"Sin ladrillo no hay estación, y sin estación tampoco hay ladrillo", explican fuentes de la Plataforma de Defensa de las Montañas (PDM) de Aragón. El Gobierno autonómico e Ibercaja, asociados en el hólding semipúblico del esquí, Aramón, quieren las dos cosas, y a lo grande: una nueva estación de esquí en Castanesa, la ampliación de la actual de Cerler y su unión para dar lugar en el Pirineo oscense al mayor dominio esquiable de Europa (4.167 hectáreas en altitudes de 1.682 a 2.838 metros), todo ello en una zona con escasez de nieve y financiado mediante dos operaciones urbanísticas que contemplan la construcción de entre 4.000 y 5.500 viviendas más varios cientos de plazas hoteleras en los dos valles más norteños de la zona oriental de la comunidad.

La maniobra realizada hace unos días por Aramón para salvar el proyecto de Castanesa, consistente en comenzar abrir dos pistas para dar por iniciadas las obras y evitar así la caducidad de una autorización ambiental fechada en 2010 que pone en riesgo su propia existencia, ha provocado, además de tensiones en el Gobierno de Aragón por la oposición de Podemos y de Chunta (aunque la Consejería de Vertebración del Territorio había sido previamente informada), la reacción de las organizaciones ecologistas, que esta semana convocaron una manifestación en Zaragoza.

Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, WWF y SEO-Birdlife calificaron en un comunicado conjunto de "inadmisible que en un escenario de emergencia climática, Aragón apueste por incrementar infraestructuras de esquí, abundando en un modelo urbanístico y de turismo obsoleto que generará enormes pérdidas económicas a la sociedad", al mismo tiempo que sostenían que el hólding "está incumpliendo al menos uno de los condicionantes a los que le obligaba la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), hacer un estudio de los restos arqueológicos de la zona de los trabajos" que, a fecha de hoy, no existe.

¿Y a qué se debe la urgencia de Aramón por comenzar esas obras? A una situación, más que estratégica, de necesidad: el balance del hólding, de 135,2 millones de euros, incluye como activos 35,35 anotados como "terrenos y construcciones" que, en realidad, se corresponden en su mayor parte con el proyecto de Castanesa, y su salida del balance supondría la quiebra en una empresa que sigue dando pérdidas y que arrastra una deuda de más de 43 millones.

Eso entrañaría, además del riesgo de colapso en sí mismo, peligros para la continuidad de las otras cinco estaciones que explota (Formigal, Panticosa y Cerler en el Pirineo oscense y Javalambre y Valdelinares en la Ibérica turolense), varias de las cuales figuran como garantía en un préstamo de 40 millones.

Sin ladrillo no hay estaciones de esquí

En ese escenario, el mayor riesgo al que se enfrenta Aramón en el plano empresarial es la caducidad de la DIA de 2010, algo que ocurrirá el 11 de diciembre de 2020 "en el supuesto de que las obras del 'Dominio Castanesa' no se inicien de forma efectiva antes". Un informe interno de la empresa apunta a la necesidad de iniciarlas antes del 16 de noviembre de este año, mientras los grupos ecologistas escrutan el expediente de esa renovación en busca de un resquicio para combatirla en los tribunales.

La caducidad del proyecto obligaría, en caso de retomarlo, a tener que iniciar un nuevo procedimiento de evaluación ambiental con normas más exigentes dictadas después de 2010 y con nuevos actores como los osos, una especie protegida cuya presencia en la zona dificultaría más si cabe la autorización de un proyecto de esa magnitud en el corazón del Pirineo.

Los grupos ecologistas y la Plataforma de Defensa de las Montañas organizaron este martes una protesta contra las obras de Castanesa.

La estación sigue teniendo varios escollos ante los que parecen cosa menor hechos como que los terrenos ya adquiridos en Castanesa (a 240.000 euros la hectárea, precio de ciudad) estén devaluándose a un ritmo de medio millón por año o que los necesarios para habilitar las pistas, los remontes y los telesillas sigan siendo propiedad de los vecinos por no haberse cerrado su compra ni la cesión de su uso.
El verdadero escollo está en cómo financiarla: el único plan es el ladrillo, y este nace muerto sin el aval de un PGOU (Plan General de Ordenación Urbana), del que Montanuy carece desde que el Supremo ratificara hace tres años y medio la nulidad del anterior, pagado por el hólding, por carecer de la preceptiva evaluación ambiental estratégica.

"Con Aramón no hablamos de urbanismo"

La alcaldesa de Montanuy, Esther Cereza, quita hierro a esos aspectos. "Aquí no hay polémica con la estación, que solo ocuparía el 3% de la montaña de Castanesa, ni con el inicio de las obras, que llevaban meses anunciadas", dice. "El pueblo se merece algo más de esperanza de vida", añade, mientras recuerda que la presencia del oso está disuadiendo a los dos últimos ganaderos del pueblo de continuar con esa actividad.

Cereza, que destaca que la comunidad de propietarios que gestiona una parte del monte "dio en mayo su apoyo al proyecto y autorizó la entrada para los estudios", niega que el ayuntamiento tenga adelantado el nuevo PGOU, aunque lo cierto es que adjudicaron los trabajos preliminares a los tres meses de haberse pronunciado el Supremo.

"De momento no estamos redactando nada, y con Aramón no hablamos de urbanismo, sino de empezar los trabajos y de conectarnos con Cerler", señala, mientras elude deslizar cuántas viviendas y plazas hoteleras incluye ese proyecto "radicalmente distinto" al que hace unos días se refirió el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que también habló de acometer actuaciones "medioambientalmente impecables" para esos proyectos de Castanesa y Cerler, de los que dijo que son "la única forma de salvar los territorios a los que afecta".
Los planteamientos iniciales preveían la construcción de 3.113 viviendas en Cerler, en un pelotazo valorado en 120 millones de euros que naufragó en los tribunales por la oposición de los vecinos, y de 3.500 más 1.500 plazas hoteleras en Montanuy. Distintas fuentes sitúan por encima de las 2.000 las previsiones para este municipio, mientras el plan que ya está en marcha para la primera incluye 2.198.

Estudio ambiental para una casa, exención para 2.198

La recuperación del plan inmobiliario de Cerler, impulsado por Aramón en el municipio de Benasque, también está rodeada de polémica pese a haber sido recortadas sus dimensiones iniciales, ya que el Inaga (Instituto Aragonés de Garantía Ambiental) decidió eximirlo de la evaluación ambiental.
Según el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, esas nuevas dimensiones "comportan una reducción de los efectos sobre la biodiversidad" sobre las iniciales al requerir "un menor volumen de obras" y conllevar "una disminución de la ocupación del suelo" y "un menor grado de intervención en el medio".

En Montanuy, municipio en el que se encuentra Castanesa, quedan dos ganaderos a los que la presencia del oso está disuadiendo de continuar.

En caso de construirse, las 2.198 viviendas estarían cerca de doblar las 2.271 segundas residencias que hoy existen en el pueblo, de poco más de 2.000 vecinos y en el que también hay 25 hoteles con 1.782 plazas y 2.376 más repartidas en apartamentos, casas rurales y cámpings. Llama la atención esa exención de la evaluación ambiental cuando ese mismo organismo sí se la exigía esta semana al promotor de una casa de turismo rural en Ceeler.

Más nieve artificial ante la falta de la natural

Las críticas de los grupos ecologistas hacen hincapié en un aspecto clave del negocio: ¿Habrá nieve suficiente para llenar las pistas de Cerler y Castanesa?
Los conservacionistas defienden que no, mientras los partidarios del esquí como alternativa para la montaña se agarran a que hoy en día la nieve puede fabricarse, en una segunda opción sigue extendiéndose por el Pirineo ante los cada vez más patentes efectos del calentamiento global en el régimen de precipitaciones tanto de agua como de nieve.

De hecho, el Inaga acaba de dar el visto bueno, también sin someterla a evaluación ambiental, a la construcción de un depósito de agua con capacidad para 747.000 litros a casi 2.000 de altitud, y de una sala de bombas para innivación artificial en la zona del Ampriu, en la zona central de la estación de Cerler.

La balsa actual se ha quedado pequeña ante "las necesidades del sistema actual de nieve artificial" que suple la carencia de la natural, señala la resolución, que llama la atención sobre una realidad: sin la nueva balsa, "la fabricación de nieve acumularía problemas sobre los ya existentes, poniendo en riesgo la misma y, por ende, la viabilidad de la propia estación de esquí".

De hecho, el organismo público, que justifica su decisión apelando a "la reducida utilización de recursos naturales y su ubicación en un área antropizada por instalaciones existentes ligadas a la estación de esquí", descarta vetar la construcción de la balsa ya que "se ha establecido la necesidad de contar con una nueva sala de bombas para la impulsión del agua y aire para la fabricación de nieve artificial".