La propuesta de integrar a los mutualistas en el sistema de salud público es vista por muchos como un paso hacia un modelo de sanidad más equitativo. ¿Está de acuerdo con esta visión? ¿Qué les diría a quienes, sobre todo dentro del ámbito del funcionariado, creen que perderán derechos al no tener garantizado el acceso a la sanidad privada?

Estoy totalmente de acuerdo en que toda la población sea atendida por el sistema público, es algo deseable y más equitativo. Además, los empleados públicos, que trabajan para lo público y sustentan los servicios públicos, deberían ser atendidos en el sistema público de salud. Es lo lógico y razonable.

Cuando se creó Muface en 1975, no existía un Sistema Nacional de Salud como tal. Mirándolo desde 2024, no tiene sentido mantener un régimen independiente de provisión privada para los empleados públicos. Además, el 70% de los nuevos funcionarios ya eligen la sanidad pública.

El sistema público ofrece mejores condiciones: acceso temprano a tratamientos disruptivos y de alto coste, mayor enfoque en la atención primaria y un modelo basado en la longitudinalidad. El verdadero privilegio en una sociedad como la nuestra es recibir la mejor asistencia sanitaria en el mejor sistema disponible: el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Se ha señalado que las aseguradoras privadas pierden dinero al participar en el programa de Muface. Sin embargo, algunos economistas, como Carlos Sánchez Mato, afirman que en realidad se están llevando un "pastizal". ¿Qué hay de verdad en esto?

Es difícil tener una respuesta tajante, ya que no toda la información está disponible públicamente. Por un lado, las aseguradoras privadas sí logran beneficios indirectos al captar clientes a través de Muface y ofrecerles servicios fuera del contrato mutualista que pueden generarle riqueza de manera adicional al contrato. Sin embargo, el modelo tiene problemas estructurales evidentes que afectan a su sostenibilidad.

Por ejemplo, hay una tendencia clara: vemos que los casos más complejos de los beneficiarios privados de Muface terminan siendo derivados al sistema público. Es decir, ante diagnósticos graves, las aseguradoras privadas transfieren la carga al SNS. De alguna forma, lo que hacen es que el sistema público asuma esta parte, digamos, más costosa, mientras las aseguradoras se lo ahorran.

El modelo actual de Muface no es sostenible. Cuando se diseñó, la población mutualista era más joven y activa laboralmente. Hoy, la mayoría son jubilados de la generación del baby boom, lo que aumenta significativamente los costes sanitarios. Además, los nuevos funcionarios, que podrían aportar equilibrio al sistema, mayoritariamente eligen la sanidad pública. Por lo que, aunque se podría incrementar la dotación presupuestaria para las aseguradoras, esto solo alargaría la rentabilidad unos años más sin resolver el problema de fondo.

¿Es posible integrar a los mutualistas al sistema público sin comprometer su sostenibilidad financiera?

No solo es posible, sino que es una solución más sostenible a largo plazo. Incorporar un millón y medio de mutualistas al SNS, que ya atiende a 50 millones de esas personas, no tiene el mismo impacto financiero que en un sistema pequeño. El coste marginal de añadir población al SNS es mucho menor que el coste medio actual de Muface.

Ya hemos visto precedentes exitosos. Comunidades como Madrid y otras regiones han integrado a colectivos de funcionarios en la sanidad pública sin un aumento significativo de costes. De hecho, la financiación destinada a Muface podría ser redirigida para mejorar la sanidad pública en su conjunto, beneficiando no solo a los mutualistas, sino a toda la población.

¿Cree que esta integración podría ser el primer paso hacia una reforma más amplia que incluya otras mutualidades, como ISFAS y MUGEJU?

Es muy probable que este sea un paso inicial hacia un cambio más estructural. La tendencia hacia la integración es clara: un porcentaje creciente de funcionarios, tanto de ISFAS como de MUGEJU, también eligen el SNS. Es lógico y necesario que todos los empleados públicos, independientemente de su ámbito (funcionariado, judicatura o fuerzas armadas), reciban atención en el sistema público. Esto no solo es una cuestión de equidad, sino también de higiene democrática: quienes gestionan lo público no deberían estar al margen de los servicios que se ofrecen a la mayoría de la población.

En un contexto donde sectores privados presionan por mantener la gestión de servicios públicos que en su momento fueron externalizados, ¿qué medidas está tomando el Ministerio para revertir la privatización de la sanidad pública?

Revertir la privatización es una tarea compleja, ya que los contratos concesionales a largo plazo dificultan la acción de las administraciones públicas que quieren intentar cambiar esta situación. En muchos casos, el coste mismo que supondría revertir estas concesiones genera un debate ético entre los gestores públicos y se terminan priorizando otras políticas públicas.

Aun así, se han dado pasos importantes, como en la Comunitat Valenciana, donde el Gobierno Compromís-PSPV llevó a cabo una serie de procesos de desprivatización del modelo anterior (del PP). Por nuestra parte, desde el Ministerio de Sanidad estamos trabajando a nivel estatal en la nueva Ley de Gestión Pública del Sistema Nacional de Salud, que vamos a presentar en el primer trimestre de 2025. Esta ley tendrá cuatro ejes principales:

En primer lugar, frenar el modelo concesional. Es decir, limitar contratos que blindan la rentabilidad de empresas privadas incluso en contextos de crisis. En segundo lugar, reducir la dependencia de conciertos y utilizar los conciertos solo como solución temporal mientras se fortalece la capacidad pública. En tercer lugar, crear un órgano de apoyo jurídico y asistir a comunidades autónomas en sus procesos de desprivatización con herramientas legales y conocimiento especializado. Por último, transparencia y rendición de cuentas: invertir en inspección y establecer mecanismos claros para conocer los costes reales de concesiones y conciertos, y garantizar la publicidad de estos datos. 

Las asociaciones en defensa de la sanidad pública mencionan con frecuencia la necesidad de eliminar los privilegios fiscales de las aseguradoras privadas, como las exenciones vinculadas a los seguros médicos colectivos que contratan las empresas. ¿Está considerando el Gobierno tomar medidas al respecto?

Sí, esta es una cuestión que hemos planteado desde Sumar en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2025. Estas exenciones, tanto para seguros colectivos como individuales, representan una forma indirecta de financiación pública hacia las aseguradoras privadas. Sumar ha llevado este tema a las negociaciones y seguimos trabajando en ello. 

Han pasado varias semanas desde que la DANA afectó gravemente a València. ¿Qué medidas ha tomado el Ministerio de Sanidad para abordar las consecuencias sanitarias de este desastre? ¿Ha habido una buena coordinación entre los diferentes niveles administrativos?

Desde el primer momento, el Ministerio ha trabajado en estrecha colaboración con la Conselleria de Sanidad de València. La coordinación ha sido intensa y efectiva, con múltiples niveles de interlocución: entre la ministra y el consejero, entre secretarías autonómicas, y también a través de organismos como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Se establecieron farmacias de catástrofe en los municipios donde no había servicio disponible, garantizando el suministro de medicamentos a través de acuerdos con asociaciones y colegios farmacéuticos. El 2 de noviembre se constituyó un Comité de Coordinación para la respuesta sanitaria. Este equipo, que incluye expertos de varios organismos (como el Instituto de Salud Carlos III y el CSIC), actualizó protocolos de vigilancia epidemiológica en 48 horas, priorizando la identificación de patologías y la respuesta a posibles brotes.

Además, se están monitoreando las condiciones del aire y el impacto del lodo en las zonas afectadas. Se han emitido recomendaciones como el uso de mascarillas durante episodios de vientos fuertes. Hasta el momento, no se han detectado brotes significativos, aunque seguimos observando algunos casos aislados, como episodios de diarrea. Sin embargo, es importante reconocer que el impacto de esta catástrofe no se limita a lo sanitario. También afecta a la economía, la vivienda y otros factores que inciden indirectamente en la salud de la población.

En cuanto a la coordinación, puedo afirmar que ha sido muy positiva en nuestro ámbito, gracias a los mecanismos ya establecidos, como la Comisión de Salud Pública y la Comisión de Prestaciones. Estos espacios de trabajo conjunto han permitido una respuesta rápida y efectiva.

El otro día leí un titular que decía: "Todos los indicadores sanitarios empeoran desde que Mónica García es ministra". ¿Es cierto que la sanidad pública está peor ahora que cuando asumieron el cargo?

Es un titular completamente falso y descontextualizado. Por ejemplo, el informe de listas de espera, al que se refieren como "todos los indicadores sanitarios", no depende directamente del Ministerio de Sanidad, ya que la gestión corresponde a las comunidades autónomas. Es cierto que las listas de espera han aumentado entre junio de 2023 y junio de 2024, pero este incremento está directamente vinculado a los gobiernos autonómicos, especialmente aquellos donde justamente ha empezado a gobernar el Partido Popular. No se puede culpar al Ministerio de algo que no está bajo su competencia directa.

Dicho esto, nuestro compromiso es claro. Hemos creado grupos de trabajo para abordar este problema desde el ámbito de la coordinación y estamos revisando el Real Decreto que regula la medición de listas de espera. Queremos establecer criterios uniformes y políticas de gestión que permitan una comparación real entre regiones y, posteriormente, vincular estas medidas con fondos específicos finalistas para su mejora.

Este jueves hemos podido saber que los sindicatos han organizado una denuncia colectiva contra la Comunidad de Madrid, es decir, contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, por exponer a los profesionales de Atención Primaria a riesgos laborales. Además, hay constantes problemas en hospitales como La Paz, el Gregorio Marañón o el 12 de Octubre. ¿Cuál es su valoración sobre la situación de la sanidad madrileña y qué puede hacer el Ministerio al respecto?

La situación en Madrid es preocupante y refleja un problema estructural de financiación insuficiente que viene arrastrándose desde hace años, agravado por decisiones de externalización y gestión ineficiente. Los problemas no son casos aislados, sino síntomas de una estrategia. En Atención Primaria, la situación es especialmente mala. Centros de salud con falta de personal, turnos insostenibles y una naturalización de la crisis han llevado a los profesionales al límite. Estas condiciones ya han sido reconocidas judicialmente en varias demandas impulsadas por colectivos como AP Se Mueve.

Desde el Ministerio de Sanidad seguimos apoyando a las comunidades con herramientas como el Plan de Atención Primaria y estrategias de financiación. Sin embargo, las competencias son autonómicas y debemos respetar el marco competencial.

Defiendo y estoy a favor del modelo de competencias autonómicas porque permite que las administraciones más cercanas gestionen los servicios según las necesidades reales sus ciudadanos. Si pensamos que hay otra forma de gestionar, lo que debemos hacer es trabajar para ganar la confianza de los ciudadanos, obtener votos y apoyos suficientes, y poder liderar esos cambios desde el ámbito autonómico. Pero el modelo competencial debe ser respetado, independientemente de quién gobierne.