"Inquiocupación" o cómo el PP andaluz criminaliza a los inquilinos allí donde la especulación ha disparado el alquiler

El alquiler supone de media para los habitantes de las principales ciudades andaluzas, como Sevilla y Málaga, entre el 30% y el 40% de sus sueldos, según la tasa de esfuerzo calculada por el portal Idealista en mayo de 2024. Un porcentaje que va creciendo año tras año de acuerdo con la tendencia que muestran los informes trimestrales del propio portal inmobiliario. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga eleva esta cifra para la capital de la Costa del Sol, situándola en el 44,27% para una persona sola y en el 51,36% para un hogar. Los focos que alimentan esta problemática son muchos y variados, como  viene señalando desde hace años el movimiento por el derecho a la vivienda, desde donde se apunta a dos cuestiones fundamentales: la falta de políticas efectivas y una turistificación voraz. A ello, además, hay que añadir la precariedad del propio sector terciario y la falta de oportunidades laborales más allá de este.

El pasado 29 de junio todas estas problemáticas se pusieron de forma evidente sobre la mesa cuando más de 20.000 de personas salieron a las calles de Málaga en una manifestación impulsada por el Sindicato de Inquilinas de la ciudad. A la convocatoria también se unió Cádiz. A pesar de ello, ninguna de las demandas de los colectivos por el derecho a la vivienda han sido incluidas en el borrador del anteproyecto de ley de vivienda presentado por el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) un mes después de estas movilizaciones ciudadanas. En cambio, el texto pone el acento en las reiterativas e inefectivas medidas de promoción de la vivienda y en la ocupación, concepto que retuerce para equipararlo con los impagos del alquiler bajo el término "inquiocupación". Este concepto es definido como "el estado intermedio entre ser un arrendatario con deudas y un ocupante ilegal".

Tanto el PP nacional como el andaluz han calificado a menudo la ocupación como un problema y han impulsado numerosas medidas para combatirla. Ya lo hizo en 2019 la propia consejera andaluza de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, la popular Rocío Díaz Jiménez, al presentar una moción contra la ocupación ilegal de vivienda cuando todavía era portavoz del Grupo Municipal Popular de Granada.

Sin embargo, los datos disponibles sobre este fenómeno no respaldan la preocupación de los populares. Mucho menos indican que sea esta la razón por la que existe un problema de acceso al alquiler. En 2023 se produjeron en Andalucía unas 2.331 denuncias –es decir, hechos denunciados sin que se sepa cómo se resolvieron– por allanamiento y usurpaciones de inmuebles en toda Andalucía, la cifra más baja en los últimos cinco años de acuerdo a los datos del Ministerio del Interior. El mismo año se registraron 424 verbales posesorios por estos delitos en las ocho provincias del sur de la península, de acuerdo a las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial. Esto supone 1,6 casos por cada 100.000 habitantes. Un verbal posesorio es un procedimiento civil por el que se busca proteger un inmueble frente a perturbaciones, sin que tenga que darse un delito ni se busque la sanción de nadie.

Cabe recordar que, según el artículo 202 del Código Penal, el allanamiento se produce al entrar en la vivienda habitual o segunda residencia de una persona sin su consentimiento, con o sin violencia. Es un delito grave castigado por la ley con penas que pueden llegar a los cuatro años de prisión. El allanamiento de morada es un delito que no sólo está vinculado a la ocupación, sino que también a robos u otro tipo de situaciones, como cuando en una disputa de cualquier tipo una de las partes entra en la vivienda de la otra sin su permiso. En todos los supuestos, la Policía Nacional tiene potestad para desalojar al ocupante en cuestión de horas, después de que el agraviado haya interpuesto una denuncia.

Por otro lado, el delito de usurpación de bienes inmuebles hace referencia a la ocupación sin autorización del propietario de un inmueble que no constituye su vivienda habitual. Es decir, que no es ni la primera ni segunda residencia. Según el artículo 245 del Código Penal puede ser penado con uno a dos años de prisión cuando se hubiera llevado a cabo con violencia e intimidación o considerarse un delito leve en el caso de que no haya sido así. En este último se encuentran los casos de ocupación de viviendas vacías propiedad de grandes tenedores o de bancos.

Ya que tanto las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial como las del Ministerio del Interior aportan de forma conjunta los datos de allanamientos y usurpación, no es posible saber cuántas de estas denuncias o verbales posesorios registrados en Andalucía en 2023 corresponden, verdaderamente, a un caso en el que la persona denunciada se disponía a habitar una vivienda que no era de su propiedad.

A ello se suman las muchas denuncias públicas que se hacen sobre casos de ocupación que resultan no serlo y que, independientemente de su veracidad, protagonizan las narraciones televisivas en la época estival y son ampliamente difundidas por la extrema derecha y las empresas de desokupación. Fue el caso ocurrido en verano de 2021, en el que una anciana, vecina de Madrid, denunció que la que había sido su cuidadora había ocupado su vivienda. El caso, que fue profusamente seguido por la prensa, resultó ser falso. La vecina a quien habían ocupado no era la propietaria del piso, sino una inquilina de renta antigua que subarrendaba ilegalmente la vivienda a su cuidadora desde hacía cuatro años. Cuando la propietaria real de la vivienda intentó rescindir el contrato por sospechas de lo que ocurría, la anciana y su familia inventaron la historia de que la chica había ocupado la vivienda.

Derechos del inquilino

La consejera andaluza responsable del área de vivienda, Rocío Díaz, ha criticado en numerosas ocasiones la ley Estatal de Vivienda aprobada por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos en 2023. La Junta consideró que la norma invadía competencias autonómicas y presentó un recurso contra la misma al Tribunal Constitucional que fue parcialmente aceptado en cuatro artículos de la ley: en los relacionados con las viviendas de protección oficial, la declaración de zonas tensionadas o los datos que deben aportar los grandes tenedores de vivienda.

Además, tanto Díaz como la dirección estatal de su partido han asegurado que la nueva ley privilegiaba a los inquilinos y a los ocupas por encima de los propietarios. Sin embargo, no explicitan de qué forma se dan estos supuestos privilegios y mezclan a menudo situaciones de ocupación que ya están penadas por la ley, con aquellas que no lo son.

La norma estatal trata de proteger a los inquilinos cuando se encuentren en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, al abordar la posibilidad de llevar a cabo una prórroga extraordinaria de un año al término de un contrato de arrendamiento cuando el inquilino acredite encontrarse en una situación de vulnerabilidad social y económica, y el arrendador sea un gran propietario. Es decir, que cuente con más de 10 viviendas en alquiler.

Los sindicatos de inquilinos, por contraposición, también critican la ley estatal de vivienda, aunque desde otro lugar. Consideran que la norma puede ser un buen punto de partida, pero entienden que es insuficiente en cuanto a los derechos y protección de las personas que viven de alquiler. Una medida que sí ha tenido una cierta acogida por parte del movimiento por la vivienda es la que regula los honorarios que cobran las empresas inmobiliarias. Desde la entrada en vigor de la ley, estos deben ser sufragados por los propietarios, que son los que reciben el servicio, y no por los inquilinos.

Sin embargo, como han denunciado en reiteradas ocasiones, se trata de una medida que genera nuevos abusos porque, en la práctica, no se cumple debido a la falta de mecanismos de fiscalización. En este sentido, cabe destacar que el borrador de la ley de vivienda andaluza no recoge nada al respecto de esta cuestión.

Del mismo modo, ni la ley estatal ni la propuesta andaluza hace alusión a los alquileres de temporada y por habitación, considerados ilegales por no acogerse a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). De hecho, a principios del pasado mes de julio, los sindicatos de inquilinos e inquilinas de todo el estado presentaron una Proposición de Ley ante el Congreso para modificar la Ley con el objetivo de regular dichos contratos. La propuesta contó con el apoyo de Podemos, Sumar, BNG, ERC y EH Bildu.

Los inquilinos en el anteproyecto de ley andaluza

La propuesta del PP andaluz para mejorar el derecho a la vivienda en Andalucía se centra casi exclusivamente por el fomento de la construcción. Para ello, señalan desde la propia Junta, los pilares básicos del anteproyecto son la producción de suelo para viviendas a precios asequibles, la creación de una bolsa de suelos disponibles y la conversión de suelos urbanos dotacionales –es decir, los que se destinan a parques, hospitales y otras infraestructuras comunitarias y sociales–, en residenciales. Esto es, para construir viviendas en ellos.

En la narrativa de las derechas, los inquilinos son potenciales ocupas, por lo que la estimulación del mercado inmobiliario pasa por establecer mecanismos de disuasión de este fenómeno. Así lo recoge el artículo 40 del borrador, que propone medidas como el asesoramiento de los propietarios presuntamente ocupados. También, impedir el acceso a viviendas de promoción pública o social, así como a ayudas al alquiler a cualquier persona condenada por allanamiento de morada, usurpación o  por haber caído sobre ella cualquier expediente de recuperación o desahucio en los últimos cinco años.

Además, el borrador promueve la creación de una Comisión de Coordinación en Materia de Desahucios y Lucha contra la Ocupación ilegal e inquiocupación, cuyo objetivo es "establecer las directrices para la coordinación de la información, asesoramiento y acciones para evitar la ocupación ilegal e inquiocupación, y para ofrecer soluciones habitacionales conjuntas en situaciones de desahucio y vulnerabilidad social". El borrador no entra en detalles sobre en qué consistirán las acciones para evitar la ocupación ilegal.

Por último, el anteproyecto propone la creación de un Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento en materia de desahucios y lucha contra la ocupación ilegal, que atenderá las dudas de personas que vayan a ser desahuciadas y a los propietarios con viviendas ocupadas ilegalmente. Asimismo, establecerá una Unidad Municipal de Asesoramiento que aplique las directrices de dicho sistema en cada localidad.

Las medidas "antiokupación" no son una ocurrencia de Moreno Bonilla. La presidenta de la Comunidad de Madrid, la también popular Isabel Díaz Ayuso, ya promovió en 2022 la creación de un teléfono antiokupación para enfrentar un delito que, según afirmó entonces, "arruina a muchas familias y genera en todas una gran preocupación y sensación de inseguridad". Entre junio de 2022 y el de 2023, el teléfono sonó una media de 5,8 veces al día, según informó Público en exclusiva. El 15% de las llamadas sólo buscaban verificar la autenticidad del número. Además, tal y como publicó El País, la CAM sólo dio traslado a la policía de un 6% de los casos.

La situación de la vivienda en Andalucía

Lo que sí abundan en Andalucía son las viviendas vacías, que suponen un 14% del total de viviendas de la región. Son los restos de la burbuja inmobiliaria de la primera década de los 2000. También abundan las viviendas de uso turístico (VUT): un total de 114.423 a fecha de 11 de agosto de 2024, según los datos públicos del Registro de Turismo de Andalucía. De las ocho provincias andaluzas, Málaga es, con creces, la que un mayor número registra. Unas 76.489 VUT que suponen un 66,85% de las existentes en todo el territorio andaluz.

Desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga consideran que la inmensa mayoría de estas viviendas turísticas son ilegales, y hacen referencia al Decreto 31/2024 de la Junta de Andalucía, por el que se modifican diversas disposiciones en materia de viviendas de uso turístico, establecimientos de apartamentos turísticos y hoteleros de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en vigor desde el 22 de febrero. La norma señala que todas las VUT deben poseer una entrada independiente y también sus instalaciones generales. De inicio, esto excluye las ubicadas en edificios y propiedades verticales, que en vista de los datos del propio Registro de Turismo de Andalucía (RTA), son la gran mayoría. Desde este Sindicato insisten además en que, en el caso de Málaga, esto ya había sido recogido en el PGOU de 2011, por lo que el Ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol habría venido incumpliendo de forma sistemática su propia normativa en lo relativo a las viviendas turísticas que operan en la ciudad. A fecha de hoy, son, según el RTA, 12.643.

En los últimos años, la transformación de arrendamientos de larga temporada en alquileres de corta estancia con fines turísticos se ha convertido en una operación habitual en las grandes ciudades andaluzas. Un lucrativo negocio para inversores autóctonos y extranjeros que obliga a los inquilinos a abandonar su hogar debido al cambio de uso, que se ven inmersos en la búsqueda de una nueva vivienda. Esta es una tarea casi imposible en Málaga, sobre todo por las cada vez más elevadas rentas que exigen los caseros de larga temporada.

De media, el alquiler en Andalucía se ha encarecido un 31,03% en los últimos cuatro años, según datos del portal inmobiliario Idealista.com. A la vez, el 83,7% de los municipios andaluces se situaba entre el 25% de los municipios españoles con menos renta   –por debajo de 10.987 euros–. Las dos localidades más pobres de España son, de hecho, andaluzas: El Palmar de Troya (Sevilla) y Albuñol (Granada), con 7.299 y 7.371 euros de renta neta anual media por habitante respectivamente, según los últimos datos del renta de los hogares españoles del INE, publicados a finales de 2023. En cambio, el municipio más rico de España, Pozuelo de Alarcón (Madrid), alcanza los 27.167 euros.

El anteproyecto de ley andaluza no dedica una sola línea a limitar los efectos perjudiciales que la masificación de viviendas turísticas generan en el mercado del alquiler, salvo para prohibir este uso en las viviendas protegidas. Tampoco aborda la limitación de los precios de los alquileres.