La resolución aprobada por el Parlamento Europeo, condenando a Marruecos por el uso de la migración como forma de presión contra España, ha sido el último desencuentro en una compleja relación que en los últimos años no ha estado exenta de represalias desde Rabat, casi siempre con el Sáhara y la pesca como telón de fondo.

Por abrumadora mayoría (397 votos a favor, 85 en contra y 196 abstenciones) la resolución acordada por los cuatro grupos principales del Parlamento Europeo (populares, socialistas, liberales y verdes) condenó hoy a Marruecos por "el uso de los controles fronterizos, la migración y los menores no acompañados", para "presionar políticamente" a España.

Anticipándose a la resolución, este miércoles el ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita, ya acusaba a España de "tratar de europeizar una crisis bilateral", pero la comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli, dejó clara la "plena solidaridad con España" y confió en que "situaciones parecidas no vuelvan a repetirse".

Por el momento Marruecos guarda silencio, pero en la última década Rabat ha reaccionado a las distintas decisiones de los tribunales europeos o de la Eurocámara, por mucho que el Consejo o la Comisión mostrasen distancias con sus instancias legislativa o judicial.

2016: suspensión de contactos durante un año

El desencuentro más grave de Marruecos con las instituciones europeas fue el que se registró en enero de 2016: entonces, una nota interna (que primero se mantuvo secreta) del ministerio de Exteriores enviada a los demás ministerios marroquíes les exigía cesar todo contacto o reunión con los distintos departamentos de la Unión Europea en Rabat.

Aquella decisión se tomaba en protesta por el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de un mes antes (10 de diciembre de 2015), que había considerado nulo el acuerdo agrícola y pesquero entre la UE y Rabat por incluir el Sáhara Occidental.

Poco después, el 25 de febrero de 2016, el Gobierno marroquí hizo ya pública "la suspensión de todo contacto con las instituciones europeas", acusando a la UE de "actitud desleal" para con el país magrebí, y ello pese a que pocos días antes el Consejo de Ministros de la UE había recurrido el fallo del TJUE, mostrando así su comprensión con las tesis marroquíes.

Mientras se esperaba la resolución del recurso de la propia comisión, el propio ministro de Pesca, Aziz Ajanuch, se permitió lanzar la siguiente advertencia: en una entrevista con Efe en febrero del año siguiente, señaló que la UE debía "clarificar su posición" y terminar "las disonancias" con respecto a Marruecos o de lo contrario se arriesgaría a consecuencias tanto comerciales como migratorias.

Ajanuch expresó entonces lo que pensaba de la división de poderes en la UE: hay "discordancias en lo referente a Marruecos entre la Comisión, el Consejo, las cortes de justicia y los eurodiputados, pero eso no es problema nuestro; ¡que los arreglen entre ellos!", exclamó.

Y aunque el fallo final del TJUE, conocido en febrero de 2018, negó la soberanía de Marruecos sobre las aguas del Sáhara, la Comisión encontró una argucia legal que permitió firmar un nuevo acuerdo de pesca, que llegó en julio de ese año.

2011: orden de salida urgente de los barcos europeos

Más llamativo fue lo sucedido en 2011: el 14 de diciembre de ese año, el Gobierno marroquí dio un plazo de apenas unas pocas horas para que los barcos europeos (mayormente españoles) abandonaran sus aguas "antes de la medianoche" de ese día.

Aquella expulsión de las aguas se produjo como consecuencia del voto previo del Europarlamento, que ese mismo día rechazó –por 326 votos a favor, 296 en contra y 58 abstenciones– la prórroga del acuerdo pesquero euromarroquí, porque consideraba que causaba la sobreexplotación de algunas especies y era además ilegal, según el derecho internacional, por interferir en los recursos de la población local saharaui.

También entonces la Comisión quiso mostrarse comprensiva con Marruecos, y por boca de su embajador en Rabat comunicó al Gobierno marroquí que la votación de la Eurocámara se tomó "contra la opinión de los Estados miembros, de la Comisión Europea y de la Alta Representante para los Asuntos Exteriores y de Seguridad, Catherine Ashton".

De nada sirvió: el Gobierno marroquí amenazó entonces con "una reevaluación global de su asociación con la UE", y cita las negociaciones bilaterales entonces abiertas en los ámbitos del comercio de servicios, movilidad y readmisión y la puesta en marcha de un 'estatuto avanzado', así como la perspectiva de un acuerdo de librecambio".

Siguieron entonces varias rondas de negociaciones donde los representantes europeos trataron de complacer a los marroquíes sin desautorizar por ello a la Eurocámara, y finalmente, en julio de 2013 europeos y marroquíes firmaron un nuevo acuerdo que se limitaba a mencionar que "tomaría en cuenta a la población local", sin incluir la palabra "saharaui" por expreso deseo de Rabat, que se niega a establecer distingos entre saharauis y marroquíes.