Las demandas civiles por el quebranto que sufrieron los pequeños accionistas de Banco Popular van a resultar claves para conocer cómo se produjo el fiasco multimillonario de la insolvencia de la entidad, su resolución con la amortización de 4.125 millones de euros en acciones e instrumentos de capital por orden de la UE y su venta por el Gobierno español al Santander por un euro a pesar de que el objetivo declarado de la operación era “la maximización del precio”.

La magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 13 de Barcelona, María Teresa Montañés, ha citado a declarar al actual presidente de Banco Popular, Rodrigo Echenique, que pasó a ese puesto desde el ‘número dos’ de Grupo Santander.

Rodrigo Echenique.

También está citado su antecesor en el cargo, Emilio Saracho, que pilotó la entidad en los seis meses previos a su liquidación. Ambos comparecen en el juicio por la demanda de un pequeño accionista que se va a celebrar el próximo 19 de abril.

Esta decisión, comunicada este mismo miércoles, se suma a la que tomó el martes la magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 27 de la misma ciudad, Yolanda Arrieta, que llamó como testigo a Saracho en la demanda de otro pequeño accionista. Ambas pronostican un largo periplo judicial para los dos ejecutivos, ya que numerosos ahorradores que vieron volatilizarse sus inversiones con la ‘resolución’ han optado por esa vía para tratar de recuperar su dinero.

Citados para el 19 de abril

El auto de la magistrada adelanta al próximo 19 de abril la primera comparecencia pública de los dos principales ejecutivos de Banco Popular en su azaroso último año, las cuales, además de sus efectos en los pleitos concretos, generan la expectativa de que la opinión pública pueda comenzar a conocer de qué manera y por qué motivos se produjeron tanto la insolvencia de la entidad como la amortización de sus acciones.

Emilio Saracho presidió el Popular durante los seis meses previos a su ‘resolución’.

Saracho declarará bajo juramento o promesa de decir verdad y sin posibilidad de eludir la citación, o exponiéndose a sanciones e incluso acciones judiciales en caso de no hacerlo, mientras que Echenique comparece como representante de la entidad demandada en el proceso, lo que le exime de esas exigencias.

Los demandantes sostienen que la información que Popular daba para captar inversores en su ampliación de capital de la primavera de 2016, en la que logró colocar los 2.505 millones que emitió, era como mínimo inexacta e inveraz, especialmente en lo que se refiere a datos económicos relevantes como los de solvencia, y que eso llevó a engaño a los clientes, lo que debería invalidar las operaciones de venta.

El folleto de suscripción de acciones cifraba la previsión de pérdidas para el cierre de 2016 en 2.000 millones de euros, con lo que la ampliación despejaba cualquier riesgo. Sin embargo, el banco reconocía en diciembre un agujero de 3.500 al que añadía otros 700 en abril y que Santander elevó hasta los 12.200 en junio.

Echenique y Sarancho “no formaban parte del consejo de administración”

El banco, por el contrario, sostiene que la entidad era viable, aunque admite que tenía problemas de liquidez, y que su resolución se debió única y exclusivamente a una decisión de la JUR (Junta Única de Resolución, de la UE) y del Frob (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, vinculado al Ministerio de Economía), tesis que llegaron a plantear sin éxito en alguno de los pleitos.

Los abogados de Popular, Guillermina Ester y Marina Sabido, tampoco tuvieron éxito al plantear que la citación tanto de Echenique como de Saracho “resulta inútil e impertinente” y carece de “pertinencia y utilidad” ya que “no formaban parte del consejo de administración” del banco cuando este decidió ampliar el capital.

La jueza avala la petición del demandante, representado por el abogado Felipe Izquierdo, y, aunque matiza que “no se va a pronunciar en este momento procesal sobre la pertinencia o no de la prueba de interrogatorio” de Echenique y Saracho, avanza que los admitirá si pueden “resultar conducentes a la averiguación de hechos y circunstancias controvertidos, que guarden relación con el objeto del juicio”.