Huelga general en BrasilBrasil se paraliza ante la primera huelga general de los últimos 20 años

Los trabajadores del mayor aeropuerto de América Latina, el de Guarulhos en São Paulo, fueron unos de los últimos en confirmar que se unirían a la huelga. Los transportes públicos de las principales ciudades también se quedarán parados. Lo mismo sucederá con hospitales, escuelas, centros de salud, bancos, servicios de mensajería pública (Correos) y privada, como los moto boys que colapsan las avenidas y calles de la capital paulista cuando se trasladan de una empresa a otra. Ellos tampoco trabajarán este viernes.

Después de 31 años, los brasileños han decidido unirse a la gran huelga general convocada por una centena de sindicatos y de movimientos populares contra la reforma laboral y de pensiones bajo el eslogan de “Por ningún derecho menos”. Incluso la Confederación Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) ha apoyado la huelga y ha animado a los trabajadores a secundarla: “Convoco a todos para que participen en la gran manifestación del día 28”, dijo en un vídeo Fernando Saburido, arzobispo de Olinda (Recife).

El secretario general del CNBB, Leonardo Steiner, también fue muy crítico con el gobierno de Michel Temer (PMDB): “El presidente Temer no es muy permeable en relación a lo que le sucede a los pobres, y al apoyar estas reformas el Congreso también demuestra ser poco sensible a las demandas de la sociedad”. Días antes era el propio Papa Francisco quien escribía una carta al presidente brasileño y declinaba su invitación al país con más católicos del mundo, y le pedía que “sus políticas comenzaran a preocuparse por los pobres”.

Pero esta semana no todo fueron críticas para el gobierno pemedebista, porque el lunes en la primera visita como presidente de Mariano Rajoy a Brasil, el gallego felicitó en varias ocasiones a Temer por el rumbo de sus nuevas políticas: “Aunque a uno se le critique hay que hacer una reforma laboral para que mejore el país, nosotros la hicimos y después de cinco años y muchas críticas hemos vuelto a ganar las elecciones”, dijo Rajoy en un encuentro con empresarios en el Hotel Hilton Morumbí de São Paulo.

“Institucionalización de la precariedad laboral”

El miércoles por la noche la Cámara de los Diputados aprobó la reforma laboral que ahora tendrá que pasar por los votos del Senado para que sea definitiva. La nueva norma altera 100 artículos de la actual CLT (Consolidación de las Leyes del Trabajo). El cambio fundamental será que a partir de ahora primará la negociación entre el trabajador y la empresa antes que lo legislado. Lo acordado tendrá fuerza de Ley en trece puntos clave como la jornada laboral, las vacaciones, el tiempo de descanso, la remuneración, el banco de horas extra, etc. Sin embargo, en puntos como el décimo tercer sueldo o el seguro de desempleo lo que diga la legislación tendrá prioridad sobre la negociación particular.

“Esta reforma acaba con los derechos de los trabajadores, los deja más vulnerables a expensas de las empresas”

Mientras los empresarios aseguran que ese cambio va a generar empleos y va a dar autonomía a los trabajadores, los sindicatos señalan que en tiempos de crisis económica es una “apuesta por la flexibilización total de los derechos básicos y una institucionalización de la precariedad laboral”. Con esta ley se legalizarían jornadas de doce horas de trabajo, podrían reducirse los salarios, y permitir que los empleados trabajen sin contrato: “Esta reforma acaba con los derechos de los trabajadores, los deja más vulnerables a expensas de las empresas”, señala la profesora de Sociología y Estudios del Trabajo, Maria Aparecida da Cruz Bridi.

La reforma también incorpora nuevas modalidades de contratación como el “contrato intermitente”, por horas, que elimina derechos como el de las vacaciones remuneradas, dicen los sindicatos. La tercerización laboral que permite que a las empresas terciericen sus servicios incluso para su actividad principal, es otro de los aspectos de esta normativa que coloca a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad laboral.

Pero la reforma que ha causado más indignación ha sido la relativa al sistema de pensiones, rechazada por el 93% de los brasileños y que pretende cambiar la edad mínima obligatoria de jubilación, aumentar el tiempo mínimo de contribución para recibir la pensión completa, y modificar la forma de calcular el valor del beneficio.

“Las personas más pobres que empiezan a trabajar casi desde niños se morirán antes de jubilarse”

Para las mujeres la edad mínima de jubilación pasará de 60 a 62 años, para los hombres se continuará en 65, pero elimina la posibilidad de que los trabajadores se jubilen por tiempo trabajado, habrá que cumplir la edad mínima. Pero el punto más polémico es el aumento de tiempo cotizado para obtener la jubilación completa, que será un total de 49 años (19 más que ahora). Por cada año menos de ese total descontarán un 1% del valor cotizado. Con el sistema actual si un hombre de 65 años se jubilaba con 25 años trabajados, su pensión se recortaba un 5%, con la nueva ley el recorte será de un 24%. Estas modificaciones se votarán en la Cámara de los Diputados el próximo 2 de mayo y después deberán pasar por el Senado.

El secretario general del PSOL (Partido Socialista y Libertad), Marcelo Freixo, criticó que esta reforma se haya planteado sin tener en cuenta las desigualdades sociales del país: “Un trabajador de la zona noble de São Paulo tiene una expectativa de vida de 80 años, pero en las favelas de Rio de Janeiro la expectativa no supera los 62 años. Las personas más pobres que empiezan a trabajar casi desde niños se morirán antes de jubilarse”, denunciaba esta semana.

Con prisas, sin diálogo y corruptos

Desde que Michel Temer asumió el gobierno de Brasil tras el polémico impeachment, el líder del PMDB anunció que estas reformas serían su prioridad. Con apenas dos años para gobernar el pemedebista quiere implementar estas propuestas sin llevar a cabo ningún tipo de diálogo con la sociedad, a pesar de que son reformas que afectan de lleno a los trabajadores y que benefician claramente a los grandes empresarios que forman lobby dentro del Congreso.

Desde la Central Única de Trabajadores (CUT) insisten que ambas reformas “nunca habrían pasado por el voto de las urnas” y que forman parte del “plan de privatización de Temer y sus secuaces para volver al neoliberalismo extremo”. Lo cierto es que la popularidad de Temer cae en picado cuando el 92% de los brasileños considera su gobierno “malo” o “muy malo”, según la última encuesta del Barómetro Político.

Los escándalos de corrupción no hacen más que aumentar la insatisfacción de los brasileños que ven como ocho ministros, veinticuatro senadores y treinta y nueve diputados federales son investigados en el Tribunal Supremo por desvío de dinero, sobornos y malversación de fondos. De las investigaciones tampoco se libran los últimos tres ex presidentes: Dilma Rousseff, Lula da Silva y Fernando Henrique Cardoso. Y lo mismo sucede con el gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), el líder del PSDB, Aécio Neves, el ex ministro de Exteriores del gobierno Temer, José Serra, y una treintena más de políticos.

La paradoja de que un Congreso sin legitimidad y ahogado en escándalos de corrupción sea el que con artimañas de dudosa legalidad –el presidente Temer llegó a liberar a tres ministros de su cargo para que votaran como diputados en el Congreso- haya acelerado la aprobación de reformas que modifican la Constitución sin ningún tipo de debate, ha encendido el ánimo de los brasileños que este viernes ocuparán las calles para defender sus derechos.