"Si pensamos en las personas que tienen la necesidad de acudir a buscar en la basura, no podemos entender cómo el ayuntamiento piensa recaudar ese dinero, criminalizando la pobreza y pudiendo llevar, en ocasiones, a una familia de escasos recursos a una quiebra total para hacer frente a esta sanción", sostiene Elena Tomás, de ZeC (Zaragoza en Común), sobre la propuesta del equipo de gobierno PP-Cs de la capital aragonesa, que dirige Jorge Azcón, para imponer multas de 50 a 750 euros por "manipular, rebuscar o extraer residuos depositados en recipientes instalados en la vía pública", es decir, en los contenedores y papeleras.

Resulta "poco eficaz, roza el ridículo y alberga un claro componente de rechazo a las personas sin recursos", anota Bona sobre este contenido del proyecto de Ordenanza Técnica de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos Domésticos que está tramitando el Ayuntamiento de Zaragoza.

Los artículos 11 y 83 de ese texto, en los que se regulan esas infracciones y sanciones rezuman un intenso olor a aporofobia, que es la "fobia a las personas pobres o desfavorecidas", ya que el equipo de gobierno municipal justifica la propuesta de castigar a quien rebusque en la basura "por su especial repercusión en el ornato e higiene de la ciudad".

De hecho, incluye la medida en los mismos artículos con los que pretende prohibir y sancionar acciones como escupir en la calle, tirar colillas en ella, arrojar desperdicios desde un coche o no recoger las heces de una mascota; es decir, mezclando el castigo al incivismo con la penalización de la pobreza, que suele ser, extravíos y traperías al margen, el motivo principal que lleva a las personas a rebuscar en la basura.

Limpiar parabrisas y dormir en el coche

La iniciativa del equipo de gobierno de PP y Cs de Zaragoza no es, sin embargo, una medida aislada en esa frecuencia política, ya que otros consistorios en manos de coaliciones similares han impuesto a lo largo de esta legislatura otras medidas de marcados componentes aporofóbicos en algunas ciudades españolas.

Así, el Ayuntamiento de Murcia aprobó a finales de 2020, antes de la moción de censura con la que una coalición PSOE-Cs sustituyó a la anterior PP-Cs con la que comenzó la legislatura, una ordenanza de convivencia que sanciona como infracción grave la "limpieza de los parabrisas de los vehículos detenidos en los semáforos" y como leve la propuesta para hacerlo a "personas que se encuentren en el interior de vehículos privados o públicos".

Esa medida, mantenida por el actual equipo de gobierno, expone a quien sea declarado autor de la primera de esas acciones a multas de hasta 1.500 euros, el doble en caso de reincidir en un año, y de 750 para los de la segunda con la misma gradación en caso de reiteración.

Algo similar ocurría en Badajoz, donde desde finales de 2021 la ordenanza de Seguridad y Convivencia en el Espacio Público cataloga como mendicidad, y lo sanciona con multas de 30 a 750 euros, "el ofrecimiento o prestación de servicios en la vía pública no requeridos a cambio de un donativo o precio, tales como la limpieza de parabrisas de vehículos, aparcamiento y vigilancia de coches en la vía pública", y también "la venta de objetos no comercializados de forma legal o aquellos que deben ser expendidos en establecimientos con autorización para su venta".

Esa normativa, que excluye de la catalogación como mendicidad "las actividades musicales, artísticas y de animación de calle ejercidas en la vía pública de forma puntual y no periódica, siempre que se solicite la dádiva de forma no coactiva y como contraprestación a la actuación realizada", castiga con la misma dureza "dormir de día o de noche" tanto en automóviles como en espacios públicos y "utilizar los bancos y los asientos públicos para usos distintos a los que están destinados".

La prohibición de actividades callejeras incluye en Málaga actividades como "tarot, videncia, masajes o tatuajes, aparcamiento, ordenación y vigilancia de vehículos, u otros análogos".

Prohibido regar macetas y sacar la basura fuera de horas

Esos planteamientos, en los que se penalizan conductas que los ciudadanos llevan a cabo de manera extraordinaria y más por necesidad (normalmente económica) que por incivismo o ganas de fastidiar a sus convecinos, ofrecen pistas sobre la concepción del espacio público y los usos apropiados para desarrollarse en él que mantienen los gobiernos municipales conservadores, ya sea por acción, al impulsar ordenanzas de ese tipo, o por omisión, al mantener otras anteriores.

La de Badajoz prohíbe también "regar en los balcones y ventanas cuando se produzcan daños o molestias a otros vecinos o viandantes" salvo que se haga "entre las 6:00 y las 8:00 horas de la mañana y entre las 23:00 y las 01:00 horas de la noche", unos horarios de difícil cumplimiento para personas de edad avanzada, y sacar la basura fuera del "horario fijado por el ayuntamiento", que por otra parte no se especifica.

Esas acciones se sancionan en la ciudad pacense con multas de hasta 750 euros, la misma tasación que PP y Cs pretenden aplicar en Zaragoza, en este caso ampliando el veto a "tender ropa mojada o regar ensuciando la vía pública" antes de las diez de la noche o después de las ocho de la mañana y a "la limpieza y sacudida de alfombras, prendas o similares" desde "puertas, portales, ventanas, balcones o terrazas".

El objetivo declarado de estas últimas medidas consiste en evitar el lanzamiento de "cualquier objeto que pudiera causar daños o molestias a las personas o las cosas".

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid -que en los últimos meses ha impuesto varias sanciones de 2.000 euros a ciudadanos por depositar objetos de cartón fuera de los contenedores de papel con independencia de que estos estuvieran llenos, lo que vendría a ser un deficiente funcionamiento del servicio de recogida de residuos- ha anunciado la prohibición de realizar celebraciones en el parque del Retiro, un recinto en el que en los últimos años era frecuente la organización de pequeñas reuniones de cumpleaños al aire libre.

Aval para el sexo al aire libre salvo que afecte a la convivencia

Esa concepción conservadora del espacio público y de sus usos posibles incluye el mantenimiento de sanciones de hasta 750 euros en Alicante, cuya ordenanza fue revisada a mediados de febrero, por jugar al balón en calles y plazas "siempre que exista perjuicio a terceras personas o daños en los bienes de uso público, o se realicen a horas impropias para el descanso de la vecindad", y también por "la práctica de juegos en el espacio público (...) que perturben los legítimos derechos de las vecinas y vecinos o de las demás personas usuarias del espacio público".

La misma sanción se prevé por "la práctica de acrobacias y juegos de habilidad con bicicletas, patines o monopatines fuera de las áreas destinadas a tal efecto".

El consistorio alicantino sanciona con multas de hasta 750 euros deambular "con el torso totalmente desnudo por la vía pública o los espacios públicos, salvo en las playas, paseos marítimos colindantes, piscinas u otros espacios donde esté expresamente autorizado", y también hacerlo desnudo, por motivos de "decoro".

Y el de Málaga, por su parte, prohíbe tanto "las prácticas sexuales" como "el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirecta de servicios sexuales en la vía pública", aunque únicamente "cuando estas prácticas afecten a la convivencia ciudadana", afección que se produce "cuando se lleven a cabo en espacios situados a menos de doscientos metros de centros docentes, educativos, parques infantiles, zonas residenciales o de cualquier otro lugar en el que se realicen actividades comerciales o empresariales".