"La Ley de Dependencia no puede sostenerse en el tiempo"

Un informe de The Family Watch señala que "es posible" que la moratoria aprobada por el Gobierno el pasado noviembre para retrasar la entrada de los dependientes moderados al Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) hasta 2013 "se haga definitiva". "Parece difícil que la Ley de Dependencia pueda aplicarse tal y como se concibe hoy. Es posible que se excluyan los dependientes moderados, que son los de nivel 1", indica este estudio titulado La familia como agente de salud y presentado este lunes en Madrid.

Según sus autores, la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia se promulgó "en plena euforia económica, dos años antes de empezar la crisis". Apuntan que en media década de aplicación de la norma se ha superado "con creces" el gasto previsto, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, y "no parece que pueda sostenerse en el tiempo".

El informe concluye que "ni el Estado ni la iniciativa privada pueden hacerse cargo de la atención a los dependientes". Respecto al primero, indica que la ley parecía señalar, hace 5 años, una vía de solución, pero que "hoy se ha constatado que existe un desfase entre las previsiones en número de dependientes y su financiación, y la realidad". Recuerda que en 2007 se estimó que, cuando entrara en vigor plenamente la Ley (2015) habría 1.173.000 dependientes. Sin embargo, a día de hoy, se ha reconocido el derecho a más de 1.500.000 personas. En cuanto a la financiación, hoy la aportación del Estado "supera las previsiones en más de 2.700 millones de euros".

Sólo el 26% de los dependientes tiene una plaza en una residencia El cuanto al sector privado, apunta que sólo una "porción pequeña" de personas dependientes puede permitirse recibir cuidado formal, que es el realizado por profesionales especializados, dependientes de organismos públicos o contratados por la familia y pone como ejemplo que sólo el 26% de los grandes dependientes cuenta con plaza en una residencia.

El informe propone apostar por las políticas de envejecimiento activo, para prevenir las situaciones de dependencia, y regularizar el mercado de trabajo de las personas encargadas del cuidado de los dependientes, así como de su "necesaria" formación para cumplir de forma adecuada su tarea.

También afirma que, dadas las circunstancias, "la familia estable es la única que puede desempeñar esta tarea en condiciones normales", pues, a juicio de los responsables del estudio, juega un papel "predominante en España como la red principal para cubrir las necesidades de las personas en situación de dependencia". Por ello, indica la necesidad de "ayudarla y reforzarla".