A principios del mes pasado, la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso aprobó una proposición no de ley de Ciudadanos, pactada con PP y PSOE, en la que se instaba al Gobierno a crear una subcomisión sobre el uso terapéutico del cannabis. Aquella iniciativa coincidió con una conferencia pública del consejero andaluz de Salud, Aquilino Alonso, que se mostró partidario de regular el “uso compasivo” de la marihuana. Una semana después, Podemos registró una proposición no de ley en el Parlamento andaluz sobre la regulación del cannabis con uso medicinal, terepéutico y recreativo.

Este jueves, durante la sesión plenaria, el diputado de Podemos y vicepresidente tercero del Parlamento andaluz, Juan Moreno Yagüe, subió a la tribuna a defender su iniciativa y llevó consigo una maceta con una planta de marihuana que, por suerte para él, era de plástico. Aun así, el presidente de la Cámara, Juan Pablo Durán, conminó al diputado morado a que se dejase de adornos florales y procediese a la defensa de su propuesta.

Andalucía ha empezado a debatir sobre la regulación del cannabis, aunque va con retraso respecto a otras comunidades. Cantabria, Canarias y Murcia han aprobado medidas similares, pero siempre diferenciando el uso medicinal de la marihuana del aspecto lúdico. Navarra (2014) fue la primera comunidad en aprobar una ley sobre el cultivo, distribución y consumo de marihuana en los llamados club de cannabis. Al año siguiente lo hizo el País Vasco, pero en ambos casos se toparon con el rechazo frontal del Gobierno, que recurrió la norma vasca ante el Tribunal Constitucional por considerar que intentaba “despenalizar y legalizar el cultivo y tráfico de cannabis por la vía de los hechos”.

El cannabis es una planta de la que se extraen dos productos para su consumo -marihuana y hachís- que las autoridades sanitarias incluyen en el catálogo de drogas, y consideran un problema para la salud pública. La marihuana sale de los cogollos, las flores del cannabis, y el hachís se extrae de la resina. La última encuesta realizada por el Plan Nacional contra las Drogas, publicada hace unos días, muestra que la población que consume cannabis ha aumentado hasta el 9,5%, y que ha disminuido del 82 al 79,8% el porcentaje de población que ve riesgos en fumar marihuana uno o más veces a la semana. Además, los consumidores de cannabis entre 15 y 17 años duplican a los mayores de 35 años (12,6% frente al 5,5%).

La ley vasca de Adicciones y Drogodependencias buscaba prevenir el consumo de drogas y reducir la oferta en el mercado negro, y para ello proponía regular los clubes de cannabis como entidades “registradas, sin ánimo de lucro y para personas mayores de edad”. El Gobierno de Rajoy argumentó en contra: “Se legalizan o destipifican conductas que están recogidas en el Código Penal como delitos contra la salud pública” y, además, invade competencias exclusivas del Estado. El Constitucional suspendió cautelarmente la norma, aunque aún no ha entrado en el fondo del asunto (esta misma semana, los jueces han acordado mantenerla en suspenso hasta que se resuelva el fallo).

El varapalo a la norma vasca, sin embargo, no ha desanimado a la Generalitat catalana, que desde el año pasado prepara su propia ley para regular el uso lúdico de la marihuana. Catalunya es la comunidad con más clubes de cannabis del país (alrededor de 500), que son asociaciones legalmente constituidas y dentro del registro de entidades sin ánimo de lucro. Son espacios privados en los que se aprovecha la figura legal del “consumo compartido”, que no tiene relevancia penal. En España, el consumo de drogas en espacios privados no es un delito, pero sí lo es la tenencia y el consumo en vía pública, que se sanciona administrativamente. Es una norma en consonancia con la mayoría de legislaciones internacionales.

“Pacientes y drogadictos”

Las comunidades autónomas no tienen competencias para legalizar la tenencia y el consumo de marihuana, pero tratan de abrir camino impulsando leyes subyacentes que, a la postre, permiten consumirla: bien con usos medicinales y tereapéuticos, bien a través de la regulación de clubes de cannabis. De momento, los gobiernos son más receptivos con lo primero y mucho más reticentes con lo segundo, porque no dejan de considerar el consumo de drogas como un problema de salud pública. En Andalucía el texto íntegro de la proposición de Podemos no prosperó, porque la formación morada intentó meter en el mismo saco el uso terapéutico y el uso recreativo del cannabis, y se topó con el rechazo frontal de PSOE, PP y Ciudadanos (IU sí apoyó la medida).

El Parlamento andaluz abrió la puerta al uso de la marihuana como medicamento, pero nada de regular el consumo propio para divertirse, vinieron a decir los tres grupos que votaron en contra. Lo único que aprobó el Parlamento andaluz, pese al rechazo del PP y la abstención de C’s, fue solicitar la regulación inmediata de la producción y cultivo concertado de cannabis, de manera asociativa, sin fines de lucro, tanto para el abastecimiento con fines medicinales como con fines científicos y de investigación. En Andalucía, según fuentes de la Consejería de Salud, ya hay dos equipos de investigación que estudian las propiedades de la marihuana en enfermedades hematológicas y neurológicas, pero no se realizan pruebas en humanos, sino en ratones.

Todos los partidos políticos coinciden en los beneficios del cannabis para el tratamiento de enfermedades como el párkinson, la esclerosis múltiple, el cáncer, la ansiedad, los trastornos de alimentación o de sueño. Pero Moreno Yagüe fue mucho más profuso en la defensa del uso recreativo del cannabis al explicar que su regulación no sólo contribuiría a acabar con la “hipocresía social, con economía sumergida y con el mercado negro de marihuana”. También generaría en torno a 10.000 millones de euros en beneficios gracias a la producción agrícola -“el campo andaluz es óptimo para el cultivo de marihuana”- y al turismo que vendría para fumar porros.

El parlamentario morado presentó una peculiar interpretación de la legislación para pedir a la Junta de Andalucía que, “en el uso de sus competencias en materia de agricultura y ocio derivadas del artículo 148 de la Constitución, regule el uso del cannabis con fines recreativos y permita cultivar la planta en esta región. Nadie duda que el clima mediterráneo y el campo andaluz sean óptimos para el cultivo de marihuana, la prueba está en las intervenciones que a menudo realiza la Guardia Civil en Granada contra enormes plantaciones ilegales clandestinas.

A pesar de su empeño, Moreno Yagüe no convenció al resto de partidos. Al contrario, sus argumentos inspiraron ciertas salidas de tono durante el debate por parte de las portavoces del PP y de Ciudadanos. La diputada Isabel Albás, de la formación naranja, quiso distinguir entre “pacientes y drogadictos”, y la parlamentaria popular Catalina García llegó a espetarle a Yagüe: “Usted que ha fumado porros, puede corroborar que cuando uno se fuma un porro, comienza la borrachera cannábica, con somnolencia, relajación o alteración del pensamiento, y cuando las dosis son altas, las imágenes sensoriales cambian, las emociones fluctúan, puede provocar depresión, pánico y alucinaciones”. Y añadió: “Imagínese las consecuencias para un bombero, un policía… un diputado”.

Al final el consenso entre partidos se quedó en el plano medicinal del cannabis. En 2008, Catalunya ya se adelantó en este debate al financiar un estudio, en colaboración con la Agencia Española del Medicamento, que abría la puerta al uso terapéutico del cannabis en pacientes crónicos que no respondían a tratamientos de referencia. En España, está extendido el uso del Sativex, un derivado del cannabis que se usa en Canadá para remitir el dolor neuropático en pacientes con esclerosis múltiple, para estimular el hambre en enfermos de sida o cáncer terminal que acaban desarrollando anorexia (además reduce las náuseas que provoca la quimioterapia).