El Santander recurrirá el pago de 68 millones a Andrea Orcel por su fallido fichaje

El Banco Santander prevé recurrir la sentencia judicial que le impone el pago de 68 millones de euros  a Andrea Orcel por cambiar de opinión sobre su nombramiento como consejero delegado, aunque abogados consultados dicen que el banco tiene pocas posibilidades de recuperar mucho en una batalla que ha dañado su reputación.

Un juez de Madrid falló este mes que una carta de oferta de cuatro páginas enviada por la entidad financiera española a Orcel en septiembre de 2018 era un contrato, que el banco incumplió cuatro meses después cuando decidió echar marcha atrás en su nombramiento. Santander había dicho que la exigencia imprevista de tener que compensar a Orcel por el pago diferido que perdía al dejar UBS había encarecido demasiado su nombramiento.

La sentencia, aunque asequible desde el punto de vista económico, supuso un revés para la presidenta del Santander, Ana Botín, que había participado personalmente en la selección del ejecutivo italiano y luego defendió el cambio de rumo en los tribunales.

Ahora el Santander se está preparando para presentar un recurso, un paso que debe darse en los 20 días hábiles siguientes a la publicación de la sentencia del 10 de diciembre.

Expertos jurídicos, banqueros y académicos creen que hay poco margen para revocar la conclusión principal del juez Javier Sánchez Beltrán de que la carta oferta era legalmente vinculante. "Pueden recurrir pero tienen todas las de perder. En mi opinión, la oferta mostraba que había un acuerdo (entre ellos) y yo creo que el recurso va a ser un intento por salvar la cara", dijo Enrique Quemada, presidente de la firma de inversión OnetoOne.

Un abogado no relacionado con el caso que no quiso ser identificado también dijo que creía que la carta de oferta era un precontrato válido, dado que se había producido una aprobación por parte del comité de nombramientos y remuneraciones del banco con la presidenta a bordo, y que el anuncio se había hecho público.

Botín había dicho al tribunal que la carta de oferta no era un contrato, ya que el consejo de administración del Santander no había aprobado su paquete salarial final. Pero el juez se refirió a tuits suyos y a entrevistas en medios de comunicación en los que decía que el nombramiento de Orcel sería "efectivo desde principios de 2019".

No se pueden presentar nuevas pruebas en la apelación, lo que significa que el Santander tendrá que volver a argumentar que la carta no era un contrato.

El recurso podría llegar hasta el Tribunal Supremo, según fuentes judiciales, por lo que podrían pasar años hasta que se resuelva definitivamente el asunto. Ambas partes pueden llegar a un acuerdo extrajudicial en cualquier momento del proceso.

Abogados y fuentes cercanas al asunto creen que la mejor oportunidad del Santander será rebatir los 10 millones de euros de indemnización por "daños morales" que le concedió el juzgado de Madrid a Orcel, en lugar de su prima de contratación de 17 millones de euros, la cláusula de compensación (buyout) de 35 millones y 5,8 millones por dos años de salario.

Aunque el juez dijo que era difícil acreditar el "daño moral" que le causó a Orcel el giro del Santander, dijo que la decisión final del banco le creó "una considerable frustración, desasosiego, incertidumbre y un cierto descrédito en el ámbito bancario."

"Los diez millones de euros me parecen una cifra elevada, y desconocida, y ahí yo veo más margen de disputa si bien si bien el juez tiene bastante libertad para discrecionalmente estimar lo que considere", dijo el abogado independiente.

Aunque fuentes cercanas al Santander creen que el recurso será una oportunidad para anular la sentencia judicial, una de ellas dijo que "reducir la cantidad también sería un escenario mejor que el que tiene actualmente el banco".

Orcel solicitó originalmente hasta 112 millones de euros al Santander por incumplimiento de contrato y daños a su carrera. En mayo, retiró parte de su demanda tras ser nombrado consejero delegado de UniCredit.

Golpe a la reputación

Analistas y académicos dijeron que el fallo judicial puso de manifiesto posibles fallos en la forma de gestionar el Santander. "No es una buena sentencia en clave de gobierno corporativo y mi preocupación es cómo esa sentencia le va a afectar a los inversores la percepción del governance (gobernanza corporativa)", dijo José Carlos Díez, profesor asociado de la Universidad de Alcalá.

En abril de 2019, algunos inversores criticaron la gestión del banco sobre la abortada contratación de Orcel en la primera junta de accionistas tras la marcha atrás del Santander. La entidad mantiene que el nombramiento se realizó de buena fe y después de llevar a cabo un sólido proceso de gobierno corporativo que involucró al consejo de administración en su conjunto y, específicamente, a las comisiones de nombramientos y retribuciones, órganos que se reunieron 13 veces durante el proceso.

Analistas, banqueros y académicos no ven un gran impacto financiero para el Santander y creen que el banco se cuidará de cometer el mismo error dos veces. "De cara al futuro, el banco tendrá mucho más cuidado cuando se enfrente a la posible búsqueda de un nuevo CEO o alto ejecutivo," dijo Quemada.