El PP entierra su pacto contra la corrupción sin llevarlo a cabo

Un documento de diez páginas. Cincuenta propuestas concretas para "luchar" contra "las prácticas corruptas" en la política "con tanta firmeza como repulsa social levantan". Y el compromiso de negociarlo con el resto de fuerzas políticas para construir "un gran pacto contra la corrupción". Fue la gran apuesta que Mariano Rajoy lanzó hace hoy un año en la cumbre intermunicipal de su partido. Tocado de lleno por el caso Gürtel, el PP intentó abanderar el lema de que la política es un actividad "honesta" y que sólo la actitud de unos pocos, a la que debe responderse con "contundencia", empaña el trabajo de los partidos. Hoy ya es historia.

Los conservadores escenificaron que la urgencia a la hora de remitir sus Bases para el pacto por la transparencia y contra la corrupción al resto de partidos era máxima. Rajoy lo presentó el 21 de noviembre de 2009 con el compromiso de remitirlo al resto de formaciones dos días después, el lunes 23. Así fue. El documento llegó a los partidos. Hubo contactos con los socialistas. Actuaron como interlocutores Juan Manuel Moreno, coordinador de política autonómica y local del PP, y Antonio Hernando, responsable de ciudades y política municipal del PSOE. Pero ambas formaciones reconocen que, con el paso de los meses, el tema fue perdiendo temperatura hasta aparcarlo en marzo. A continuación, se desglosan las claves de este amago de pacto.

Conservadores y socialistas se acusan de falta de voluntad

Lo que el PP no ha conseguido dando por muerta esta oferta a los partidos es desterrar la palabra "corrupción" de sus filas. A los casos Gürtel y Fundescam, el último año se han sumado el caso Brugal y significativos avances judiciales en el escándalo del Palma Arena, en IllesBalears, y en el proceso que afecta a Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón.

A la hora de explicar el por qué del fracaso, socialistas y conservadores se culpan mutuamente. Los primeros recuerdan que el PP fue perdiendo interés en el tema de manera progresiva. Los segundos están convencidos de que el partido que gobierna "no ha hecho ningún esfuerzo por el simple hecho de que no triunfara una iniciativa de la oposición".

"Una vez lanzada, empezaron a olvidarse. Querían conseguir un fuerte efecto mediático con el anuncio, pero ahí se quedaron", explican en el PSOE. ¿Por qué? "El PP no tiene ningún interés en este tema porque seguir hablando de corrupción es seguir hablando del PP. Es seguir mintiendo a los ciudadanos, seguir dándoles dosis de recuerdo", completan las mismas fuentes.

En el último de los encuentros mantenidos entre ambas formaciones, Hernando entregó al PP un documento con una propuesta "muy lógica y concreta" a fin de consensuar algunas medidas. "No volvimos a hablar", añaden.

El PP apostaba por no aceptar regalos obviando el caso de los trajes'

En el texto remitido al PP, los socialistas recordaban a Rajoy que algunas de las iniciativas que contemplaba ya habían sido aprobadas por el Ejecutivo. Entre ellas figuraba la petición de ampliación de prescripción de los casos de corrupción.

La reforma del Código Penal ya prevé "un aumento de los plazos de prescripción de estos delitos [de corrupción], para evitar la impunidad".

Además, el PP demandaba "publicar las retribuciones íntegras de los cargos públicos y electos", algo que ya figura en la Ley del Suelo.

Los conservadores reconocen que su pacto, basado en los principios de "transparencia, control, buena administración y firmeza política" está en "dique seco".

No obstante, argumentan que las mismas medidas que figuraban en el citado documento fueron extrapoladas a su Código Ético, presentado el pasado diciembre. Además, precisan que sus apuestas para lograr la transparencia en la política local será incorporadas en su programa electoral.

En el PP aseguran que el único partido que respondió a su llamada fue el PSOE. La carta también llegó a IU. Fuentes de la federación han informado de que jamás se negó al PP la posibilidad de debatir sobre su pacto pero que se les puso como condición que antes abordasen el tema de la reforma electoral, una petición que IU ya había lanzado con anterioridad a los conservadores.

La "adopción de medidas para evitar el fraccionamiento de los contratos mediante el abuso de los contratos menores" fue una de las disposiciones estrella del acuerdo anticorrupción que el PP dijo querer poner en marcha.

El PSOE denuncia que Rajoy no tiene interés en este tipo de medidas

Se trató de una propuesta bastante polémica. No en vano, fue la forma en la que la trama Gürtel logró gran parte de sus contratos en la Comunidad de Madrid, feudo de Esperanza Aguirre. También en la Generalitat Valenciana. Y en ningún momento Rajoy desautorizó a dos de sus barones territoriales con más poder electoral. Algo similar ocurre con la prohibición de la concurrencia de empresas del mismo grupo a la hora de optar a un concurso público.

El pacto que el propio Partido Popular da por muerto no contemplaba las sanciones que conllevaba incumplirlo.

En el año que ha transcurrido desde que el PP presentó en la Intermunicipal de Sevillalas Bases para el pacto por la transparencia y contra la corrupción, este tipo de escándalos ha seguido agitando los cimientos del PP. Lejos de extinguirse, el caso Gürtel ha continuado su curso en los tribunales.

Francisco Camps, la máxima figura política en activo imputada en el caso de los trajes, una de las ramificaciones del citado escándalo de corrupción, sigue contando con el apoyo de la dirección nacional del partido.

Precisamente a él parecía estar dirigido el punto 37 del pacto, ese que apostaba por "prohibir la aceptación de cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades que no respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales".

No hace ni un mes desde que un informe pericial de la Agencia Tributaria concluyó que la trama corrupta pagó, al menos, cuatro trajes a medida encargados por el president el 14 de noviembre de 2006 y que costaron 2.880 euros.

Casi a la vez que se conocía que el fiscal solicitaba 15 años de prisión para Fabra por siete delitos estallaba en Alicante el caso Brugal, sumando un nuevo imputado, el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll. En estos episodios, tampoco ha habido actuación de la dirección nacional del partido, a la espera, comentan, de "sentencia firme". Cae así en saco roto el compromiso del PP, tal y como figura en el prólogo del pacto de "contundencia y celeridad contra las prácticas corruptas en las administraciones públicas".