El primer año del Gobierno Temer: “365 días de pérdidas de derechos” y corrupción

Este viernes el presidente Michel Temer cumplió su primer año como jefe de un Gobierno no elegido por las urnas. Quien era entonces vicepresidente de Dilma Rousseff llegó al poder gracias a un polémico impeachment que el mismo Temer junto con el ex presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, consiguieron sacar adelante.

El 12 de mayo de 2016 el nuevo mandatario, todavía en funciones porque la última votación del juicio político fue el 31 de agosto, presentó a sus 24 ministros. Todos hombres, todos blancos, y premiados por haber sido figuras claves para conseguir los votos suficientes que dejaron a Dilma Rousseff fuera de juego.

Los primeros 365 días de gobierno de Michel Temer se han caracterizado por la corrupción, la pérdida de derechos para la ciudadanía, y una economía que salvo por una mejora en lo que se refiere a la inflación, el resto de sus marcas sólo han empeorado.

La primera polémica se produjo el mismo día que presentó a su equipo en una foto donde destacaba la ausencia total de mujeres. A pesar de las críticas que le cayeron tanto desde la derecha como de la izquierda, Temer no dio marcha atrás, y su respuesta fue rescatar el papel de la Primera Dama: “A partir de ahora mi mujer Marcela se va a encargar de que ningún niño pase hambre y montará un programa específico con otras mujeres para tratar el tema de la infancia”. Con eso daba por cerrado el papel femenino “humanitario” en el nuevo Ejecutivo.

La segunda polémica en esa imagen monopolizada por hombres, fue que al menos cuatro de ellos eran investigados por corrupción en la Operación Lava Jato. A Temer no pareció importarle ese dato cuando decidió nombrarles, pero seis meses después los escándalos de corrupción saltaron por los aires y se produjo una romería de dimisiones.

Cercado de corrupción

En el primer medio año fueron seis los ministros que tuvieran que dimitir. El primero en abandonar el cargo fue la mano derecha de Temer y ministro de Planificación, Romero Jucá, tras salir a la luz unas conversaciones telefónicas donde le decía al ex presidente de la empresa Transpetro (vinculada con Petrobras) que iba a llegar a un “pacto para acabar con la sangría de la operación Lava Jato”. Esa revelación acabó con tres ministros en dos semanas, lo siguientes en abandonar el cargo fueron Fabiano Silveira, encargado de la cartera de Transparencia, Fiscalización y Control; y después Henrique Alves, responsable de Turismo.

Tras perder a Jucá, a Michel Temer le quedaba su otro mayor aliado, el ministro Geddel Vieira Lima. Pero en octubre de 2016 también tuvo que irse después de que el ministro de Cultura -que había dejado el cargo semanas antes- le acusara de tráfico de influencias para construir un apartamento, a nombre del propio Geddel, en un terreno ilegal.

Una vez fuera sus dos pilares Temer nombró a Moreira Franco –también investigado por la Lava Jato- para dirigir la Casa Civil. De este modo blindó a su amigo judicialmente, el nuevo cargo le otorgaba foro privilegiado, un estatus que sirve más que nada para retrasar las investigaciones, que en manos del Tribunal Supremo manejan un ritmo mucho más lento.

El pasado mes de marzo tras las delaciones de la empresa Oderbrecht, otros nueve ministros de su equipo se convirtieron en reos acusados de corrupción y desvío de dinero dentro del marco de la Operación Lava Jato. El propio presidente Temer fue nombrado hasta seis veces por diversos delatores pero el juez Edson Fachin no lo señaló como reo porque la Constitución brasileña otorga inmunidad al jefe del gobierno en lo que se refiere a crímenes no cometidos durante su mandato. Estas delaciones también provocaron la dimisión del ministro de Exteriores, José Serra, que alegó “problemas de salud”, pero dentro de Itamaraty señalan los supuestos escándalos de corrupción en los que estaría envuelto como su principal motivo.

Además de las dimisiones en cadena, la paradoja del gobierno Temer es que llegó al poder con el discurso de la anti corrupción y con diversas acusaciones en esta materia hacia Dilma y hacia el Partido de los Trabajadores. Pero en apenas un año, su gabinete ha tenido más ministros envueltos en escándalos que los que tuvo Rousseff en su primer mandato y en la mitad del otro. El propio Temer tiene más acusaciones de corrupción que su antecesora.

Por otro lado, Eduardo Cunha, quien fuera presidente de la Cámara y principal responsable de que el impeachment contra Rousseff, hoy está en la cárcel con una condena de 15 años y cuatro meses por lavado de dinero y evasión de divisas. Michel Temer admitió hace tres meses en una entrevista que Cunha había aceptado el proceso de impeachment por “venganza” contra dos diputados del PT que habían votado en su contra. Esta revelación que apenas ha tenido repercusión también demuestra la impunidad del mandatario, que fue el principal socio de Cunha a la hora de apartar a su antecesora de la presidencia.

Retroceso social

Los escándalos de corrupción no han impedido que Temer haya puesto en marcha con éxito el plan económico que tenía sobre su mesa desde hacía un par de años: reforma laboral, de pensiones, techo al gasto público, recortes y privatizaciones. Todo ello como argumento para frenar la recesión que amenazaba desde 2014 y atraer inversores extranjeros que pudieran estimular de nuevo la economía brasileña.

El colectivo Alerta Social surgió con la llegada del nuevo gobierno para denunciar los retrocesos sociales de las políticas de Temer. Esta asociación creó la web “¿Qué derecho has perdido hoy?” en la que cuentan hasta 365 derechos perdidos en un año, según la coordinadora del documento, Mónica Rodrigues.

En el mes de mayo recuerdan que el título de elector se eliminó, ya que se aceptó un gobierno no elegido por el voto popular. Después vendría el primer corte de junio contra los agricultores familiares que se quedaron sin recibir 160 millones de reales del Programa de Adquisición de Alimentos, lo que dejó a 40.000 agricultores y 2000 cooperativas sin poder optar a esta ayuda de quien les compraba sus productos. En agosto fueron las universidades públicas las que vieron como su presupuesto caía por la mitad y dejaba a miles de estudiantes sin becas.

En septiembre fue el mes en el que Temer dijo una frase para la historia de su gobierno: “Vamos a privatizar todo lo que se pueda”. Lo primero fue alterar las reglas del Presal, el mayor descubrimiento petrolífero del país, para que tuviera más participación privada. Luego dio concesiones de aeropuertos, carreteras, puertos a empresas extranjeras y nacionales.

En octubre anunció un recorte en el programa habitacional Minha casa, Minha vida, y dejó a seis millones de familias sin derecho a una vivienda digna. A la Bolsa Familia, el programa estrella de los gobiernos del PT, también le pasó la tijera y cinco millones de brasileños tuvieron que salir del programa que ayuda con una pequeña mensualidad a los más pobres.

Los recortes de gasto social se concentraron bajo la Ley 55 conocida como la del “Techo al gasto público” y que se aprobó el pasado diciembre. La norma limita el aumento del gasto público al aumento de la inflación del último año. Los presupuestos de educación y sanidad que suelen superar de lejos el aumento de la inflación son las áreas más maltratadas por esta norma que no podrá modificarse en los próximos veinte años.

La reforma laboral que tiene que ser aprobada en el Senado y la reforma del sistema de pensiones que todavía debe pasar por ambas cámaras son los otros buques insignia del gobierno Temer en lo que a reducción de derechos se refiere. Con la primera se estipula que lo negociado entre el trabajador y la empresa prevalezca frente a lo legislado. De este modo reduce el poder de negociación de los sindicatos, abre la veda a jornadas de 12 horas de trabajo, reducción de días de vacaciones, etc.

La reforma del Sistema de Pensiones es la más complicada ya que es rechazada por el 93% de los brasileños y los senadores y diputados no quieren crearse más enemigos, pero las posibilidades de que se apruebe son altas. Los cambios fundamentales son el aumento de la edad mínima de jubilación para la mujer que pasará de 60 a 62 años, y además elimina la posibilidad de que los trabajadores se jubilen por tiempo trabajado. Pero el punto más polémico es el aumento de tiempo cotizado para obtener la jubilación completa, que será un total de 49 años, 19 más que ahora.

Tan solo el 8% de los brasileños aprueba el primer año de gobierno de Michel Temer, señala la última encuesta de Datafolha. En las últimas semanas miles de personas han salido a la calle para defender los derechos laborales que están en juego con las reformas que se votan en ambas cámaras. A pesar de las movilizaciones la aprobación de esas reformas parece inminente, y aunque el mandatario no tenga la legitimidad de las calles sí tiene la del Congreso, tan cercado de corrupción como el propio presidente.