Fraude eléctricasPrisión para el cabecilla del fraude de 100 millones por comercio ilegal de luz

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado este viernes prisión provisional para Esteban Roig, considerado el cabecilla del presunto fraude de casi 100 millones de euros por trece comercializadoras de energía eléctrica, que suministraron luz a precios más bajos con facturación falsa.

Según expone en su auto el titular del juzgado central de Instrucción número 1, que deja en libertad a los otros siete detenidos que han pasado esta mañana a disposición judicial, la estructura investigada "constituiría una organización criminal" que habría incurrido en presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y blanqueo de capitales, así como fraude fiscal.

El magistrado ampara su decisión en la gravedad de los delitos investigados así como en la existencia de un posible riesgo de fuga ya que Roig "tiene a su disposición, según se presume, múltiples fondos con vinculaciones en Perú y México".

Sostiene el documento que, para materializar sus objetivos, la organización empleó una "compleja estructura societaria" basada en la "creación de comercializadoras eléctricas, la interposición de colaboradores en los órganos de administración de éstas y la adquisición de una amplia cartera de clientes".

La organización creo una "compleja estructura societaria" basada en la "creación de comercializadoras eléctricas"

De este modo, y "cumpliendo con los primeros requisitos exigidos para actuar dentro del mercado eléctrico español", dotaron a las sociedades, coordinadas en los compases iniciales desde Madrid, de una "apariencia de legalidad, suficiente como para iniciar su actividad comercial".

La captación de una "extensa bolsa de clientes" generó, en primer lugar un aumento de la facturación de las comercializadoras, y por ende, de los investigados, y en segundo lugar, un mayor perjuicio para el resto del mercado.

Acto seguido, la organización procedería al cese de las actividades de compra, a la creación de nuevas sociedades -lo que incluye el traspaso de clientes- y a la liquidación de las antiguas comercializadoras, una actividad "velada" al frente de la cual se encontraría el centro operativo de Barcelona.

El magistrado destaca a Roig, quien "toma las decisiones de forma autónoma e independiente, transmitiendo las directrices oportunas (...) y administrando desde la perspectiva de la dirección, la gestión contable, financiera, logística y societaria".

En tanto que señala a Fix Control Rate, con sede en Barcelona, como "centro neurálgico" del delito de blanqueo al tratarse de la sociedad a través de la cual se canalizarían, presuntamente, los fondos ilícitos, dificultando su trazabilidad y permitiendo el reingreso en el circuito financiero.

En total, las pesquisas identifican 28 sociedades del "entramado empresarial blanqueador" vinculadas a ella, que habrían recibido 32,4 millones de euros de las comercializadoras fraudulentas.

Ocho detenidos por el fraude de la luz

Los ocho investigados fueron detenidos junto a otras diez personas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado lunes en las provincias de Madrid, Barcelona, Tarragona, Girona, Alicante y Valencia.

La operación, pionera en el sector y que continúa bajo secreto de sumario, ha contado con la colaboración de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) y ha supuesto la primera intervención penal para este tipo de fraude. 

Las empresas 'piratas' captaban clientes a los que ofrecían luz a un coste hasta de un 30% más bajor

Hasta la fecha, en los siete registros practicados los investigadores se han incautado, además de documentación y 10.000 euros, 18 vehículos y un velero, y han analizado 154 productos financieros, de los cuales 56 han sido bloqueados.

Asimismo, han descubierto 180 sociedades del grupo -de ellas, 67 han sido investigadas- y han localizado 24 testaferros.

Estas empresas "pirata", a nombre de testaferros, captaban a clientes, generalmente grandes pymes, a las que ofrecían luz a un coste entre un 20 % y un 30 % más bajo de lo habitual, aunque no compraban a las generadoras toda la energía que destinaban a sus consumidores.

Dicho desfase provocó a las generadoras un agujero de 60 millones de euros, a los que se suman 20 millones por el impago de los peajes obligatorios por la distribución y otros 14 defraudados a la Hacienda Pública.