El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reaccionó con rapidez a la decisión adoptada por el Tribunal Supremo, y anunció este miércoles que el Ejecutivo cambiará la ley para que sea la banca y no el cliente el que deba pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) en la firma de una hipoteca.

Sánchez, tras reunirse en el Palacio de la Moncloa con la vicepresidenta, Carmen Calvo, y las dos ministras económicas, Nadia Calviño y María Jesús Montero; y el ministro de Fomento,  José Luis Ábalos para analizar el criterio del Supremo, compareció en rueda de prensa para informar de que "nunca más los españoles pagarán este impuesto", afimó.

Sánchez explicó que esta modificación se realizará a través de un real decreto ley, que aprobará mañana el Consejo de Ministros y que deberá contar posteriormente con el visto bueno del resto de grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados.

No obstante, la medida entrará en vigor el próximo viernes, que es cuando será publicado en el Boletín Oficial del Estado, ya que los reales decretos son de carácter ejecutivo en cuando son publicados.

Sin embargo, el presidente del Gobierno dijo que "cree y confía" en que el real decreto tendrá el apoyo mayoritario en el Congreso, pese a que algunas fuerzas políticas han planteado la eliminación completa del impuesto y que ni siquiera lo pague la banca.

Sánchez explicó que el Gobierno no se ha planteado en ningún momento la supresión del impuesto, y pidió a estas fuerzas políticas que se lo expliquen a las comunidades autónomas, que son las que lo recaudan.

Además, el Gobierno aprobó la creación de una “autoridad independiente de protección de los clientes financieros”, un órgano para proteger a los ciudadanos de abusos y conflictos del sistema financiero.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la vicepresidenta, Carmen Calvo, el titular de Fomento, José Luis Ábalos, y la de Economía y Empresa, Nadia Calviño, en la reunión en la que han abordado las medidas del Ejecutivo tras la decisión de ayer del Tribunal Supremo sobre las hipotecas. Pool Moncloa / Fernando Calvo

El Gobierno, de momento, se ha limitado a estas dos propuestas ya que remite otras decisiones a la reforma de la ley hipotecaria que se está tramitando actualmente en el ¨Congreso.

Dicha reforma de la ley hipotecaria (una transposición de una directiva europea en la que España lleva mucho retraso) está en su trámite final, en el que varios grupos políticos, como Ciudadanos y Unidos Podemos, habían solicitado legislar sobre el reparto de gastos en las hipotecas y dejar claro que es el banco el que debe pagar el impuesto. La primera reacción del Partido Popular al conocer el cambio de criterio del Supremo fue un tuit de su secretario general, Teodoro García Egea, pidiendo la supresión del impuesto.

El AJD es aproximadamente un 70% de los gastos asociados a la constitución de una hipoteca. La recaudación es para las comunidades autónomas. La decisión de cambiar la redacción de la ley actual aclararía la norma sin penalizar a la banca que no tendría que pagar retroactivamente el impuesto que han pagado los clientes hasta ahora.

Un grupo de manifestantes protesta contra la decisión del Tribunal Supremo sobre las hipotecas, frente al mismo edificio. EFE/Rodrigo Jimenez

El Tribunal Supremo acordó la noche del martes en una tensa y ajustada deliberación (con 15 votos a favor y 13 en contra) volver al criterio por el que el solicitante de un préstamo hipotecario debe asumir el cargo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Lo ajustado del resultado deja claro, según una fuente jurídica, que la redacción de la ley actual es demasiado interpretable.

El Supremo había decidido a mediados de octubre que el impuesto lo pagara la banca, lo que supuso una fuerte caída en bolsa de los bancos, con estimaciones de costes que iban entre 640 millones de euros y 17.000 millones de euros para el conjunto del sector en función de la posible retroactividad y que también habría afectado al déficit público.