Invaden sus territorios, atacan sus aldeas, les amenazan de muerte y si no se rinden, los matan, como al cacique Francisco de Souza Pereira, el pasado 27 de febrero en Manaus, acribillado a tiros en su casa, delante de su mujer y su hijo. Las comunidades indígenas brasileñas, los pueblos originarios, que ya arrastraban un enorme desgaste en las últimas décadas, no aguantan más.

Tienen todo en contra, ya que además están en el centro de la diana del presidente Jair Bolsonaro. Desde octubre, cuando el furor por el candidato ultraderechista ya era imparable, sus simpatizantes más acérrimos y casi todo el agronegocio siguen al pie de la letra sus directrices: ni un centímetro más para reservas indígenas; y, si se puede, ni un solo milímetro.

Los encapuchados que acabaron con la vida del cacique de la comunidad Urukia, en la capital del amazonas, han materializado el más reciente de los ataques a las comunidades indígenas brasileñas, casi abandonas a su suerte en los tiempos que corren. El Consejo Indigenista Misionario (CIMI), la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) y la Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) alertan de todos estos enfrentamientos y conflictos. Otra de las últimas controversias ha saltado en el estado de Mato Grosso, con los intentos de invasiones a la tierra indígena Marãiwatsédé, de la comunidad de los Xavante. El CIMI acusa al diputado federal Nelson Barbudo (Partido Social Liberal, PSL, el partido de Bolsonaro), de incitar a las ocupaciones de los territorios demarcados.

La coordinadora del Consejo Indigenista Misionero en otro de los estados más problemáticos en este ámbito, Acre, ha analizado la situación para Publico. "El momento es muy preocupante. Aquí hay una zona muy conflictiva, la tierra indígena Kaiapucá [del pueblo de los Jaminawa]. El territorio no está demarcado", cuenta Rosenilda Nunes Padilha desde Rio Branco, capital de esta región vecina de Perú y Bolivia. "A partir del momento en que Bolsonaro fue elegido presidente, los no indígenas se sintieron fuertes y comenzaron a amenazar a los indígenas que viven en esa tierra. Les dicen que el territorio no es de ellos, que tiene que ser de los granjeros. La situación es tensa".

Pueblos originarios manifestándose dentro de los actos del “Janeiro Vermelho” [Enero Rojo], exigiendo el fin del derramamiento de sangre indígena. Renato-Santana/CIMI.

La disputa del territorio, esté o no protegido por la figura de reserva indígena, es una tarea diaria. "Los conflictos generalmente aparecen con los granjeros, que están dentro del territorio, y con los vecinos de las riberas, que también amenazan", señala Nunes Padilha, que desde CIMI se ocupa, entre otras cosas, de formación de líderes en las distintas aldeas. A su alrededor se construye el entramado de aguante de estos pueblos. La coordinadora explica que en los últimos días varios de estos líderes "se han reunido y están intentando marcar una audiencia con el Ministerio Público Federal para decirles que se sienten desprotegidos por este conflicto".

El pasado mes de diciembre, cuando Bolsonaro ya estaba al frente de las operaciones de la nación a través de un equipo de transición gubernamental, la Articulación Brasileña de los Pueblos Indígenas quiso adelantarse a los acontecimientos. Preparó un documento crítico que le fue entregado oficialmente en Brasilia al nuevo mandatario. Le recordaban, en el texto, fragmentos de la Constitución, y le acusaban de "falta de conocimiento de los derechos indígenas", por un lado, y de tener "una visión del indigenismo retrógrada, autoritaria, preconceptuosa, discriminadora, racista e integracionista", por el otro. Una visión, puntualizaban, alejada del país desde hace más de treinta años.

La carta fue tan ignorada como ignorados son los límites de las reservas indígenas. Los caciques de las aldeas más políticamente activas comprendieron que había que empezar de cero. Arrancaron el año con una solicitud de intervención y apoyo a la Procuraduría General de la República, respecto al texto de la Media Provisional 870, de la reforma administrativa. En el texto del nuevo Gobierno, la Fundación Nacional del Indio pierde la facultad de demarcar las tierras indígenas, pasando esta tarea al ministerio de agricultura –la ministra, Tereza Cristina, fue líder del Frente Parlamentario del Agronegocio–. La FUNAI pierde más peso aún con la decisión de apartarla del ministerio de justicia y vincularla ministerio de la mujer, la familia y los derechos humanos.

Durante todo el primer mes del año, las comunidades indígenas articularon el "Janeiro Vermelho" (Enero Rojo), unas semanas repletas de protestas y manifestaciones. Si Bolsonaro no quiere ni un milímetro mas de protección, ellos no van a admitir ni una gota mas de sangre indígena derramada. Las malas noticias, sin embargo, llegaban en cascada. Primero la FUNAI confirmó que está haciendo seguimiento a una invasión de madereros en la tierra indígena Arara (estado de Pará), demarcada en 1991. El 11 de enero, unos encapuchados tirotearon una aldea de los Guarani Mbya, en Porto Alegre. A finales de enero la FUNAI tuvo que anunciar que asignaba protección policial durante 90 días para la tierra indígena Awá, de los Awá-Guajá, en el estado de Maranhão, ante unas intimidaciones que cada vez eran más crudas.

La Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) entrega una carta en Brasilia al equipo de transición de Bolsonaro, 06/12/18, por la garantía de sus derechos fundamentales. Tiago Miotto/CIMI.

Otro cacique, Josivaldo Ferreira da Silva, Babau, de los Tupinambás de la Serra do Padeiro (Bahía), denunció ante el Ministerio Público Federal amenazas de muerte y planes de asesinato contra él y contra varios de sus familiares. Y tan escandalosa es la impunidad en el estado de Rondônia, frontera con Bolivia, que el presidente de la FUNAI, Franklimberg de Freitas, tuvo que sobrevolar las tierras indígenas para comprobar con sus propios ojos lo que le contaban los caciques: les quieren echar a todos. La institución, en cambio, está controlada ahora por unos intereses opuestos a los de aquellos a los que debería proteger. La FUNAI se ha quedado en un limbo.

"Si Bolsonaro ha llegado al punto de dividir la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) es porque el Gobierno anterior no la ha fortalecido", reprocha Rosenilda Nunes Padilha. "La FUNAI ya estaba siendo fragmentada". En Acre hace veinte años que no se demarca una tierra indígena. "Solo se ha demarcado una de los Apolima-Arara [Tierra Indígena Arara do Rio Amônia, 2009], pero no fue por la voluntad del Gobierno, sino por una acción judicial". Sabe que criticar también la gestión del Partido de los Trabajadores no es una posición muy popular entre sus compañeros, pero no le importa: "Con el Gobierno Lula ya había dificultades, eso no podemos negarlo. Ahora ha empeorado mucho", aclara.

El Consejo Indigenista Misionero es un órgano vinculado a la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil desde hace medio siglo, y tan incisiva es su contestación a la vulneración de los derechos de las comunidades indígenas, que el nuevo Ejecutivo ya ve a la Iglesia Católica como oposición. El diario Estado de São Paulo ha desvelado estrategias de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) y del Gabinete de Seguridad Institucional (GIS) para conocer los planes de los obispos de cara al sínodo que en octubre debatirá en Roma la actual situación de la Amazonia. Allí se plantearán las cuestiones de los pueblos originarios, y eso, para el Gobierno de Bolsonaro, es agenda de izquierda.