Después de tres primeras sesiones anodinas, el juicio por la pieza política del fraude de los ERE ha dado paso este martes al primer gran choque de trenes entre las acusaciones y las defensas. La Fiscalía Anticorrupción ha conseguido alterar a los abogados de los 22 exaltos cargos imputados del Gobierno andaluz al plantear al tribunal de la Audiencia de Sevilla que reconsidere si es necesario “incorporar” al juicio las 270 piezas separadas en las que se subdivide la macrocausa de los ERE, y que se encuentran en distintas fases procesales en otros juzgados.

Los fiscales piden una “delimitación objetiva” del procedimiento que se está juzgando aquí, para saber si los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como el resto de imputados, deben ser juzgados de una sola vez, y sólo sobre su participación en el diseño y posterior funcionamiento del “procedimiento específico” para la concesión de ayudas sociolaborales; o si su responsabilidad alcanza también las 270 ayudas irregulares que se investigan en otros juzgados, en cuyo caso, solicitan que se incorporen las piezas ya incoadas como prueba documental. Hasta el momento hay 104 piezas incoadas, 35 de ellas ya se encuentran en fase de diligencias previas.

Las defensas han reaccionado de inmediato a la “petición sorpresiva de la Fiscalía”, que han entendido como un intento de “redefinir el objeto del procedimiento”, saliéndose del perímetro de lo que se juzga. El fiscal Juan Enrique Egocheaga ha sugerido que para juzgar el sistema de ayudas que diseñó la Junta sería necesario “ilustrar” su funcionamiento examinando alguna de las piezas separadas que “enjuician” el uso de dichas ayudas. Las defensas creen que esto rompe el criterio que ya estableció la Audiencia, para que los 22 exaltos cargos de la Junta fueran procesados una sola vez, en un único juicio (la pieza política), y no por las implicaciones de sus actos en cada una de las 270 piezas separadas de los ERE.

El presidente del tribunal, Juan Antonio Calle Peña, ha tratado de calmar a las defensas, asegurando que el objeto del juicio estaba “claramente delimitado en el procedimiento abreviado y de apertura del juicio oral”, y que no se pretende invadir el terreno de otras causas paralelas del caso ERE. En todo caso, los magistrados tendrán que deliberar sobre la petición de los fiscales y resolver en un par de semanas.

Citar a Susana Díaz

El otro golpe de efecto de la sesión de hoy lo han dado los populares. El Partido Popular (PP), que ejerce como acusación particular en el juicio de la pieza política del fraude de los ERE, ha solicitado al tribunal que cite a declarar en calidad de testigo a la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, “por su amplio conocimiento” sobre el caso y porque durante su mandato aprobó el decreto que acabó con la fórmula de pago de los ERE bajo sospecha. Los abogados del PP también piden la citación del vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, porque durante su etapa como alcalde de Chiclana (Cádiz) recibió ayudas supuestamente irregulares, y porque ambos, Díaz y él, eran los “superiores jerárquicos del gabinete jurídico de la Junta”, al ocupar la cartera de Presidencia.

La acusación particular ha dado un golpe de efecto en la primera sesión del juicio de los ERE, implicando en el proceso a la actual presidenta de la Junta de Andalucía y a su número dos. El tribunal conoce desde hace meses el nombre de los 117 testigos propuestos por acusaciones y defensas para que declaren durante el proceso, pero en la lista no estaba un nombre tan relevante como el de la presidenta andaluza.

El PP-A, principal partido de la oposición, busca la imagen del paseíllo de Susana Díaz hasta la Audiencia Provincial de Sevilla, donde se juzga a sus dos antecesores, los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por delitos de prevaricación y malversación de fondos. Los populares repiten la misma estrategia que ejercieron en la comisión parlamentaria que investigó el caso ERE, en la que Díaz también fue citada como testigo y, durante su comparecencia, fue duramente atacada por la portavoz del PP, que la acusó de cómplice del fraude de ayudas sociolaborales que salpica a los 22 exaltos cargos de la Junta imputados en el caso.

Los populares también han pedido la comparecencia de la exconsejera de Presidencia, Mar Moreno, que fue preimputada inicialmente en el caso ERE por la jueza Mercedes Alaya, y posteriormente desestimado por el Tribunal Supremo. El sindicato Manos Limpias, que también ejerce la acusación, se ha adherido a la petición del PP, no así la Fiscalía Anticorrupción, que ha pedido tiempo para decidirse.

Ahora el tribunal, que preside el magistrado Juan Antonio Calle Peña, tendrá que deliberar para decidir si acepta a los nuevos testigos propuestos por las acusaciones (también los fiscales han planteado nuevos nombres). En todo caso esta decisión no se conocerá hasta que termine la presentación de las cuestiones previas, dentro de un par de semanas, pero entretanto servirá al PP andaluz para reactivar su oposición a Díaz, que ha vuelto a encontrar en el juicio de los ERE su mejor baza para desgastar al Gobierno andaluz.

Durante la comisión que investigó el caso ERE en el Parlamento, el PP buscó culpabilizar a toda la cúpula de la Junta, la anterior y la actual, señalando como responsables políticos a la propia Susana Díaz, a sus antecesores Chaves y Griñán, y a otros 35 miembros del gabinete, incluidos consejeros, exconsejeros y viceconsejeros. Díaz no formaba parte del Consejo de Gobierno andaluz durante la etapa que se investiga (2000-2010). Cuando llegó a la Presidencia para sustituir a Griñán, echó a todos los consejeros y miembros del gabinete salpicados por el fraude, como Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila (la primera se sienta en el banquillo, pero el segundo fue exonerado).

La cuarta jornada de la pieza política de los ERE ha arrancado con la solicitud unánime por parte de las defensas para expulsar del caso al pseudo sindicato ultraderechista Manos Limpias, que ejerce como acusación particular. El abogado Alfonso Martínez del Hoya, que representa al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, ha sido el encargado de defender un escrito firmado por todas las defensas y que cuestiona la presencia de este sindicato por “carecer de órganos representativos”, ejercer de mala fe y abusar del propio derecho. Manos Limpias está inmerso en un proceso de disolución y las defensas le imputan falta de legitimación para ejercer la acusación particular por incumplimiento de sus propios estatutos sindicales, un argumento similar al que se usó en el caso Noos, que juzgó un caso de corrupción que salpicó a la Casa Real.