Repuntan las actuaciones urbanísticas paralizadas por la crisis

Hubo un tiempo en el que la fiesta del ladrillo parecía no tener freno. Proyectos bautizados con nombres pomposos se esparcían a lo largo del territorio valenciano y acometían la fantasía del entonces gobierno del Partido Popular de convertir el País Valenciano en la California europea.

Algunos de estos delirios megalómanos, a golpe de reclasificaciones de suelo, son hoy una realidad y dibujan en la geografía valenciana el trazo grueso del urbanismo depredador que ha arrasado el territorio. Sin embargo, la bacanal especulativa podría haber avanzado con mucha más contundencia si no hubiera sido por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la llegada de la crisis económica. Un número nada desdeñable de estos planes se quedaron paralizados y nunca llegaron a materializarse.

No obstante, en los últimos meses, algunos movimientos han puesto en alerta a plataformas sociales y grupos políticos. Es especialmente en el litoral donde el viejo modelo quiere seguir abriéndose paso. Pasa, por ejemplo, en el caso del llamado Manhattan de Cullera, un PAI (Plan de Actuación Integral) que desde hace más de una década idea la construcción de 33 rascacielos de 25 alturas, dos hoteles de 40 plantas y un puerto deportivo con 800 amarres en plena desembocadura del río Xúquer, en una zona con alto riesgo de inundación. Este PAI fue suscrito por el consistorio y la Generalitat en 2003 y ratificado en 2004 con Rafael Blasco como conseller de Territorio.

Según ha denunciado en diversas ocasiones Acció Ecologista-Agró, este proyecto acabaría con el único rincón sin hormigonar de Cullera y, entre los efectos directos, la ciudad podría pasar a duplicar su población y a padecer una circulación diaria que pasaría de 18.000 a 35.000 vehículos.

El Partido Popular de esta localidad marítima insistió durante muchos años en esta actuación pero, con el tiempo, el proyecto quedó en el cajón. Sin embargo, el nuevo gobierno de Cullera (PSPV-PSOE y Compromís), a pesar de anular el convenio urbanístico, ha cedido la actuación a la iniciativa privada, decisión que podría desembocar en el relanzamiento del proyecto.

Un proyecto que, a instancias del nuevo Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), aprobado esta legislatura, tendría concedido un plazo de cinco años para iniciar las obras. Transcurridos estos plazos, si no se lleva a cabo, el suelo pasaría a su recalificación y a ser considerado de protección.

En Torreblanca, en el litoral de Castelló, la involución a los viejos tiempos de depredación urbanística también ha planeado. En un acuerdo plenario el pasado verano, el ayuntamiento, con el PSPV-PSOE al frente, licitaba de nuevo este PAI zombie después que en 2017 se liquidase el contrato con la antigua urbanizadora por incumplimiento de contrato.

La reactivación del PAI Doña Blanca Golf cuenta con la negativa del secretario municipal del consistorio castellonense en tanto que vulnera el Pativel. De hecho, en 2017 los terrenos sobre los que se asentaría el proyecto fueron reconocidos como ciénaga y zona de nidificación por la Conselleria. Sin embargo, el mismo Pativel, con la inclusión moratoria urbanística, no asienta con claridad el blindaje de los espacios naturales.

Fue también en la época de Blasco que se consolidó la fiebre de los campos de golf. Para el ex conseller, el turista pedía golf y, por ello, la inauguración de campos y más campos perseguía “superar el atraso” y acercarse a la media europea. Su previsión en 2006 era tener 65 campos de golf en un período de diez años.

Junto con Cullera y Torreblanca, otros tantos PAI paralizados por la resaca inmobiliaria todavía siguen medio conscientes sin que se haya aplicado caducidad. Entre ellos, también están el proyecto de urbanización de Cala Mosca en Orihuela, el PAI de Benimaclet o el PAI de Portitxol en Xàbia. Un engañoso repunte de la economía y una legislación que prevé flexibilizaciones y transitoriedades podría hacer resucitar el urbanismo desbocado.

Lo que se predica y lo que se hace

“No habrá cambio de modelo productivo si no hay cambio de modelo territorial”, expone Antonio Montiel, diputado de Podem en Les Corts. Su grupo volvió a pedir este miércoles en sesión parlamentaria que la Generalitat debe asistir a los ayuntamientos para que puedan declarar caducadas operaciones inmobiliaria inviables.

En declaraciones a Público, Montiel subrayó que la consellera de Territorio no puede escudarse en las hipotéticas reclamaciones o en las indemnizaciones de los agentes urbanizadores. “Los incumplidores son ellos. El urbanismo es una función pública, no un negocio privado. Esto no son billetes de lotería para guardarlos, esperar que bajen los impuestos e ir a cobrar el billete premiado. Hay unos plazos y unas condiciones de ejecución. La Conselleria denota falta de audacia y una cierta renuncia a ejercer las facultades que le concede el derecho”, sostiene el diputado.

Preguntados también por este asunto, desde el colectivo ecologista Per L’Horta resumen los avances de esta legislatura como buenas intenciones. “Ni una mala palabra ni una buena acción. No podemos quedarnos en los preámbulos de las leyes y de los planes territoriales, donde se aboga por la importancia de un sistema de infraestructura verde que se adapte al cambio climático, y después en la práctica hacer lo contrario”, expresa Josep Gavaldà, miembro del colectivo.

El activista reconoce que, entre los avances más importantes de esta legislatura, se encuentra la alta desclasificación de suelo urbanizable no programado. Si atendemos a las cifras proporcionadas por la consellera de Territorio, María José Salvador, en la intervención plenaria del pasado 21 de noviembre, los nuevos criterios de ordenación del territorio han evitado la clasificación de más de 34 millones de metros cuadrados de suelo como urbanizable.

Por lo que respecta al Pativel, la consellera aseguró que este plan ha desclasificado suelo en alrededor de 2.000 hectáreas, 20 millones de metros cuadrados, atendiendo que se trataba de suelos urbanizables sin PAI aprobado.

ZAL: prueba del algodón

Sin embargo, las ambigüedades políticas en lo que respecta a la visión del territorio tienen la prueba del algodón, tanto para Gavaldà como para Montiel, en el plan especial de la ZAL (Zona de Actividades Logísticas) del puerto de València.

A finales de noviembre, el mismo día que se presentaba la Ley de la Huerta para blindar el paisaje milenario valenciano, el gobierno autonómico daba el visto bueno para reactivar esta área urbanizada que se despliega encima de huerta expropiada. Hace 15 años, desembocó en el desalojo de más de dos centenares de vecinos de la pedanía de La Punta y en la destrucción de 650.000 metros cuadrados de huerta calificada como de alto valor agrícola.

Una actuación que aún mantiene las heridas abiertas y que supone, además, la imposibilidad de conectar mediante un corredor verde los parques naturales de la Albufera y el Túria. “¿En qué cabeza cabe que en una ciudad se meta una zona industrial entre dos parajes naturales que están en línea recta?, se pregunta Gavaldà.

El diputado Montiel también aprovechó el pleno de ayer en Les Corts para volver a reclamar que se suspenda la aplicación del plan especial y se camine hacia una moratoria que permita un diálogo social donde se puedan analizar en profundidad las diferentes alternativas. Montiel recordó, además del impacto ambiental, que la ZAL fue un error estratégico en su ubicación, ya que está impedida para crecer, y ha costado 160 millones, más de cinco veces lo que se había presupuestado.

La actuación urbanística ha acumulado diversas resoluciones judiciales en contra. En junio de 2009 el Tribunal Supremo anuló el plan especial y lo declaró nulo de pleno derecho. En mayo de 2015 se declaró nuevamente nulo de pleno derecho el segundo plan especial. En junio de 2017 el Tribunal Supremo declaró nula la resolución aprobatoria de la línea de alta tensión que debía dotar de suministro a los terrenos de la ZAL. En 2012 el Tribunal de Justicia valenciano (TSJCV) declaró que había desaparecido la causa expropiante y obligó a incrementar las indemnizaciones expropiatorias.

“Teníamos todos los argumentos legales para repensar aquella decisión errónea”, sentenció Montiel. Sin embargo, la historia se repite. El cambio de paradigma no está a la vuelta de la esquina.