El fuego cruzado en el bloque de investidura obliga al Gobierno a redefinir su estrategia negociadora

Junts per Catalunya se ganó, desde los primeros compases de la legislatura, el título de "aliado más inestable" del Gobierno. Primero, por las divergencias ideológicas que tienen los de Míriam Nogueras con los partidos del Ejecutivo y, segundo, porque en varias negociaciones se demostró que Junts era capaz de tumbar iniciativas importantes. El punto culminante fue la ley de alquileres de temporada que impulsó Sumar y que los posconvergentes torpedearon informando a los de Yolanda Díaz tres minutos antes de la votación.

En aquel momento, voces con importancia dentro del grupo de Junts en el Congreso de los Diputados deslizaban que el Gobierno "estaba entendiendo cuál es el terreno de juego de la legislatura". Siempre insistieron en que ellos no forman parte de "ningún bloque" y que, por lo tanto, su apoyo para cualquier iniciativa tenía que partir de una negociación previa. Si no, venían a decir, el desenlace iba a ser el mismo que el de los alquileres de temporada. 

Y algo sí parece que ha cambiado, a la luz de cómo se ha desarrollado la negociación de la reforma fiscal aprobada en la Cámara Baja este jueves. Los dos partidos con los que el Gobierno habría pactado primero los términos del paquete fueron los dos aliados parlamentarios que tiene a la derecha: Junts y Partido Nacionalista Vasco (PNV). El Ejecutivo lo niega, pero coinciden con esa versión todas las fuentes consultadas de entre sus aliados. ERC, EH Bildu, Podemos o BNG lo critican de forma muy dura, toda vez que los acuerdos que se alcanzan primero marcan muchas veces el rumbo, los límites y los márgenes de la negociación. 

Sin embargo, si en el Gobierno podían pensar que obtener rápido el "sí" de Junts aseguraba una camino plácido y tranquilo, ha podido comprobar que no. A grandes rasgos, el acuerdo que alcanzó el Ministerio de Hacienda con los de Nogueras se fundamentaba en una modificación del impuesto a la banca y en dejar caer el de las energéticas. Las formaciones de izquierdas, desde el primer momento, dejaron claro que iban a plantarse con el segundo de los elementos.

Y lo hicieron. El 11 de noviembre, cuando estaba previsto que la Comisión de Hacienda decidiera qué paquete fiscal se debatía y votaba finalmente en el Pleno ―todas las leyes pasan antes por las comisiones parlamentarias― ERC, EH Bildu y BNG frenaron el proceso porque, avisaban, si se mantenía su voto tal cual estaba, su voto iba a ser contrario, lo que dejaría el paquete fiscal previamente negociado entre el Gobierno, PNV y Junts guardado en un cajón. Continuaron las negociaciones y se emplazaron al jueves, día 14. Pero tampoco entonces se daban las condiciones necesarias para alcanzar el acuerdo y se volvió a aplazar al lunes 18.

Semanas atrás, cuando Junts tumbó la proposición de ley de Sumar para limitar los alquileres de temporada y cuando el Gobierno retiró a finales de septiembre la votación del techo de gasto (paso previo de los Presupuestos) porque no contaba con los votos de los posconvergentes, miembros de ERC dijeron en público que si se abría la negociación, se abría "para todos" ―visiblemente molestos por la manga ancha del Gobierno con Junts― y dejaban entrever en privado que su relación con el Gobierno podía endurecerse. "Nuestros votos tampoco están asegurados", deslizaban.

Fuentes del propio Ejecutivo reconocían entonces que la extrema competencia entre los dos partidos independentistas catalanes complicaba las negociaciones. 

En las conversaciones de cara al paquete fiscal, que ha centrado gran parte de la actividad del Gobierno y sus aliados esta semana, ERC ha jugado un papel central. También EH Bildu, BNG y, en mayor medida, Podemos. La sesión de la Comisión de Hacienda del lunes, día 18, fue histórica por su duración. Ocho horas, cuando lo normal hubieran sido dos o, como máximo, tres. Los diputados salieron del Congreso, tras mucho negociar, sobre la una de la madrugada. Lo hicieron, eso sí, con un texto acordado y con un compromiso por parte del Ejecutivo de que se prorrogaría el gravamen a las energéticas.

Presionando para alcanzar ese pacto, ERC, EH Bildu y BNG demostraron al Ejecutivo que también ellos saben vender caros sus votos y que la posición negociadora del Gobierno no puede ser la de asegurar los votos de Junts y confiar en que los aliados más estables tragarán lo pactado y se conformarán con acuerdos satelitales. Al pleno del jueves, día 21, se llegó, por lo tanto, con un texto que reunía casi todos los apoyos necesarios. Faltaba Podemos, que quería más garantías acerca del impuesto a las energéticas. No quiso entrar en el acuerdo que firmaron PSOE, ERC, EH Bildu y BNG porque creían que podía quedarse en papel mojado, habida cuenta de que una prórroga como la acordada precisaría para salir adelante de los votos de Junts.

Así las cosas, el tramo final de las negociaciones lo protagonizó Podemos. Hasta pocas horas antes de la votación, los de Ione Belarra estaban más cerca del no, que del sí. Sin embargo, un acuerdo agónico con el que consiguieron que el PSOE se comprometa a liderar una mesa de negociación, con Junts participando de ella, para impulsar un impuesto permanente a las energéticas fue el elemento que desatrancó las cosas. La votación salió adelante.

"Este ejercicio ha sido muy importante para reequilibrar la balanza y para que los votos de la izquierda ganen peso en esta legislatura", reflexiona una figura relevante de los morados. "Hemos demostrado, también, que Junts no es inamovible". Se refiere a que, hace unas semanas, parecía imposible que los posconvergentes accedieran a sentarse en una mesa para negociar un eventual impuesto a las energéticas y, finalmente, según reza el acuerdo firmado por el PSOE, lo van a hacer. Entre las izquierdas, de todos modos, el hecho de que Podemos haya hecho la guerra por su cuenta y no en conjunto con ERC, EH Bildu y BNG ha levantado alguna ampolla.

Sudoku, nivel avanzado

En los pasillos del Congreso se ha usado, estos días, la palabra "sudoku" para definir el encaje de bolillos que ha tenido que hacer el Gobierno para sacar adelante el paquete fiscal. Los aliados de Sánchez, con estrategias en muchos casos opuestas y con pugnas particulares (ERC-Junts, EH Bildu-PNV o Sumar-Podemos), han tensado sobremanera las costuras de la mayoría de investidura y han dejado al Gobierno en una posición negociadora compleja. La sensación cuando se aprobó el paquete fiscal fue prácticamente la de haber salvado un match ball.

Por una parte, las izquierdas han mandado un mensaje claro. No se conforman con el papel de aliados amables e insisten en que "el Gobierno debe negociar antes con ellas, que con Junts y PNV". No obstante, la estrategia seguida por el Gobierno con los de Nogueras en este caso ha sido provechosa. El sudoku ha salido bien y el éxito moderado de la reforma fiscal ―no tan ambiciosa como se pretendía― tranquiliza las aguas de la legislatura.

Pero también ha servido a los grupos parlamentarios para tomar la medida del Ejecutivo de cara a la negociación presupuestaria, un sudoku, en este caso, nivel avanzado. Varias fuentes consultadas reconocen que haber sacado adelante la reforma facilita el camino de los Presupuestos, pero, a la vez, el PSOE tendrá que trabajar con más tiento el equilibrio parlamentario que en esta ocasión, incluso con su propio socio de Gobierno, Sumar, que ha visto cómo los socialistas rompían varios puntos de su propio acuerdo fiscal. La endiablada aritmética convierte en deficiente casi cualquier estrategia. Sánchez tiene el reto de dar a cada uno de sus socios lo suficiente como para lograr su apoyo, pero no tanto como para ahuyentar al resto.