El juicio por la pieza política del fraude de los ERE empieza a moverse de verdad este martes con el trámite de las cuestiones previas. Hasta ahora, las acusaciones y las defensas de los 22 exaltos cargos del Gobierno andaluz que se sientan en el banquillo no han hecho sino medir sus fuerzas y tomar conciencia de lo mediático que será este proceso —retransmitido en directo por Canal Sur televisión— y de lo mucho que puede demorarse en el tiempo (algunos calculan nueve meses).

Este martes, al fin, las acusaciones y las defensas empiezan a desnudar sus estrategias proponiendo a los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla algunas cuestiones preliminares que deben tenerse en cuenta antes de entrar en el fondo del asunto. Cuestiones dispares, como la posibilidad de que se suspenda el juicio por falta de garantías procesales, como reclama el letrado de uno de los defendidos, o que se amplíe la lista de delitos y la petición de penas para los acusados.

Este juicio es sólo una parte de la macrocausa de los ERE: la pieza política, la que investiga si era legal o no el llamado "procedimiento específico", el sistema que la Junta de Andalucía diseñó y usó durante toda una década (2000-2010) para agilizar el pago de prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis, durante una época laboral muy convulsa, permitiendo un desfalco a las arcas públicas de 742 millones de euros, según cálculos de la Fiscalía Anticorrupción. Al margen de este proceso hay otras 200 piezas en curso que investigan —empresa por empresa— si las ayudas que recibieron se usaron correctamente.

Los abogados defensores temen que las acusaciones, en especial el PP y el sindicato Manos Limpias (personados en la causa), traten de convencer a los magistrados de la Audiencia para que la trama política aborde cuestiones que pertenecen a otras causas, sobre el supuesto fraude a empresas concretas. Es una estrategia arriesgada, porque la Audiencia de Sevilla ya fijó un criterio claro al respecto: los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los otros 20 exaltos cargos imputados sólo tendrán que someterse a un único juicio relacionado con los ERE: éste mismo, el de la pieza política, el que va a juzgar si el fraude se facilitó o implementó desde lo más alto del Gobierno andaluz, a través de un procedimiento de pago específicamente diseñado para eludir los controles y la fiscalización del dinero público.

Sean declarados culpables o inocentes, lo serán aquí y ahora, sin necesidad de volver a ser juzgados por los mismos delitos en cada una de las 200 piezas separadas en las que se subdivide la macrocausa de los ERE. Es lo que en el argot judicial llaman non bis in ídem: no ser juzgado dos veces por un mismo delito. Cualquier intento por parte de las acusaciones para introducir en este juicio cuestiones relativas a otros asuntos será frenado en seco por las defensas, tildándolo de fraude de ley.

A pesar de todo, cabe recordar que no existe unidad de acción entre los abogados defensores y que, tras una mínima coordinación para evitar perjudicarse, cada uno lleva una estrategia distinta para su cliente. En el banquillo se sientan 15 políticos acusados de prevaricación y malversación de fondos y se enfrentan a penas de seis a ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación para cargo público; los otros siete afrontan 10 años de inhabilitación (el PP reclama más penas por un delito de asociación ilícita).

No todos los acusados plantearán cuestiones previas, pero sí lo hará, por ejemplo, el abogado de Griñán, que afronta seis años de cárcel por malversar fondos. José María Mohedano representa al expresidente y al ex director general de Presupuestos, Antonio Vicente Lozano, y su objetivo es lograr que se anule el juicio en esta fase inicial por una cuestión procedimental. Mohedano sostiene que el juez Álvaro Martín, que pilotó la pieza política tras la marcha de la instructora inicial del caso (Mercedes Alaya), no era el competente para hacerse cargo del proceso.

Martín era un juez de refuerzo en el juzgado de Alaya y fue asignado a la pieza política por la magistrada que la sustituyó tras tomar posesión de su plaza en la Audiencia de Sevilla, la jueza María Núñez Bolaños. Núñez Bolaños cambió el criterio de instrucción de Alaya, en vez de juzgar toda la macrocausa de los ERE como una sola pieza, la subdividió en partes, y delegó la pieza política en su juez de apoyo (Álvaro Martín), con el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del Consejo General del Poder Judicial.

El abogado de Griñán ve en esta decisión un agujero legal para suspender el proceso, porque cree que el objeto de la comisión de servicio del juez Álvaro Martín en el juzgado de Alaya era descargar a ésta de las causas ordinarias para que se centrase en los ERE, no asumir una parte de la macrocausa. Al hacerlo, dice Mohedano, se está vulnerando “el derecho al juez predeterminado por la ley” recogido en el artículo 24.2 de la Constitución, es decir, el que habría asignado aleatoriamente a otra persona para juzgar a Griñán y al resto de procesados.

Sería una sorpresa que esta cuestión previa prosperase ahora, cuando no lo hizo la primera vez que el abogado del expresidente la planteó ante la Audiencia de Sevilla, en junio de 2016. Si los magistrados aceptan la declaración de nulidad, el juicio de los ERE será suspendido y el sumario volvería al juzgado de origen, dando por válidas sólo las actuaciones anteriores a la designación de Álvaro Martín como juez instructor.

A partir de este martes también se escuchará al abogado de la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, pedir que se invierta el calendario previsto de declaraciones, para que primero declaren los 117 testigos propuestos por las partes y los 12 peritos autores de los informes sobre las irregularidades en la gestión de las ayudas, y al final lo hagan los 22 acusados, de menor a mayor rango. Si los tres jueces de la Sala aceptan esta petición, no se oirá la versión de Chaves, de Griñán y del resto de procesados al menos hasta bien entrada la primavera, según fuentes judiciales.

Las cuestiones previas son las primeras reglas del juego para reanudar el juicio tras el parón navideño. El presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, tendrá que deliberar con sus compañeros de Sala sobre lo expuesto por acusaciones y defensas, y no retomará las sesiones previsiblemente hasta principios de febrero. Una de las claves que va a marcar el devenir del juicio será, sin duda, las alegaciones que presenten los fiscales delegados de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra, que no han avanzado ni una sílaba sobre su estrategia.