Los bancos españoles están inquietos por un fallo inminente del Tribunal Supremo que decidirá en qué momento el interés que se cobra por el préstamo con tarjetas de crédito es tan alto que podría ser clasificado como "usura".

Los tipos de intereses ultrabajos han empujado a los bancos españoles a buscar mayores rendimientos en líneas de negocio más rentables como el crédito al consumo.

Sin embargo, los elevados tipos aplicados en las tarjetas cada vez más populares, que permiten pagos periódicos y renuevan automáticamente las líneas de crédito, han desencadenado una ola de demandas de prestatarios cargados de deudas.

El caso presentado por una mujer de Cantabria por una tarjeta Visa City Oro emitida en 2012 con una tasa de interés anual del 26,82% será examinado a partir del 26 de febrero por el máximo tribunal español.

La llamada tarjeta de crédito con pago aplazado o revolving, que permite a los clientes pedir prestado continuamente hasta ciertos límites dependiendo de las compras y los pagos, fue originalmente emitida por Citibank España pero ahora pertenece al banco online WiZink.

Dos tribunales de menor instancia han dictaminado que los tipos suponen usura, lo que ha llevado a WiZink a apelar.

Si el Tribunal Supremo falla que la tasa pagada en el caso de la mujer de Santander era demasiado alta o estaba mal explicada, podría obligar a los bancos a elevadas compensaciones y a recortes de tipos.

WiZink, que se enfrenta a 2.500 demandas por tarjetas de crédito, no ha querido comentar el caso. Es uno de los muchos bancos que ofrecen tarjetas con tasas de interés que pueden superar el 25%.

En un escenario de mayor demanda de liquidez rápida entre los consumidores españoles, las transacciones de crédito revolving aumentaron a 13.600 millones de euros a finales de 2019, lo que supone un aumento del 54% en cinco años, mientras que las hipotecas cayeron un 12% en aproximadamente el mismo período.

Según la ley de usura de España de 1908, no existe una tasa específica por encima de la cual un préstamo se defina como tal, pero la normativa dice que los costes del préstamo no deben estar "manifiestamente" por encima del coste normal del crédito.

El abogado de la mujer, Celestino García Carreño, dijo que argumentarán que las tarjetas de crédito no deben tener un estatus especial en comparación con otros tipos de préstamos al consumo, que tienden a cobrar unos intereses de alrededor del 7%.

El pensionista español José Luis Vaquero es uno de los miles de personas que estarán observando de cerca el fallo. Hace seis años, firmó una tarjeta de crédito revolving en un aeropuerto de las Islas Canarias con una tasa de alrededor del 27%.

Después de tomar unos 13.000 euros de crédito con la tarjeta, también emitida por WiZink, las tasas eran tan altas que su deuda se disparó hasta el punto de no poder pagar el principal. 

"Al final no dejaba de pagar cada vez más intereses y mis pagos mensuales ascendieron incluso a 700 euros", señaló Vaquero. "No dejaban de molestarme, llamándome continuamente cuatro o cinco veces al día", añadió Vaquero, que se vio forzado a malvender una propiedad en Marbella para hacer frente a la deuda.

La inseguridad jurídica ha retrasado los planes de salida a bolsa de WiZink,  heredera del antiguo negocio de Bancopopular-e, según dos fuentes con conocimiento del asunto, obligándola a provisionar 25 millones de euros ante la plétora de demandas.

La semana pasada, el Banco de España destacó los riesgos de la amplia oferta de productos de tarjetas de crédito, diciendo que es posible que los pagos mensuales no cubran cubrir ni siquiera los intereses. "Hay un efecto de bola de nieve y los riesgos de la deuda se vuelven indefinidos", dijo.

WiZink, que gestiona alrededor de 3.400 millones de euros en tarjetas de crédito, ha dicho que el aumento de los costes se justificaba al tratarse de préstamos más arriesgados. No hizo comentarios sobre el caso de Vaquero.

Otros bancos también se enfrentan a cientos de demandas más relacionadas con préstamos al consumo, según el Banco de España.

Patricia Suárez, directora de la asociación de consumidores Asufin, dijo que para ella el principal problema era la falta de transparencia. "Nosotros desde Asufin venimos defendiendo que no solo es una cuestión de usura, también es una cuestión de transparencia, de explicar de forma clara un contrato al cliente", dijo a Reuters.

El Ministerio de Economía español está trabajando en un proyecto de ley para proteger mejor a los usuarios de créditos revolving.