ZARAGOZA.- La tragedia de la residencia Santa Fé de Zaragoza ha vuelto a poner bajo el foco de las autoridades al sector de los geriátricos privados. La muerte de ocho ancianos por inhalación de humo en un incendio en el que otros once sufrieron afecciones de distinta gravedad por el mismo motivo, mientras solo una cuidadora permanecía a cargo de los 19 internos, ha llevado al Ayuntamiento de la capital aragonesa y al Gobierno de Aragón a abrir sendas investigaciones para determinar si el centro, de titularidad privada, cumplía la normativa o había incurrido en alguna trágica irregularidad.

El consistorio zaragozano anunció pocas horas después del siniestro que el área de Urbanismo abrirá una investigación para "comprobar cuáles eran las condiciones en las que se encuentra la residencia" y conocer si cumplía "toda la normativa municipal en materia de seguridad, apertura e instalaciones que requieren estos centros asistenciales".

Paralelamente, el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sebastián Celaya, le avanzó al secretario general de Podemos en la comunidad, Pablo Echenique, la puesta en marcha de una comisión de investigación sobre el siniestro en la que, según informó el partido morado, participará uno de sus diputados. Echenique y Celaya compartieron su preocupación por la situación de los heridos y por los familiares de los fallecidos.

Documentación, permisos e instalaciones

Uno de los primeros objetivos de los responsables de Servicios Sociales es determinar si el geriátrico tenía toda la documentación y los permisos en regla para operar, confirmaron fuentes del Gobierno de Aragón.

El incendio comenzó poco después de la medianoche del sábado en una de las habitaciones de la primera planta. En esa planta se encontraban cuatro de los internos que murieron, mientras otros cuatro se hallaban en la superior. Los once heridos estaban alojado en habitaciones de esos dos pisos. La residencia, ubicada en un chalet, disponía también de una planta baja en la que no había dormitorios.

Los consejeros de Sanidad y de Ciudadanía y Derechos Sociales, Sebastián Celaya (d) y Victoria Broto (i), respectivamente, hacen declaraciones en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza donde se encuentran ingresados los heridos en el incendio de la residencia privada de Santa Fe, en la localidad de Cuarte de Huerva. EFE/Javier Cebollada

A falta de conocer el resultado de las autopsias que a partir de hoy comenzarán a realizar los forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón, y de los informes sobre las causas del siniestro que elaborarán los Bomberos de Zaragoza y los especialistas de la Guardia Civil, todo apunta a que tanto los fallecimientos se produjeron por asfixia, motivada por la intensa y tóxica humareda que provocó el incendio. De hecho, las llamas solo afectaron a una de las habitaciones de la primera planta, cuyo mobiliario y enseres, incluidos los marcos de las puertas y de las ventanas, quedaron completamente calcinados.

"Atención personalizada las 24 horas"

La cifra de fallecidos habría sido mayor si no hubiera sido por la rápida intervención de varios vecinos de Cuarte y de agentes de la Policía Local de esa localidad cercana a Zaragoza, que lograron rescatar a los once supervivientes y a la única cuidadora que estaba trabajando en el geriátrico. Se trata, en su mayoría, de personas de avanzada edad -mayores de 70 años-, movilidad reducida y estados de avanzado deterioro cognitivo.

Distintas fuentes mostraron su extrañeza por el hecho de que una sola persona se encontrara a cargo de un grupo de pacientes tan amplio y con unas necesidades de atención tan elevadas. La Residencia Santa Fé anuncia en su web un servicio de "atención personalizada las 24 horas". "Podemos albergar un total de 26 residentes" divididos en "9 asistidos y el resto válidos", señala su página oficial, que ofrece unas tarifas de 1.100 euros mensuales más IVA para la habitación individual, 1.000 para la doble y 900 para la triple.

Tres de los ancianos ingresaron en las UCI de distintos centros hospitalarios zaragozanos, mientras varios de los otros nueve fueron realojados a lo largo de la jornada en otras residencias.

La situación del boyante sector de los centros asistenciales y geriátricos privados viene siendo objeto de debate y denuncia en Aragón desde hace años. Ya en 2007, el Justicia remitió a las Cortes un informe en el que alertaba de "la falta de cualificación y prestaciones en general en las residencias privadas" y en el que ponía de manifiesto "el bajo número de inspectores" del que disponía la Administración para supervisar su funcionamiento. "Insuficiencia de personal de atención, trato inadecuado, atención deficiente", eran entonces algunas de las principales quejas que llegaban a la mesa del 'ombusdman' aragonés.

Un sector en progresión en la comunidad

El Gobierno de Aragón ha ordenado en los últimos años la clausura de varias residencias en la comunidad por no cumplir las condiciones mínimas de habitabilidad. Se dan casos de otras, como la de Monzalbarba, que ha tenido que ser desalojada en varias ocasiones ante el riesgo que suponen para sus más de 80 usuarios las crecidas del río Ebro. Y, hace unos meses, los tribunales condenaron a un geriátrico de Alagón a indemnizar con 85.000 euros a la familia de una paciente que falleció asfixiada por los correajes de sujeción: una cuidadora la dejó atada a las diez de la noche y nadie más la vio hasta la mañana siguiente.

Esos episodios no impiden que el sector de las residencias siga teniendo ante sí un atractivo nicho de negocio en Aragón. Hace ocho años, según señalaba el informe del Justicia, había en la comunidad algo más de 12.000 plazas residenciales: la mitad privadas y unas 5.000 públicas, mientras algo más de un millar eran concertadas.

El anterior Gobierno de Aragón anunció a finales de junio, un mes después de las elecciones autonómicas que le desalojaron del poder, la adjudicación, por parte del IASS (Instituto Aragonés de Servicios Sociales), de un macrocontrato valorado en 144 millones de euros por el que quedaba concertada con varias entidades privadas la gestión de 3.866 plazas en centros asistenciales para los próximos cuatro años.