El juicio de los ERE se desarrolla en una sala de vistas de la cuarta planta de la Audiencia Provincial de Sevilla. Unos pocos periodistas siguen el proceso desde dentro, sentados al fondo de la sala, a espaldas de los 22 exaltos cargos del Gobierno andaluz acusados de prevaricación y malversación de fondos.

El resto de periodistas sigue las sesiones a través de la emisión en circuito cerrado que difunde Canal Sur, y que puede verse en una televisión instalada en una sala de prensa improvisada en el edificio de los juzgados, adjunto a la Audiencia. No es una imagen estática, con la cámara fija en un único punto. Hay una realización propia de un programa de televisión, con varias cámaras que pinchan la imagen de cada abogado cuando habla, del presidente del tribunal, y sobre todo hace barridos lentos sobre la fila de los procesados.

Así podemos ver las caras de los expresidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, mientras cuchichean y se hablan al oído; detrás de Chaves, uno de los principales acusados, el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, que no para de hacer mohines y muecas; en el otro extremo el rostro serio de la exministra Magdalena Álvarez, el más hierático aún de la exconsejera Carmen Martínez Aguayo; la soledad marginal del exconsejero de Empleo, José Antonio Viera, que apenas habla con nadie desde su esquina del banquillo; y la aparente tranquilidad de su sucesor, Francisco Fernández, el único ex miembro del Consejo de Gobierno que ha pasado por la cárcel.

Hasta ahora el juicio de los ERE ha tenido cinco sesiones que empezaban a las diez de la mañana y acababan cerca de las tres de la tarde, embarradas en tediosas cuestiones preliminares que apenas han incorporado novedades al proceso. Uno asiste a cada sesión como quien sigue enganchado una serie de abogados de la HBO, capítulo a capítulo, sin que la trama avance demasiado y con pocos giros imprevistos de guión. Y cuando uno tiene la tentación de desconectar, basta con volver la mirada al banquillo para recordar la trascendencia de lo que tiene delante: hay todo un Consejo de Gobierno sentado en la fila de los acusados, 22 exaltos cargos de la Junta de Andalucía, con dos expresidentes que suman juntos 23 años de gobiernos en esta región. La cúpula del PSOE andaluz durante dos décadas, todos juzgados por haber diseñado y utilizado un sistema para pagar prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis “de forma arbitraria” y “esquivando los controles de la Intervención General”, en palabras del juez.

Este lunes el asunto llega a su primera encrucijada: las alegaciones presentadas por las defensas y las acusaciones en el inicio del juicio de la pieza política de los ERE pueden reconducir el proceso hacia dos direcciones opuestas: el tribunal de la Audiencia de Sevilla, que preside el magistrado Juan Antonio Calle, puede dar carpetazo al asunto aceptando la nulidad del caso, que reclaman algunos defendidos: o puede ampliar considerablemente el objeto de la investigación, introduciendo las 270 piezas separadas que se investigan en otros juzgados sobre ayudas fraudulentas, como ha sugerido la Fiscalía Anticorrupción. Las dos posibilidades, por muy sorprendentes que le parezcan al ciudadano de a pie, han sido planteadas por las partes en sus cuestiones previas.

Este lunes, el tribunal permitirá que acusaciones y defensas intercambien réplicas sobre sus respectivas visiones del caso ERE y cuando terminen, los magistrados se retirarán a deliberar durante tres semanas sobre todo lo que han expuesto las partes. Cuando se retome el juicio, a principios de febrero, volverán para exponer sus conclusiones, que son las que van a delimitar el perímetro del juicio: si se achica o se agranda el objeto de la investigación; si se suspende o se alarga el proceso; si se incluyen nuevos testigos además de los 117 previstos, como el de la propia presidenta Susana Díaz (que reclama el PP); si se amplían o reducen las penas propuestas por delitos de prevaricación y malversación de fondos, o si se excluyen otros delitos planteados como el de asociación ilícita; o si se expulsa del caso al pseudo sindicato ultraderechista Manos Limpias, que ejerce como acusación particular…

Todas las opciones están en las cuestiones previas propuestas por acusaciones y defensas. El tribunal debe ahora depurar lo que no considere oportuno y explicar por qué. El abogado de la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, también ha pedido invertir el orden previsto de las declaraciones, para que los 22 exaltos cargos del Gobierno andaluz que se sientan en el banquillo testifiquen al final, y no al principio, como está previsto en el auto de señalamiento del juicio. Son muchas voces las que prevén ya un proceso largo, no inferior a nueve meses. En principio está previsto que el turno de intervenciones empiece por la Fiscalía Anticorrupción, luego los testigos (69 a propuesta de Fiscalía, 31 del PP y 55 de las defensas; más la declaración de 12 peritos) y finalmente los procesados. De ser así, las declaraciones de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán no se escucharán hasta la primavera.

El “mare magnum” del banquillo

Las defensas, encabezadas por el abogado del expresidente andaluz José Antonio Griñán, han lanzado una estrategia “desesperada”, según algunas fuentes judiciales, para exigir la nulidad del caso por una cuestión procedimental que nada tiene que ver con el fondo del asunto que se investiga aquí: el diseño y aplicación de un sistema para conceder ayudas públicas supuestamente fraudulentas durante una década (2000-2010).

José María Mohedano, letrado de Griñán, argumenta que el juez que ha instruido la pieza política de los ERE, Álvaro Martín, no era competente para esta tarea, porque fue designado como juez de apoyo al juzgado de Mercedes Alaya, cuando ésta instruía la causa, en teoría para hacerse cargo de los casos ordinarios. Cuando Alaya abandona los ERE para ocupar un puesto en la Audiencia Provincial, el caso pasa a manos de su sustituta, la jueza María Núñez, que subdivide la macrocausa en seis piezas y entrega a Martín la relativa a la trama política. Esa decisión, según el abogado de Griñán, vulneró el derecho al juez predeterminado, que consagra la Constitución, para garantizar la “imparcialidad, objetividad e independencia” de un magistrado asignado aleatoriamente y por sorteo, no elegido a dedo.

Mohedano pide, por tanto, que se impugne a Martín y que la instrucción del caso ERE se retrotraiga al momento anterior a su designación en la pieza política, lo que supone prácticamente poner el contador a cero. Otras defensas se han adherido a esta petición con un relato mucho más duro, denunciando la “prostitución de los mecanismos juzgadores” y aludiendo al sistema de selección de jueces que hacía el Nacional Socialismo de la Alemania nazi. También se ha defendido la nulidad del proceso argumentando la indefensión de los acusados ante el delito de asociación ilícita, que el PP introdujo en la causa a última hora, “de forma extrajudicial”, y que comporta penas de cárcel para los 22 exaltos cargos del Gobierno andaluz sentados en el banquillo.

En general todas las defensas han coincidido al cuestionar cómo se ha conducido este proceso, una instrucción de más de siete años con un millón de folios en el sumario, “una causa inmanejable que se ha presentado como un mare magnum por parte del juez instructor y del Ministerio Público”, a quienes reprochan que se haya “desdibujado” la figura de los imputados, cargándoles con una “responsabilidad penal colectiva”, obviando la presunción de inocencia, y sin esforzarse por diferenciar “la participación concreta que pudo tener cada uno de ellos, por separado, en esta historia”.

Esta imagen de los acusados como un todo, como una misma cosa, perjudica a los imputados, según sus letrados, que son muy conscientes de que el relato de los ERE tiene tanto peso en la calle como en el interior de la sala de vistas, y de que el mayor riesgo es que se imponga la idea de que los 22 exaltos cargos del Gobierno andaluz actuaban coordinados, como eslabones de esa cadena que es el procedimiento específico diseñado para conceder ayudas “de manera arbitraria” y esquivando los controles de la Intervención General, que es lo que al final se juzga aquí.