La Fiscalía de Perú abre una investigación contra Pedro Castillo por presunto tráfico de influencias

La Fiscalía de Perú ha abierto una investigación preliminar contra el presidente del país, Pedro Castillo, por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias. Castillo ha sido citado para tomar declaración sobre el caso el próximo jueves 4 de agosto.

Las pesquisas contra el presidente peruano se han tomado tras la decisión de la fiscal general, Patricia Benavides, al "dejar sin efecto la disposición que suspendía" el inicio de estas diligencias, según indica el Ministerio Público, a través de su cuenta oficial de Twitter. La investigación preliminar había sido suspendida en enero del año pasado por la entonces fiscal Zoraida Ávalos al estimar que el jefe de Estado no podía ser inspeccionado durante su mandato.

La decisión de Benavides ha dado luz verde a la Fiscalía para comenzar las pesquisas contra el mandatario y sus presuntas reuniones que mantuvo con varios empresarios y las supuestas irregularidades en los ascensos de altos cargos militares. En concreto, el Ministerio Público apunta que la investigación contra Castillo se realizará por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública – Tráfico de Influencias, en calidad de autor.

La actual fiscal general ha citado a declarar también a los empresarios Karelim López y Zamir Villaverde por el caso de Castillo, aunque el órgano también investiga a los acusados por otro caso de presunta corrupción contra el prófugo y exsecretario de la Presidencia, Bruno Pacheco, junto a seis oficiales del Ejército de Perú, que aún no han sido identificados.

Un reportaje en la región peruana desveló que Zamir Villaverde entregó al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, un "bono" por la adjudicación de la obra del Puente Tarata III. Supuestamente, Pedro Castillo recibió la mitad.

A pesar de esta apertura, la Fiscalía ya investigaba al presidente peruano por varias denuncias impuestas por dirigir una presunta red de corrupción en el actual Ejecutivo del territorio. La defensa de Castillo señala que estas investigaciones deben ser suspendidas al considerar que el mandatario goza de inmunidad absoluta durante su mandato que finalizará dentro de cuatro años.