Cuando en 2014 comenzó a implementarse lo que se conocería como “la experiencia uruguaya de legalización de la marihuana”, un sistema por el cual se regula -bajo control del Estado- toda la cadena del cannabis, desde su cultivo hasta su consumo con fines recreativos y medicinales y sus utilizaciones industriales, los agoreros enumeraron varias “razones” por las cuales la iniciativa estaría condenada al fracaso. La más recurrente fue la invocación de fantasmas similares a los convocados cuando un par de años antes se despenalizó el aborto: que el consumo de “la hierba” se dispararía y que el pequeño Uruguay sería poco menos que invadido por “turistas canábicos” provenientes al menos de los países vecinos y por jóvenes barbudos y desarrapados que zigzaguearían por las calles causando “problemas de seguridad”.

Nadie pensó en ese momento que las cosas podrían complicarse, al punto de poner en riesgo todo el andamiaje, por otro factor: la presión del sistema financiero internacional. En claro: la presión de los bancos estadounidenses. Es lo que está ocurriendo en estos momentos.

La cosa es así. El sistema uruguayo prevé tres modalidades por las cuales los residentes en el país pueden acceder a un máximo de 40 gramos mensuales de cannabis para consumo personal: por autocultivo “a domicilio” (un máximo de seis plantas por vivienda), por pertenencia a clubes de membresía de hasta 45 integrantes, o adquiriéndola en farmacias previa inscripción en un registro. Esta última vía es la que amenaza con dislocar el conjunto.

La posibilidad de comprar la marihuana en farmacias se hizo realidad a mediados del pasado julio. Fueron necesarios 43 meses de discusiones entre el estatal Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) y las asociaciones profesionales de farmacéuticos y las cadenas comerciales para que todo quedara listo el día 19. Ese día, las 16 farmacias que aceptaron sumarse como pioneras al sistema y colgar un cartel en el que se podía leer “Aquí se vende marihuana” se hicieron internacionalmente famosas: publicaciones de varios países enviaron fotógrafos para captar cómo sería ese momento en el que los primeros de los casi 6.000 inscritos en el registro abierto en el Correo Uruguayo tiempo antes se irían de esos “templos de la salud” tras pagar el equivalente a 5,7 euros por sus bolsitas de cinco gramos de cannabis producido por privados en fincas bajo vigilancia estatal.

Se distribuyeron dos variedades de “flores de cannabis envasadas en estado natural, desecadas, sin moler ni prensar”: la Alfa I, con 7% de CBD (Cannabidiol) y “efectos psicoactivos que se manifiestan principalmente a nivel físico”; y la Beta I, con 6% de CBD y “efectos principalmente a nivel cerebral”. Al menos en las cuatro heroicas farmacias de la capital que se adhirieron a la iniciativa las existencias se agotaron en pocas horas.

El reaprovisionamiento de los locales se demoró, y fueron habituales los fallos en los lectores de huellas digitales que identifican a los usuarios registrados. Pero nada del otro mundo. Todo se fue solucionando y no hubo ningún problema de seguridad, ni siquiera en una pequeña farmacia instalada en medio de una zona de Montevideo en la que campea el tráfico y el consumo de drogas duras.

A tal punto la cosa fue relativamente bien, que en pocos días el número de usuarios registrados casi se duplicó, a unos 11.000, y hoy superan los 13.000. Crecieron también los clubes cannábicos y el total de cultivadores domésticos. A comienzos de septiembre, más de 24.000 personas, de las 55.000 que se estima consumen habitualmente marihuana en este país de 3,4 millones de habitantes, habían ya optado por una de las tres vías de acceso al “cannabis legal”. 

Ciudadanos hacen cola para comprar marihuana en una farmacia de Montevideo /AFP (MIGUEL ROJO)

“Logramos sacarlas de las garras del narcotráfico, uno de los objetivos principales de la ley de regulación, junto con un enfoque de reducción de daños, de derechos humanos y de diálogo con la sociedad civil”, dijo entonces el ex secretario de la Junta Nacional de Drogas Milton Romani, padre putativo de la ley uruguaya.

Y en eso llegó el Tío Sam

El primero fue el Banco Santander. Luego siguieron otras instituciones privadas y finalmente fue el estatal Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) el que echó todo por la borda y comunicó a las farmacias que habían decidido vender marihuana que ya no podrían tener cuentas en ningún banco. El aviso llegaba después de que el Bank of America advirtiera que la normativa federal impedía a las entidades bancarias estadounidenses operar con cualquier institución financiera de cualquier país que aceptara “dinero proveniente del comercio de drogas”.

El Banco Central uruguayo intentó convencer a la Reserva Federal de que el sistema del país apuntaba justamente a combatir al narcotráfico, que los controles sobre la cristalinidad de las operaciones con la marihuana eran totales, que el propio Estado los ejercía, etcétera, etcétera, pero no hubo manera.

De inmediato se retiró una farmacia de Montevideo, luego cuatro del interior del país y se difundió que la mayoría de las otras 20 que estaban observando cómo evolucionaba la situación habrían desistido de incorporarse al dispositivo. Peor aún: empresas privadas que habían invertido en el cultivo de marihuana y en la investigación para desarrollar productos medicinales a partir del cannabis anunciaron que podrían abandonar el negocio e incluso hacerle millonarios juicios al Estado.

El tema repercutió en el propio Frente Amplio, la coalición de centroizquierda que gobierna Uruguay: mientras el equipo económico del gobierno, federado en torno al muy moderado Danilo Astori, puso el acento en que “el país no puede quedar por fuera del sistema financiero internacional” y debe resignarse en última instancia a aceptar lo impuesto desde Washington, sectores como el liderado por el ex presidente José Mujica, bajo cuya administración se aprobó la ley de regulación de la marihuana, y otros, dijeron que lo que está en juego es “sobre todo el respeto por la soberanía nacional”.

“Es insólito que bancos como los estadounidenses, que lavan dinero de narcotraficantes, evasores de impuestos y otros delincuentes, o el Santander, multado por lavado en Argentina y Brasil, evoquen la lucha contra el narco para considerar ‘tóxico’ al sistema financiero uruguayo por hacer lo que ellos dicen que hacen pero no hacen”, afirmó Milton Romani. “No podemos esperar hasta que Estados Unidos cambie sus leyes, bajo presión de los estados que ya han legalizado la marihuana. ¿Por qué deberíamos hacerlo? ¿Cómo hacía el Uruguay soberano para cumplir sus compromisos comerciales con Irán o con Cuba cuando estos países sufrían restricciones de parte de Estados Unidos? En los peores momentos, les mandamos arroz”.

“No podemos quedar rehenes de legislaciones de otros países”, declaró otro ex presidente de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, mientras organizaciones sociales de todo tenor, incluida la central sindical única PIT-CNT, se movilizaron para exigir al Poder Ejecutivo que tome medidas para “asegurar el respeto a los derechos y libertades constitucionales”. Mujica amenazó a su vez al gobierno con que si “la burocracia financiera” no ofrece opciones de financiación por fuera de los bancos bloqueará, a través de los legisladores que le responden, la aprobación de leyes.

Un viaje

La semana pasada el presidente del Banco Central y el prosecretario de la Presidencia viajaron a Estados Unidos para intentar destrabar la comercialización de marihuana regulada en Uruguay -toda una paradoja: ir a Washington para poder aplicar una ley uruguaya-. “Logramos sensibilizar a las autoridades sobre la seriedad del sistema uruguayo”, dijo el prosecretario Juan Andrés Roballo, que también preside la Junta Nacional de Drogas. Pero no hubo solución. Lo mismo que sucede en Uruguay sucede en Estados Unidos: los establecimientos que venden marihuana en los estados que la legalizaron no pueden interactuar con el sistema financiero internacional, explicó. Como el mercado estadounidense es gigantesco, pueden usar formatos de banca local y “encapsular” la venta de marihuana no medicinal, dijo.

Lo que está estudiando ahora el gobierno uruguayo es habilitar establecimientos dedicados exclusivamente a la comercialización de cannabis, en las mismas condiciones de seguridad y control de calidad y sanitario que las farmacias, “más adaptables a un funcionamiento con dinero en efectivo”. Sería provisional. “Uruguay seguirá trabajando con el sistema financiero para demostrar la seriedad del país, el riesgo bajísimo de que haya lavado de activos, narcotráfico o financiamiento de terrorismo, porque el objetivo es que todo esto se haga a través de los bancos”, insistió Roballo. Días atrás, Sebastián Sabini, uno de los legisladores del Movimiento de Participación Popular, el sector del Frente Amplio que lidera José Mujica, había llamado a “pensar en grande” para impedir que “se derogue indirectamente la ley bajo presión extranjera. Debe haber voluntad política para solucionar este problema. Nos miran de todo el mundo”.