La RBU no sólo es una respuesta al dramatismo de las políticas de austeridad y de las pérdidas masivas de empleo que ha dejado la crisis financiera. Es, también, para una oleada creciente de políticos, economistas y sociólogos, una solución a los complejos desafíos y los velados efectos secundarios de la robotización. El Consejo de Europa, institución que vela por la protección y la defensa de la democracia, la ley y los derechos humanos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, acaba de manifestar su apoyo a este instrumento de reposición de ingresos a aquellos ciudadanos que se encuentran en situación de desempleo.

En su reunión plenaria de invierno, a finales de enero, el 51% de sus diputados respaldó la propuesta de la italiana Nunzia Catalfo, del Comité de Asuntos Sociales, Sanidad y Desarrollo Sostenible, que reclamaba la puesta en marcha de la RBU en Europa (pertenecen a este organismo, del que depende el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, todas las naciones europeas excepto Bielorrusia) como medida con la que “asegurar una vida digna a los ciudadanos”, en un contexto en el que los estándares de vida surgidas de la post-crisis “no están en disposición de garantizar ni de proteger la dignidad y la autonomía de las personas”, explica el informe de Catalfo. Un 36%, en cambio, se desmarcaron de esta iniciativa, con un 13% de abstenciones.

Ante esta tesitura, ¿es la RBU la solución, como dictamina el Consejo de Europa a la desigualdad social?; ¿resulta ser una idea exclusiva de posiciones políticas progresistas? O, como dicen sus detractores, ¿es una receta financieramente irresponsable que, en vez de reducir la pobreza, perpetuará las desigualdades sociales y cronificará el desempleo de larga duración?

A juzgar por las opiniones como la de Bill Gates, nada sospechoso de planteamientos alejados del mercado, que ve en la RBU como la “panacea” a la sostenibilidad de las pensiones y a las carencias salariales y la pérdida de puestos de trabajo de la robotización y automatización de los modelos productivos, parece más bien una alternativa casi ineludible. Sobre todo, “para ciertos grupos de profesionales y trabajadores y para áreas de actividad concretas”, tal y como matiza el ex fundador de Microsoft.

Defensores y detractores de la RBU

En esencia, la RBU tiene un ideario contrario y otro favorable a su implantación. Los argumentos de sus detractores inciden en que un beneficio incondicional como éste desincentiva el trabajo y la productividad; en que los gobiernos no serían capaces de gestionar los fondos asignados a este fin y en que generaría presiones inflacionistas sobre sus economías. Por contra, el relato de sus correligionarios resalta como su gran beneficio la abolición de la pobreza -al menos, de sus umbrales más bajos-, además del aumento de la red de seguridad sobre las rentas de los hogares que accedieran a la RBU, de suponer un claro incentivo al emprendimiento y a la investigación de las personas que disfruten de la renta y una correa de transmisión de los frutos de los avances tecnológicos sobre la sociedad civil.

Entre los primeros figuran economistas como Ian Goldin, profesor de Globalización y Desarrollo de la Universidad de Oxford y coautor de la Era del Descubrimiento. A su juicio, la RBU “es una mala idea” en la época de las deslocalizaciones y de la robotización, porque acentúan “los procesos de destrucción de empleo” que crean estos dos fenómenos. Las automatizaciones productivas “elevarán las vulnerabilidades laborales” mientras se acomete esta reconversión, por lo que, durante no pocos años, “el crecimiento de nuevos empleos será más lento que la destrucción de puestos de trabajo manuales”, por lo general más lentos y de menor calidad que los que se encomiendan ya a robots.

Goldin se muestra convencido, además, que las ciudades -países o regiones- que se decanten por fórmulas de rentas universales a sus residentes en situación de vulnerabilidad van a “experimentar pérdidas de prosperidad y recortes adicionales de empleos” respecto a las que, por el contrario, fomenten inversiones en infraestructuras, impulsen la movilidad laboral de sus ciudadanos o dinamicen sus mercados inmobiliarios

Este pensador, que pone voz a los enemigos de la RBU, observa cinco amenazas a este tipo de iniciativas: en primer lugar —dice— “es financieramente una irresponsabilidad” que ahondará en los agujeros presupuestarios y restará recursos a Educación o Sanidad; también generará más desigualdad y pobreza porque, como alerta la OCDE, absorberá fondos destinados al desempleo, la discapacidad o las ayudas al alquiler o adquisición de viviendas; en tercer término, será foco de abandono de la búsqueda activa de empleos, propiciando rupturas familiares e incentivando el crimen o la drogodependencia, como ha ocurrido -insiste- en estados americanos que han sido especialmente castigados por la crisis y las deslocalizaciones, como Detroit; el cuarto punto de discordia es -aclara- la dependencia social de sus beneficiarios; finalmente, su mero debate contribuye a post-poner la toma de decisiones de líderes políticos y empresariales al desarrollo de nuevas habilidades profesionales y al futuro laboral de la época de la digitalización.

“Olviden la RBU”, enfatiza Goldin, “se necesitan industrias creativas, profesionales flexibles a la formación y nuevos beneficios económicos para crear empleo”.

Sin embargo, hay grandes empresarios que apoyan a Gates. Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, pide su universalización. Al igual que Jeff Bezos, el jefe de Amazon y actual hombre más rico del planeta, que la defiende para amortiguar los efectos de la crisis en términos de desigualdad y afrontar la automatización del futuro inmediato o Elon Musk (creador de PayPal, SpaceX o Tesla, entre otros éxitos empresariales de este gurú de la tecnología), para quien “acabaremos viendo la RBU más pronto que tarde”, ya que su implantación “es necesaria” para afrontar los desafíos del mercado y las nuevas tendencias en la producción de bienes y servicios.

Mientras, otras figuras empresariales como Pierre Omidyar, fundador de eBay, ha donado cerca de medio billón de dólares, a través de su fundación al desarrollo de GiveDirectly, proyecto de renta básica para reducir la pobreza en Kenya. O Sam Altman, presidente de Y Combinator, la incubadora de start-up más importante de Sillicon Valley, quien vaticina que la robotización será casi plena a lo largo de este siglo e impulsa, por ello, la renta básica en Oackland (California).

En línea con argumentos como el de Chris Hughes, el otro cofundador de Facebook, quien recuerda que la fe social en el actual patrón de crecimiento de EEUU “se romperá en múltiples formas” a medio plazo y que cualquier tratado de “reconversión de nuestra economía”, en consecuencia, “debería incluir propuestas honestas” como la RBU.

La RBU anda huérfana políticamente

La renta básica, en cualquier caso, no parece responder a una ideología concreta. Cierto es que las posiciones progresistas siempre han mostrado mayor atracción a implantar esta retribución. Incluso más comprensión hacia sus efectos correctores en términos de igualdad socio-laboral. Pero varios de sus más recientes manifestaciones proceden de posiciones conservadoras. Como el que ha promovido el gobierno de centro-derecha finlandés, el proyecto piloto de Kela, su ente de Seguridad Social, por el que, durante dos años, 10.000 adultos recibirán 550 euros al mes y que, según las primeras percepciones (que no datos oficiales, que Helsinki se resiste a avanzar hasta que no culmine la experiencia), están propiciando el espíritu emprendedor entre quienes reciben la ayuda.

En este terreno, también hay que mencionar la iniciativa de la liberal Holanda en su ciudad de Utrecht, con una paga de 980 dólares y otro grupo de voluntarios que ingresan una porción de esa cantidad o el referéndum convocado en 2016 por la poco altruista Suiza, que rechazó la propuesta de otorgar 2.500 francos suizos a sus ciudadanos, un coste que ocasionaría a las arcas de Berna 25.000 millones de francos.

Aunque la experiencia de Kenia de Give Directly de conceder 30 millones de dólares a unas 6.000 personas mediante mensualidades durante 10-15 años, hasta que se agote el dinero, demuestra que los más proactivos en favor de la RBU son los movimientos sociales y sindicales. También la de Namibia que, desde 2008, a través de una alianza entre ONG’s católicas y sindicatos, la Basic Income Grant Coalition, ha logrado reducir la pobreza y la criminalidad, gracias a su programa Otjivero-Omitara. Pero, quizás, el más emblemático caso de renta básica sea la de Alaska, que distribuye los beneficios de su Permanent Fund Dividend (PFD) entre sus conciudadanos desde 1982 y que ha sido capaz de crear más de 10.000 nuevos puestos de trabajo y de reducir las ratios de pobreza del 25% al 19% en su primer decenio de vida.

Su éxito es incuestionable: sólo el 1% de su censo de población achaca a su existencia la pérdida de empleos. Por si fuera poco, los supuestos de RBU en el sector privado se suceden. En Silicon Valley, el acelerador de start-up Y Combinator ha instaurado una ayuda de 1.000 dólares durante cinco años a 3.000 personas de su distrito empresarial. Inspirados en experiencias como los de Seattle o Denver, en los años setenta, donde la renta universal supuso ingresos medios de 1.800 dólares por persona y un recorte del desempleo de 4,6 puntos.

Las formaciones socialdemócratas y de la nueva izquierda europea harían bien en adoptar este tipo de planteamientos. Es decir, en seguir las instrucciones del Consejo de Europa. Entre otras cuestiones, porque han perdido el paso, por una manifiesta falta de respuestas ante la crisis. En un momento en el que el eje franco-alemán prepara una amplia agenda reformista del euro, con medidas como la culminación de la unión bancaria, la creación de un Fondo Monetario Europeo, un presupuesto común, con recetarios de flexibilidad laboral, o un superministro de Economía. Todas de marcada índole económica.

La RBU vendría a equilibrar en la balanza legislativa de la UEM el desequilibrio de las propuestas sociales, a falta de un compromiso oficial de países como Alemania para mutualizar, por ejemplo, la deuda de los socios monetarios. Sobre todo, porque entusiastas anglosajones como Bernie Sanders, en EEUU, o el líder laborista británico, Jeremy Corbyn, han abrazado la idea mucho antes que otros dirigentes de la izquierda continental. Cuando, paradójicamente, las dudas sobre el cobro de las pensiones futuras se han empezado a propagar como la pólvora en no pocas sociedades del Viejo Continente.

Asoladas por una presión demográfica que eleva exponencialmente el censo de personas en retiro laboral. Fenómeno que podría mitigarse con un coste presupuestario nada desorbitado. En EEUU, por ejemplo, si se dieran 10.000 dólares anuales a todos sus ciudadanos, el gasto fiscal ascendería a 3,2 billones de dólares. Pero si se excluyen a niños, pensionistas y a las familias con ingresos superiores a los 100.000 dólares anuales, esa cifra se reduciría a menos de la mitad: 1,5 billones de dólares. El montante que destinará Donald Trump a Defensa.