El denominado Gobierno de Unidad Nacional (NUG, sigla en inglés), formado por políticos y activistas prodemocráticos contrarios a la junta militar, se ha comprometido a reconocer la ciudadanía a la perseguida comunidad rohinyá en Myanmar.

El "Gobierno democrático", cuyos miembros se encuentran en la clandestinidad, afirmó que la futura Constitución birmana deberá basar la nacionalidad en haber nacido en el país o tener padres birmanos y se comprometió a acelerar la repatriación de los refugiados rohinyás en Bangladesh.

"Los rohinyás tienen derecho a la ciudadanía en virtud de leyes que cumplirán con las normas de derechos humanos fundamentales y los principios federales democráticos", indicó el Gobierno alternativo en un comunicado.

El grupo disidente también se comprometió a enmendar o anular normas como la Ley de Ciudadanía de 1989, que liga la nacionalidad plena a la identidad étnica y que ha sido usada para negar la ciudadanía a la mayoría de los rohinyás.

El relator especial de la ONU sobre los Derechos Humanos en Birmania, Tom Andrews, celebró la decisión del Gobierno de Unidad Nacional, lo que consideró como una buena señal para el futuro del país.

"El reconocimiento de los rohinyás como ciudadanos de Birmania dice mucho de la unidad que el NUG quiere promover en el país", señaló Andrews en un comunicado.

El presidente de la ONG Burmese Rohingya Organisation UK, Tun Khin, también aplaudió la iniciativa, pero afirmó que el Gobierno democrático debería reconocer el "genocidio" contra la minoría rohinyá y apoyar los procesos contra el Ejército birmano en los tribunales internacionales.

Los rohinyás, una comunidad de mayoría musulmana, han sufrido discriminación y la violación de sus derechos, incluido el de movimiento, desde hace décadas en Birmania, donde más de 120.000 de ellos viven en campos de desplazados desde los brotes de violencia sectaria en 2012.

En 2016 y 2017, los ataques de un grupo militante rohinyá provocaron una brutal campaña de los militares birmanos, que cometieron asesinatos, violaciones e incendiaron aldeas enteras, lo que provocó un éxodo de más de 800.000 miembros de esta minoría a Bangladesh.

Por estas operaciones, el Ejército ha sido acusado de delitos contra la humanidad y genocidio, entre otros crímenes, ante la justicia internacional.

Los uniformados, encabezados por el general golpista Min Aung Hlaing, tomaron el poder el pasado 1 de febrero tras denunciar un supuesto fraude electoral en las elecciones de noviembre de 2020, aunque estas fueron validadas por los observadores internacionales.

Bloqueo de ayuda humanitaria a las minorías étnicas

Varias ONG birmanas denunciaron que la junta militar está bloqueando la ayuda humanitaria destinada a decenas de miles de desplazados de las minorías étnicas por los ataques del Ejército birmano, incluidos bombardeos aéreos y fuego de artillería.

Así lo expresaron en una teleconferencia con periodistas organizada por Parlamentarios de ASEAN por los Derechos Humanos (APHR, siglas en inglés) en la que abogaron por que la ayuda humanitaria se organice a través de la frontera para evitar el bloqueo.

Khin Omar, presidenta de la ONG Progressive Voice, afirmó que hay unos 150.000 civiles desplazados en estados y regiones cercanos a la frontera como Chin (noroeste), Kayah (este) y Kayin (sureste) debido a los ataques del Ejército, que tomó el poder el pasado 1 de febrero en un golpe de Estado. La activista señaló que la ofensiva contra los civiles responde en parte a que algunas guerrillas como el Ejército Nacional de Liberación Karen en Kayin que han expresado su apoyo al movimiento prodemocrático contra la junta.

Maw Day Myar, activista de la Organización Nacional de Mujeres Karenni en el estado Kayah, y Michael Suantak, director de Soluciones Alternativas para las Comunidades Rurales en Chin, señalaron que muchos desplazados son niños, ancianos y mujeres que no tienen acceso suficiente a alimentos, agua o medicina.

Además de intensificar los combates contra las guerrillas étnicas tras el golpe, el Ejército y la Policía birmanos también se enfrentan a grupos de defensa formados por civiles opuestos a los militares, lo que ha provocado choques armados en zonas urbanas en Chin y Kayah. Las ONG denunciaron que los militares birmanos han cortado el acceso y hasta el suministro de agua en algunas zonas como en la ciudad de Mindat en Chin.

Una solución que proponen las ONG es que la ayuda humanitaria se organice a través de la frontera, pero para ello necesitarían la aquiescencia de los Gobiernos colindantes como Tailandia, China o India.