El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dictado prisión eludible bajo una fianza de 100.000 euros para los tres socios de la SGAE detenidos este martes que han pasado este miércoles a disposición judicial, aunque les ha dejado en libertad dándoles un plazo de 72 horas para que abonen la caución.

Se trata de tres de los dieciocho arrestados ayer, concretamente Rafael Tena -hermano del fallecido cantante Manolo Tena-, Manuel Carrasco y Fernando Bermúdez, a los que el magistrado imputa delitos de corrupción en los negocios, estafa y pertenencia a organización criminal, han informado fuentes jurídicas.

El resto de detenidos, según han indicado fuentes de la investigación, han sido puestos en libertad por la Policía Nacional.

Estos tres detenidos son socios de la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), cuya sede fue ayer registrada, y ya aparecían en la lista que hizo el expresidente de esta entidad Antón Reixa en 2013.

En esa lista mencionaba a once personas como los principales promotores de "la rueda", una práctica consistente en una fraude en el cobro de derechos de autor de piezas musicales emitidas en televisión.

Además de en la SGAE, los agentes requirieron también información a TVE, Telemadrid, Euskal Irrati Telebista (EITB), Castilla-La Mancha Televisión (CMM), Radiotelevisión Canaria, Televisión de Aragón, TPA, del Principado de Asturias, la televisión autonómica Murcia 7RM y la autonómica balear (IB3), entre otras cadenas.

En total, se practicaron 16 registros y 20 requerimientos de documentación en el marco de una investigación sobre "corrupción entre particulares" y presuntos fraudes en la gestión y cobro de los derechos de autor por parte algunos autores asociados a la SGAE.

La SGAE, que ha circunscrito los hechos a un periodo entre "2006 y 2011", ha señalado que la investigación afecta "a algunos de sus asociados" y a un "extrabajador" y afirma que la actual junta directiva "lleva años" tratando de "combatir" el asunto, "tanto en el frente judicial como a través de un proceso de arbitraje".

El "entramado" creaba "música de baja calidad" y registraba "falsos arreglos" sobre obras musicales de dominio público para después ponerlas a nombre de testaferros y empresas editoriales.

El objetivo era emitirlas en programas nocturnos de diferentes cadenas de televisión y generar derechos de autor, es decir, un enriquecimiento "injusto" a través del pago de estos derechos realizado por la SGAE en sus liquidaciones.

Para conseguir esos contratos de emisión de sus piezas musicales contaban con personas en el seno de las televisiones que los facilitaban a cambio de la cesión de determinados porcentajes de derechos o/y una contraprestación económica.

Esta cesión de derechos de obras musicales "falsas" convertía a las cadenas en titulares de derechos de propiedad intelectual de las obras, generándoles un "retorno" -beneficio económico- en función de los minutos y franjas horarias en las que eran emitidas en sus programaciones y que la SGAE abona en sus liquidaciones semestrales, según la policía.

Para maximizar las ganancias en concepto de "retorno", las televisiones extienden la programación de esa música a otras franjas horarias como un fondo "inaudible", es decir, la emisión de una sintonía que no es percibida por el oído del televidente en ningún momento, si bien sí se declara como música emitida