Los movimientos de secesión no son un fenómeno exclusivo de Europa, donde persisten más de un centenar de reivindicaciones territoriales de más o menos intensidad que persiguen procesos de alteración del statu quo político por razones históricas, en reclamación de autonomías o de mayores dosis de descentralización de sus Estados o, en una docena de casos, por los deseos de segregación de una población y que generalmente surgen de sentimientos de supremacía por razones económicas o étnicas. 

Sin embargo, también en la aparentemente hermética y homogénea EEUU surgen impulsos de secesión. Aunque su caja de resonancia no sea tan sonora como la europea, siguen igualmente pautas similares a las de otras latitudes del planeta. 

Una reciente encuesta de la firma de estudios de opinión YouGov desvela que la crispación social y el patrimonio personal son dos de los factores determinantes que contribuyen a configurar un subconsciente colectivo propenso a defender la salida de sus estados del actual encaje federal. Alaska, con un 36% de partidarios, es el territorio con un mayor fervor independentista, seguido del 31% de los texanos y del 29% de los californianos. Es decir, alrededor de uno de cada tres de sus residentes se decantarían por escindirse de EEUU. 

El sondeo deja algunos otros retazos de interés. Por ejemplo, que el 23% de los más de 35.000 americanos de 46 estados de la muestra demoscópica apoyaría procesos de independencia de sus lugares de residencia, la mitad (en concreto, el 51%) se opondría, con un 27% de indecisos. Incluso un 28% vería con buenos ojos que otro territorio se disgregara de EEUU. O el apoyo más masivo de los jóvenes respecto a las personas de edad media o avanzada con, paradójicamente, un respaldo bastante más elevado de votantes republicanos (29%) dispuestos a prender la llama segregacionista que entre las filas demócratas (21%) o respecto a estadounidenses que aseguran declararse neutrales ideológicamente (19%) y ajenos al bipartidismo. 

Este diagnóstico de situación también revela un clima de crecientes demandas secesionistas en el que California, Texas y New Hampshire (la reivindicación de Alaska es más de orden histórico y cultural) se erigen como los estados con mayores deseos de impulsar estos desafíos. Por contra, Connecticut, con un 9%, es donde esta percepción social es menos intensa. Aunque sus expertos llaman la atención sobre el repunte de dos estados demócratas: California, con una economía que supera los 3,6 billones de dólares (similar en tamaño al PIB de India, quinto del planeta) y la mayor de EEUU, y que le daría entrada en el G7; y Nueva York, con algo más de 2 billones, la tercera del país y semejante a la riqueza productiva anual de Canadá, Italia o Brasil. También hay dos estados republicanos: Texas, con un PIB de 2,3 billones, y Oklahoma, con una economía más pequeña, de 240.000 millones de PIB (similar al de Grecia). 

La encuesta muestra un amplio disenso sobre si la Constitución norteamericana permite o no en su escueto texto este precepto legal. El 26% considera que lo permite, un 35% cree que sería inconstitucional y un 39% no tiene una opinión formada. Sin embargo, el porcentaje favorable a la convocatoria de algún referéndum legítimo se decanta mayoritariamente (un 61%) por ver la Carta Magna como plácet hacia la consulta popular. 

La relación amor-odio de Texas con la Federación

La fiebre secesionista es más intensa que nunca en Texas, pese a que los expertos enfaticen que con su segregación se marchitaría su floreciente economía, que fue capaz de absorber, en 2021, a 300 residentes diarios procedentes de California, según datos del US Census, cuando el estado demócrata del Pacífico salía de un duro confinamiento, con un sector inmobiliario en ebullición en áreas como Los Ángeles o San Francisco, con elevados costes climáticos derivados de sequías y de incendios, y con una crisis de identidad en Silicon Valley y su industria tecnológica. 

El Movimiento Nacionalista de Texas, conocido como Texit, con una clara inclinación republicana entre sus militantes (el Gran Old Party, GOP, gobierna en el estado desde hace más de tres decenios y coloca sistemáticamente a sus dos representantes en el Senado), explica esta renovada proclama a Business Insider, a través de uno de sus correligionarios, Daniel Miller, que se jacta de pertenecer a la sexta generación de texanos: "Vemos una creciente desatención del sistema federal que está separando nuestra franquicia estatal de la estructura territorial del país, que está en una fase de ruptura terminal y que nos lleva, al final de cada día, a manifestarnos fervientemente separatistas". 

Miller aboga por intentos pacíficos y pactados de una convocatoria de consulta popular, pero se manifiesta contrario a "las advertencias sobre la ilegalidad, inconstitucionalidad e imposibilidad" de referéndum sobre los que inciden los partidarios de no invocar el fantasma de la secesión que denotó la guerra civil estadounidense. Texas, cuyo PIB creció un 5% en 2023, uno de los diez que lo hizo por encima del promedio federal y que, de hecho, consumó entre octubre de 1835 y abril de 1836, un intento segregacionista, alumbra ambas causas −la económica y la histórica− cuando la atmósfera independentista coge fuelle. A lo que se suman las presiones migratorias desde su frontera con México, casus belli entre el bipartidismo. 

"No pienso que vaya a más", dice en cualquier caso Walter Buenger, profesor de Historia de la Universidad texana de Austin, la capital. "El segregacionismo irrumpe cada ciertos años, en casi todos los casos, cuando hay un inquilino demócrata en la Casa Blanca", lo que, en su opinión, es un claro castigo político de índole federal. Aunque admite un poso de nostalgia independentista sustentado en falsedades financieras.

Los texanos se quejan de ser uno de los grandes donantes al presupuesto del Tesoro, con más de 200.000 millones de dólares. Una tesis que comparte con datos relevantes el think tank Every Texan, porque las partidas federales suponen, a la vez, uno de cada tres dólares del programa económico texano. "Para reemplazar los servicios que financia la Casa Blanca, cada texano debería aportar al año otros 9.000 dólares, posiblemente a través de los impuestos a la renta o al consumo", dicen en este centro de investigación.

A lo que se unen otros tres grandes obstáculos cargados de lógica: por un lado, que la Corte Suprema ya declaró ilegal el intento unilateral de los supremacistas blancos de salirse de la Federación en 1869, durante la Guerra Civil; por otro, que su base social no parece asentada con un 63% de sus residentes que se declara primero americano y luego texano (frente al 26% que lo ve a la inversa); y, en tercer término, que en el Artículo 1 de la Constitución federal se hace referencia a las competencias que los estados no pueden asumir, entre las que se cita acuñar su propia moneda o firmar tratados.

Buenger cree que resulta más factible alcanzar acuerdos con Washington en vez de avivar llamas sin combustión en un estado que atraviesa años de bonanza por la industria petrolífera que ha sabido amoldarse con sus tentáculos lobistas en la Casa Blanca −en especial, durante el mandato de Donald Trump− a los cambios regulatorios verdes. Texas siempre tiene como aliado fiable a un presidente del GOP en el Despacho Oval con el que entenderse en materia fiscal o en servicios sociales con mayores cargos a las arcas federales a cambio de pax americana.

El sueño californiano va por delante del americano

A diferencia de Texas, el mayor PIB estatal de EEUU atraviesa dificultades económicas de difícil solución como un aumento del paro −es uno de los pocos estados de la Unión que ha reducido su fuerza laboral desde la gran pandemia en un país en tasas de pleno empleo−, un persistente déficit y fugas de población. El paraíso de las políticas progresistas americanas, de la innovación y de las oportunidades culturales no vive una etapa de esplendor. Las tech-firms buscan después de las subidas de tipos una diversificación de inversiones hacia sectores como el transporte, el financiero o el manufacturero y procesos de cambios de sedes.

Todo ello rebajó la recaudación fiscal en un 25% en 2023 y ha elevado hasta los 73.000 millones de dólares el agujero en sus cuentas, según datos de la LAO, la oficina supervisora independiente del estado. Una caída −alertan sus expertos− similar a la creada por el colapso crediticio de 2008 y que, para su presidente, Gabriel Petek, "podría eliminar o retrasar proyectos esenciales para espolear la actividad, estimular medidas progresistas y elevar los servicios sociales". Además de registrar el tercer ejercicio consecutivo de pérdida demográfica. Esencialmente, por los elevados precios inmobiliarios y la alta calidad de vida.

Este panorama ha creado un clima segregador curioso. Yes California, su movimiento separatista más efervescente, habla de divorcio nacional −dentro del estado− para evitar una guerra civil en la que involucra además a Texas y New Hampshire. Uno de sus líderes, Louis Marinelli, de perfil conservador y enemigo de la otra parte de la bicefalia del grupo, la que personifica Marcus Ruiz Evans, locutor ultraderechista, asegura a Newsweek que la solución californiana pasa por lo que denomina CalExit 3.1, iniciativa que rompería en dos: una separada de EEUU en torno a la Bahía de San Francisco y otra, que denomina Pacífica, en la parte central e integrada en la Federación.

"Obviamente, −dice− no es la salida ideal, pero sí la más factible, una California roja (republicana) y otra azul (demócrata) que tuviera soberanía en política exterior para adecuarse a los cambios en el orden mundial" y mayor capacidad económica y monetaria y que atenuaría la crispación a la que se ha encaminado EEUU y que ha creado una atmósfera próxima al guerracivilismo.

Evans se desmarca del planteamiento de Marinelli, pero este asegura estar en contacto con otros movimientos independentistas en el país para modelar estrategias conjuntas. "La devolución de funciones y de capacidades ejecutivas en materia de inmigración, economía y diplomacia a los estados será uno de los fenómenos de 2024 en EEUU, en paralelo a la campaña presidencial" augura Marinelli, que ve un "deseo social por recuperar parcelas de soberanía" en una decena de estados del país que, en esta ocasión, "no será pasajero".