Tasa GoogleEl G20 perfila un impuesto a los gigantes de Internet para 2020

Un impuesto dirigido a gigantes digitales como Amazon, Google o Facebook está más cerca de concretarse a nivel global tras la reunión de hoy en Japón de los ministros de Finanzas del G20, donde se respaldó esta propuesta.

La ambiciosa iniciativa, también conocida como "tasa digital" o "tasa Google" en la Unión Europea, ha tomado fuerza en el grupo de los veinte países más industrializados y los emergentes, que se han marcado el objetivo de definir una reforma fiscal común para 2020.

En un simposio ministerial celebrado en Fukuoka (sudoeste de Japón), los países del G20 dieron luz verde a la hoja de ruta fijada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde se dibuja el futuro marco que incrementará la presión fiscal sobre las multinacionales tecnológicas y de Internet.

El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, explicó que la medida tendrá dos pilares fundamentales, uno basado en acabar con la tributación en función de dónde tengan presencia física las empresas, y el segundo dirigido a evitar la "competencia fiscal" entre naciones.

Problema de fugas fiscales

El objetivo es abolir el principio aplicado en la mayoría de países desde hace más de un siglo y considerado obsoleto en la era digital, que permite a los gigantes de Internet elegir como sede fiscal territorios con baja carga impositiva pese a que éstos supongan una pequeña fracción de sus operaciones.

La presión fiscal del nuevo sistema se decidirá según la "presencia económica significativa" de las empresas en cada país, el volumen de datos y otros activos intangibles digitales manejados o del número de usuarios.

Cada una de estas tres opciones que el G20 tiene sobre la mesa concedería a los países "más derechos fiscales" y por tanto más recaudación para sus arcas públicas, destacó Gurría durante su intervención.

Francia y Reino Unido ya aplican políticas fiscales de este tipo a nivel doméstico, aunque tienen previsto retirarlas cuando se acuerde un marco multinacional, según dijeron sus respectivos titulares de Finanzas, Bruno Le Maire y Philip Hammond.

Asimismo, la Comisión Europea (CE) propuso crear una "tasa Google" a nivel comunitario que no prosperó por la oposición de socios como Irlanda o Luxemburgo -sedes en la UE de Facebook o Amazon gracias a su atractivo fiscal-, y confía ahora en que la medida gane tracción en el grupo de los 20 y termine por instaurarse a nivel global.

Tanto Hammond como Le Maire señalaron la necesidad de un sistema "justo" y "no discriminatorio" que tenga en cuenta los diferentes modelos de negocio de empresas que operan en Internet, y subrayaron la dificultad de calcular la actividad tasable de dichas compañías.

Kun Liu, ministro de Finanzas de China, pidió que se considere el "frágil momento de crecimiento" que atraviesa la economía global y que la nueva normativa "no perjudique la actividad económica", así como el establecimiento de "un sistema claro para resolver posibles disputas" entre países.

Por su parte, el titular del tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, destacó el "fuerte consenso" que ya existe en torno a la medida, y llamó a "resolver los tecnicismos pendientes" para que la propuesta salga adelante "con toda la urgencia posible".

Los responsables de Finanzas del G20 también coincidieron en la necesidad de combinar la aplicación de esta medida de forma coordinada con unos niveles mínimos de presión fiscal en todos los países, para "evitar una huida de empresas" y una "competencia fiscal a la baja".

Mientras el G20 cierra los detalles de estas propuestas durante el próximo año, se realizará un análisis sobre el impacto económico de la "tasa digital" para evaluar las posibles ganancias tributarias que obtendrán los países a costa de los colosos de Internet.

España, país invitado permanente en el G20, contaba con un proyecto de ley para gravar negocios digitales inspirado en la propuesta de la CE con el que el Gobierno aspiraba a recaudar 1.200 millones anuales, aunque esta propuesta no pudo ser aprobada antes de la disolución de las Cortes Generales el pasado marzo.