¿Qué balance hace de los dos meses de funcionamiento de la Convención?

Hemos superado los problemas que tuvimos durante la instalación de la Convención relacionados con su administración y manejo. Necesitábamos el espacio, las condiciones mínimas como conexiones de Internet, el funcionamiento técnico para dar la palabra y votar. Eso implicó recurrir a servicios públicos porque no tuvimos suficiente respaldo del Gobierno, centrado en mantener el estatus quo de la antigua Constitución, heredada de la dictadura. La coalición del Gobierno votó contra el cambio de la Constitución y varios de sus convencionales electos no tenían ni manifestaban un ánimo de contribución. Durante el primer mes, también implementamos un protocolo covid-19 y ampliamos la mesa de dos a nueve miembros para integrar a los distintos sectores: desde los más tradicionales –izquierda, derecha y centro– a los independientes, disidencias y pueblos indígenas. Eso implicó un trabajo importante para ponernos de acuerdo. Además, se instaló el órgano que le da seguimiento al uso de las asignaciones [sueldos y remuneraciones] y los recursos con los que cuenta la Convención. En el segundo mes, trabajamos en el desarrollo de ocho comisiones transitorias que entregaron insumos para elaborar el Reglamento de la Convención. Este es un órgano autónomo que no tiene vínculos con el poder constituido y hay que darle su propia institucionalidad y normativa. Vamos a votar el reglamento durante este mes de septiembre y al mismo tiempo se van a instalar las comisiones de trabajo definitivas.

¿La fórmula que se ha aplicado para elaborar el reglamento, a través de comisiones y subcomisiones, va a ser la que se aplicará para el funcionamiento regular de la Convención?

Tenemos tres instancias para trabajar la reglamentación: las subcomisiones, las comisiones y el pleno. El reglamento tiene que ser votado por el pleno, luego se podrán hacer indicaciones y ajustes y, finalmente, se vota la propuesta final. Hemos garantizado el derecho a que todos los grupos representados en la Convención puedan expresarse. Las votaciones sobre el reglamento serán por mayoría y cuando se trate de normas de la Convención tendrán que superar los dos tercios.

Hemos asistido recientemente a una suerte de campaña mediática en contra de la Convención. De hecho, se ha dado a conocer que hay alrededor de 8.000 perfiles de redes sociales para atacar de forma coordinada a la Convención. Como presidenta, usted ha recibido ataques racistas y discriminatorios de algunos constituyentes. ¿Cuáles son las amenazas que hoy enfrenta la Convención?

Hay una amenaza comunicacional, de instalar una realidad que no es, basada en calumnias y en imponer mentiras que se instalan en la comunidad. Una de las primeras cosas que se dijeron fue que somos flojos, que no trabajamos. Después se dijo que ejercemos el autoritarismo, que hacemos mal uso de los recursos y que nos subiríamos los sueldos. Eso viene del sector que no está de acuerdo con que se cambie la Constitución. Eso es peligroso porque se instalan mentiras y posiciones no éticas que pretenden que la gente nos menosprecie. Las opiniones racistas denostan la condición indígena de los convencionales, con comentarios de muy bajo perfil y con la intención de deslegitimar a la autoridad instalada en la Convención. Se molestan cuando nos expresamos con nuestras lenguas indígenas porque piensan que los derechos lingüísticos son privilegios y no derechos. Falta un marco conceptual, político e ideológico que resguarde los derechos de las diversidades y minorías, y eso es lo que hacemos desde la dirección de la Convención.

El pueblo mapuche (y también el resto de pueblos originarios) ha tomado un protagonismo en la Convención. ¿Qué efecto puede tener esto para mejorar la convivencia entre los pueblos originarios y el resto de los chilenos?

Estamos apostando por incorporar en la nueva Constitución los derechos de las naciones originarias porque hay vulneraciones de los derechos humanos que no se han reparado. Desde que se instaló el Estado de Chile en el territorio mapuche se han vulnerado los derechos humanos porque el Estado buscó hacer desaparecer a los pueblos indígenas con el argumento de que nos oponíamos al desarrollo y al progreso. Este discurso se usó para ocupar los territorios y quedó al interior de la institucionalidad chilena. Después se implantó un sistema educativo que habla de pueblos primitivos, lo que no fortalece una discusión sobre nuestros derechos. Es una carga histórica que tiene el Estado chileno en sus distintas constituciones, que no se construyeron con la participación del pueblo. Sin embargo, la Convención Constitucional se instaló a partir de un estallido social que fue un acto de autodeterminación de los distintos pueblos de Chile: la gente dijo ‘basta’ y se levantó. Y lo hizo con la bandera mapuche, reconociendo una crisis de representación política. Los chilenos entienden ahora que el mapuche es un pueblo en resistencia que lucha por sus derechos y por su dignidad.

Cuando asumió el cargo de presidenta, el 4 de julio, pronunció un discurso en mapudungún (lengua mapuche), que la mayoría no entendió. ¿Está preparado Chile para convertirse en un estado plurinacional?

La Constitución es uno de los caminos para la plurinacionalidad, después viene la institucionalidad y las leyes que van a emanar de esa Constitución; y, finalmente, viene el cambio cultural para ser un país plurilingüe, intercultural y dialogante. Hoy día, Chile no está preparado porque venimos de una tradición monolingüe y monocultural. Sin embargo, Chile sabe que no se puede seguir oprimiendo a las minorías frente a las cuales el país tiene una deuda histórica, una falta de reparación por la vulneración de derechos ejercida por el Estado. En Chile hay una sensibilidad especial frente a los derechos humanos porque tampoco se han reparado las violaciones cometidas durante la dictadura, violaciones que se repitieron en el contexto del estallido social: hay más de 400 mutilados oculares, hay muertos y hay presos cuyos casos no se han investigado.

¿Un nuevo texto constitucional es una garantía para poder terminar con todo lo anterior, si se mantienen los mismos jueces, los mismos lobbies empresariales o los mismos nombres en la política?

El texto constitucional no puede ser un decálogo de derechos, tiene que dar garantías para el ejercicio de los derechos; y el proceso constituyente aportó cambios con los que Chile ya no volverá a ser como antes. Por ejemplo, la paridad [que se logró en la Convención] se tiene que asumir ya en un próximo gobierno, también los escaños reservados para las naciones originarias. La presencia y derechos de las disidencias sociales son elementos demandados por el pueblo. Los cambios administrativos y jurídicos serán posteriores al nuevo texto constitucional, sin embargo, la sociedad chilena ya no es la misma que antes del estallido social de 2019 y los gobiernos van a tener que responder a estas demandas.