Luis Gustavo Moreno, nombrado en octubre del pasado año director de la Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción, era hasta ahora el brazo derecho del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, uno de los personajes más poderosos de Colombia. Ha sido grabado por la DEA exigiendo en un aparcamiento de Miami el pago de 400 millones de dólares al ex gobernador de Córdoba, William Lyons, a cambio de ayudarle en los más de 20 procesos en su contra, entre ellos alguno por asesinato. Moreno será extraditado en los próximos días atendiendo a la petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La detención del fiscal anticorrupción, realizada en su propio despacho, tiene conmovida a una parte de las clases políticas y económicas de Colombia, ya que por sus manos han pasado los casos más delicados de la alta delincuencia y de casos irregulares, que alcanzan al propio presidente Juan Manuel Santos, como la financiación irregular de su campaña electoral por parte de la multinacional brasileña Odebretch.

Moreno fue, por ejemplo, el anfitrión de los investigadores de la Guardia Civil española que se desplazaron recientemente a Colombia para investigar los sobornos de las empresas del Canal de Isabel II en América Latina. En este momento, miembros de la Fiscalía revisan uno a uno los expedientes que gestionó, algunos de los cuales han sido encontrados en su propio domicilio. Según empiezan a concluir los investigadores, el fiscal comenzó sus prácticas mafiosas al mes de tomar posesión, en octubre de 2016, ofreciendo a encausados por graves delitos de corrupción, buscar el aplazamiento y posterior archivo de sus casos, o pasándoles información secreta sobre los testigos y piezas acusatorias, para que pudieran actuar con ventaja en su defensa, a cambio de fuertes sumas de dinero.

En el caso que ha sido la causa inmediata de su detención, el fiscal llevaba varios meses presionando al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, corrupto confeso, encausado en decenas de procesos y refugiado en Estados Unidos. Se ofreció para “ayudarle”, suministrándole información confidencial y una estrategia de defensa. Lyons, que ha optado secretamente por colaborar con las justicias colombiana y estadounidense, citó al fiscal anticorrupción en el aparcamiento del Dolphin Mall de Miami. La operación no pudo ser más cinematográfica. La DEA había acondicionado un automóvil, supuestamente el de Lyons, con micrófonos en la tapicería. Cuando el fiscal de metió en el coche, exigió antes de hablar que ambos depositaran en el techo los teléfonos móviles (lo que no le sirvió de nada). Después empezó a exigir formalmente el compromiso para un pago de 400 millones de dólares al exgobernador a cambio de ayudarle, pidiendo un anticipo en mano de 10.000. La cantidad le fue entregada en el acto: con billetes marcados por la DEA, que le serían localizados al fiscal una horas después en el aeropuerto, cuando regresaba a Colombia.

Todo claro para la siguiente detención al llegar a su despacho en Bogotá y para la petición de extradición por un delito cometido en suelo estadounidense, que será llevada a cabo en los próximos días, en medio de una crisis en la justicia colombiana cuyo alcance aún no se conoce en toda su dimensión.

A la captura del fiscal anticorrupción, se ha sumado esta semana la detención en Medellín, segunda capital colombiana, de su secretario de seguridad y responsable de la policía, Gustavo Villegas, por sus contactos con los grupos más peligrosos de las Bandas Criminales de Colombia (BACRIM) sucesoras del paramilitarismo y responsables del narcotráfico a gran escala. Según la directora de Fiscalías de Medellín, Claudia Carrasquilla, Villegas “brindaba información a los cabecillas de las organizaciones delincuenciales de carácter confidencial” para facilitar su salida de la cárcel y favorecer sus negocios familiares.