en 2016 con la estudiante universitaria Solsiret Rodríguez, a cuya madre Rosario Aybar no le aceptaron la denuncia en la comisaría, alegando que quizá se había ido con otra pareja.

Sheyla Cóndor, de 26 años, desapareció el miércoles 13 en Lima y su madre Elsa Torres quiso denunciar el hecho al día siguiente. En la comisaría más cercana no aceptaron el trámite, le dijeron que vaya a otra en el distrito donde supuestamente había desaparecido su hija, en Comas, pero también cuestionaron la búsqueda: agregaron que la joven podía haberse ido con su enamorado y que espere.

Torres había visto en un portátil la conversación por WhatsApp de su hija con el agresor, Darwin Condori, un policía denunciado por violación grupal en enero de 2023 en su piso en Lima.

En la segunda comisaría le dijeron que si su hija aparecía, Condori podría denunciarla por difamación, y no quisieron acompañarla cuando mostró la dirección del posible paradero de su hija: un conjunto de edificios en Comas, en Lima Norte. Ella supo, además, que los agentes avisaron a Condori de que lo estaban buscando.

El sábado 16, la Policía fue alertada de olores sospechosos en el departamento del agente, y la madre de la víctima fue al edificio. Torres y la Policía encontraron los restos de la joven en una maleta. Condori apareció muerto tres días después en un hostal en otro distrito de la capital: los agentes que lo hallaron trasladaron el cuerpo en ausencia de un fiscal y alteraron la escena del crimen infringiendo los protocolos de criminalística.

"Han pasado ocho años y se ha repetido: seguimos en lo mismo", denunció la madre de Solsiret Rodríguez el miércoles. "Ha habido tanta violencia de parte de la Policía, que es una entidad pública, lo mismo pasó con mi hija", reclamó Aybar aludiendo al caso de Sheyla Cóndor.

Vidal también coincidió: "Las respuestas que ha dado la Policía a la mamá de Sheyla Cóndor no me sorprenden porque las he visto en otros casos".

La omisión policial

Edward Alvarado quiso denunciar la desaparición de su hermana Karin, de 39 años, el 3 de septiembre de 2019 en una comisaría de Lima y la Policía le respondió que él no podía hacerlo, sino los padres. Ella salió a hacer compras para una fiesta infantil y no volvió. "Estuve tres horas en la comisaría de Canto Rey y no me retiré, pero tuve que llamar al 114 del Ministerio del Interior y pelear para que me atendieran de mala gana. El técnico no sabía qué tenía que escribir y esa denuncia tuvo deficiencias y errores", contó por teléfono a Público.

Días después, la División de Investigación Criminal preparó otro documento "porque la comisaría no movió ni un dedo, esperaron a que nosotros nos pusiéramos a investigar revisando el móvil de mi hermana y las redes sociales", recuerda.

Alvarado, quien por solidaridad difunde en redes sociales y asiste a las marchas de familiares de otras mujeres desaparecidas, destaca que ante la indiferencia de la Policía en estos casos, los parientes se ven obligados a indagar, como ha pasado con la madre de Sheyla Cóndor.

Él proporcionó a la Policía el nombre de la última persona que vio a su hermana antes de la desaparición en 2019, pero nunca lo interrogaron. La investigación fiscal de la desaparición de su hermana empezó en enero de 2020, pero luego pasó a otro despacho, en otro distrito, en abril del mismo año. "Allí dejaron morir la investigación: la archivaron", indica.

A finales de 2022, Alvarado consiguió el apoyo legal de la ONG feminista Flora Tristán y la investigación ha sido reabierta en octubre: "Tengo fe en que pueda avanzar el caso de mi hermana", anota.

"Las comisarías son como unos pequeños cuarteles donde solo pueden entrar los uniformados y eso hace que se sientan con mayor poder que el ciudadano o ciudadana común. Esas prácticas constantes para no dejar denunciar obstruyen el camino a la Justicia", alerta la abogada Vidal.

Desde la década pasada, la Defensoría del Pueblo además ha evidenciado otros problemas graves en la atención policial a las víctimas, como la demora en dar o ejecutar medidas de protección por carencia de personal o de vehículos, o la falta de acceso al registro nacional de medidas de protección. En la supervisión de comisarías también encontró que los agentes no tienen capacitación sobre las normativa sobre violencia de género.

Policías perpetradores

La abogada Gabriela Paliza, directora del Centro Legal Comunitario María Trinidad Enriquez, llamó la atención acerca de la falta de avances en la investigación fiscal al policía Condori por violación en manada a mujeres en estado de inconsciencia en enero de 2023. El agente estuvo 15 días en detención preliminar, y después de seis meses de suspensión se reincorporó al servicio.

Paliza es también abogada de la ONG Promsex, que defiende a víctimas de casos emblemáticos de violencia de género. En 2008, Azul Rojas Marín se identificaba como hombre homosexual -actualmente como mujer-. Ella regresaba una noche a su casa y tres policías la persiguieron y la metieron con violencia a un patrullero. En una comisaría fue víctima de tortura y violación sexual.

La Fiscalía no quiso investigar el caso como tortura y en 2009 archivó la investigación por violación sexual agravada y abuso de autoridad. Por ello, la ciudadana acudió al sistema interamericano de Justicia. Once años después, en 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra el Estado peruano por violar los derechos de Rojas Marín.

En Tacna, región fronteriza con Chile, un policía encargado de investigar las denuncias por desaparición fue condenado en marzo de 2023 por el feminicidio de una joven y una adolescente reportadas previamente como desaparecidas. La sentencia fue inicialmente a cadena perpetua por secuestro y feminicidio, pero meses después los jueces rebajaron la pena a 35 años de prisión.

Incremento de feminicidios

Según cifras oficiales, en Perú hubo 146 feminicidios en 2023, y en lo que va de este año, 133. El boletín mensual de octubre sobre Igualdad y no violencia, que elabora la Defensoría del Pueblo, informa que entre enero y octubre la Policía ha emitido 5.518 notas de alerta de mujeres desaparecidas, de las cuales la mayoría son menores de edad. La cifra ya excede el total de alertas del año pasado: 5.184.

Un pronunciamiento titulado El machismo y el autoritarismo nos están matando, preparado por ONG de derechos humanos y colectivos feministas, expresó este fin de semana su indignación por "el debilitamiento de la violencia de género como prioridad en la agenda pública".

Este año, el régimen autoritario de Dina Boluarte reconoció que preparaban la fusión del Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y derogó la norma de lenguaje inclusivo en los documentos públicos y textos escolares. Además, una comisión del Congreso aprobó un proyecto de ley que elimina el cargo de oficial de igualdad de género en las instituciones públicas.

El comunicado también demanda "reformas urgentes en el sistema policial para garantizar una adecuada atención a las sobrevivientes y familiares que denuncian. La cultura de la impunidad y el pacto de silencio de las corporaciones debe llegar a su fin".