El ‘TTIP de los servicios’ permitirá imponer sanciones económicas a los países que no cumplan sus exigencias

@Alopezdemiguel

MADRID.- Bruselas presume de transparencia cada vez que menciona el TTIP, pero ni siquiera se esfuerza en hacer lo propio con el TiSA, el acuerdo sobre servicios que negocian en secreto cincuenta países, cuyo contenido habría permanecido oculto si no fuera por las revelaciones de éste y otros diarios europeos.

Una nueva filtración de WikiLeaks a la que Público ha accedido en exclusiva en España permite acceder a las entrañas del acuerdo, y prueba el enorme poder que concedería a los paneles de arbitraje sobre los estados si el TiSA fuese ratificado tal y como se contempla en los documentos analizados.

Si un estado no se adapta a todas las exigencias del TiSA para liberalizar sus servicios de correos, por ejemplo, otro estado puede llevarle ante los árbitros si considera que sus empresas se ven perjudicadas​

Estos paneles podrían emitir resoluciones vinculantes sobre las disputas entre los países firmantes – en relación a cualquier aspecto de la “interpretación y la aplicación” del acuerdo-, y en un plazo de no más de 30 meses podrían forzar a un estado a compensar económicamente a otro si consideran probado que el denunciado no ha cumplido con todas las obligaciones que establece este pacto secreto. Si un estado no se adapta a todas las exigencias del TiSA para liberalizar los servicios de correos, por poner un ejemplo, otro de los países firmantes puede llevarle ante estos árbitros si se considera perjudicado por esta decisión.

“Estos paneles pueden decidir de facto que los gobernantes deben cambiar sus leyes, políticas o decisiones en relación con un enorme rango de servicios e imponer penalizaciones económicas hasta que lo hagan”, explica Jane Kelsey, profesora en la Facultad de Derecho en la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda, y experta en este tipo de alianzas comerciales.

Los países demandantes pueden calcular y dar parte del coste económico que les supone el supuesto incumplimiento, pero son los tres árbitros del panel formado para la ocasión quienes deciden, siguiendo unos plazos escrupulosamente detallados. Y pueden traspasar el marco del Trade in Services Agreement (TiSA) al hacerlo.

“Las sanciones por incumplir el TiSA podrían aplicarse, por ejemplo, en el marco de acuerdos de la WTO sobre propiedad intelectual, bienes, agricultura, productos textiles”, explica Kensey

“Las sanciones por incumplir el TiSA podrían aplicarse, por ejemplo, en el marco de acuerdos de la WTO sobre propiedad intelectual, bienes, agricultura, productos textiles o sobre los capítulos de inversión o compra pública de los acuerdos bilaterales de libre comercio”, apunta Kelsey en su análisis.

El documento confidencial en cuestión, Institutional and Dispute Settlement Provisions (non papers), fechado el 4 de julio de 2016, recoge en treinta y siete artículos distribuidos en una treintena de páginas lo que pretende servir “como base para la discusión" de este mecanismo; bebe del modelo desarrollado por la Organización Mundial del Comercio (WTO) con el fin de que no pueda ser “bloqueado” por los países firmantes, ni tampoco perjudique la futurible “multilateralización del acuerdo”, uno de los objetivos fundamentales del TiSA.

El texto, redactado por la Comisión Europea, que actúa como única voz de los 28 en las negociaciones, fue remitido a los estados miembros unos días antes de la ronda de negociaciones celebrada entre el 8 y el 18 de julio.

“Expertos en derecho” que actúan como jueces

El documento en cuestión detalla los diferentes trámites y tiempos, tanto para resolver una disputa sin recurrir al arbitraje –en el marco del TiSA o de otros acuerdos de inversión- como para seleccionar una lista de árbitros, que debería estar cerrada transcurridos seis meses desde la futurible ratificación de este pacto sobre servicios. Serían elegidos para ejercer durante un periodo de cuatro años -prorrogable-, y sus honorarios serían idénticos a los de sus homólogos en la Organización Mundial del Comercio.

Bruselas no concreta aún los requisitos éticos y morales que deben cumplir estos árbitros

En esta línea, el texto especifica que cada una de las partes correrá con sus gastos y que ambas cubrirán a partes iguales los honorarios de los árbitros y otros costes administrativos. Está escrito también que las audiencias teóricamente serán públicas –a no ser que las partes lo rechacen, para proteger la divulgación de “información confidencial”-, que los árbitros “tienen que esforzarse al máximo para tomar cada decisión por consenso” -aunque puedan adoptarlas por mayoría-, y que los votos en contra de las resoluciones adoptadas no se harán públicos.

Sin embargo, no hay una sola frase concreta sobre las obligaciones morales y éticas de estos árbitros. El documento anticipa la creación de un Código de Conducta y una normativa de actuación que, al menos hace un par de meses, no existían. De hecho, otra de las razones por las que Bruselas presume de su renovada versión del mecanismo de blindaje de los inversores en el TTIP son los nuevos requisitos para elegir a estos árbitros, mientras que en el TiSA parece haber dado un paso atrás y rebajado exigencias; en el pacto de servicios basta con que sean “juristas” de reconocida solvencia en estos temas, pero la palabra “jueces” ni siquiera aparece mencionada.

La parca definición de los requisitos que hoy está sobre la mesa establece que los árbitros “deben tener conocimientos especializados y experiencia en derecho o comercio internacional”, además de ser “independientes” y no recibir “instrucciones de ninguna organización o gobierno, ni estar vinculados al gobierno de ninguna de las partes en conflicto”.

Kelsey recuerda que el TiSA no incorporará el mecanismo de resolución de disputas entre inversores y estados que blinda a las multinacionales (ISDS), “lo que habría permitido a un inversor extranjero de uno de los países firmantes llevar a un gobierno directamente ante controvertidos tribunales arbitrales, buscando una compensación económica por supuestos incumplimientos de su ley pro-inversores”.

La Comisión saca pecho porque el blindaje de las empresas en el TTIP permite la apelación, pero su propuesta para el mecanismo de resolución de disputas entre estados en el TiSA no lo hace

Este blindaje de las corporaciones ha sido y es uno de los apartados más polémicos del Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), y el rechazo de un 97% de los ciudadanos europeos en una consulta pública de la Comisión forzó al Ejecutivo comunitario a reformular su propuesta. En su defensa del ISDS mejorado –“maquillado”, según las ONGs contrarias al acuerdo-, rebautizado como ICS (Investor Court System), la UE tiende a destacar que permite apelar a una instancia superior. Sin embargo, su propuesta para el mecanismo de resolución de disputas entre estados en el TiSA no permite apelar, “porque EEUU se oponía frontalmente”, como apunta la profesora de la Universidad de Auckland en su análisis.

Además, como advierte Kelsey, el hecho de que el TiSA no incorpore un mecanismo ISDS “no puede impedir que un inversor plantee una disputa en el marco de otro tratado bilateral de inversión por motivos que, en parte, correspondan con el supuesto incumplimiento de un gobierno de sus deberes recogidos en el TiSA”. Y esta sería sólo otra de las trampas del pacto sobre servicios, en el que todo está sujeto a la interpretación de estos árbitros, y en el que es relativamente fácil entrar, pero mucho, mucho más difícil salir.