El Gobierno no descarta reformar la ley para erradicar la corrupción política

El Gobierno ha evitado descartar cualquier medida que implique un endurecimiento en la prevención y el castigo de la corrupción política, a la vista de la reacción social que están generando casos como el del ex tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, y de la imagen que España está proyectando hacia el exterior en un momento de enorme debilidad económica. Así se ha pronunciado la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada por la posibilidad de endurecer el Código Penal en comportamientos de corrupción específicos de los políticos: "Si hay que transformar la ley, se hará" y "si hay que proporcionar más medios" a quienes investigan y juzgan estos delitos, "así lo haremos", añadió.

Soraya Sáenz de Santamaría ha reconocido el daño que estos delitos o presuntos delitos de corrupción política están haciendo a la imagen de España en el exterior, ya que logran "ocultar la realidad diaria del funcionamiento de tantas administraciones como hay" en nuestro país. Ha asegurado que el nuestro es un "Estado moderno que funciona", pero este tipo de incumplimientos de la ley o de comportamientos fuera de toda ética "enturbian" esa realidad. Por tanto, ha admitido, las responsabilidades de cada caso "hay que depurarlas hasta las últimas consecuencias". La portavoz del Gobierno ha querido insistir en que los casos de corrupción que están saliendo cada día en los medios son excepciones que, efectivamente, "afectan a la visión de un país", pero no consiguen ocultar la gestión y las reformas del Gobieno, que "se ve en la prensa internacional".

Sáenz de Santamaría ha confirmado que ya ha mantenido los primeros contactos con todos los grupos parlamentarios sobre la necesidad de alcanzar un pacto contra la corrupción, aunque su intención es ampliar esas conversaciones a todos los partidos que forman esos grupos. La vicepresidenta ha subrayado la voluntad de todos sus interlocutores por alcanzar un acuerdo en este sentido y ha añadido que, en esta prediposición influye la urgencia de separar quienes a son corruptos de quienes no lo son, la mayoría. Es un "tema de personas que no son honradas", ha subrayado, y "aquí no pueden pagar justos por pecadores".

Además del pacto que el Gobierno espera alcanzar con el resto de fuerzas parlamentarias, la número dos del Ejecutivo ha informado de la intención de éste de elevar la ley de Transparencia y Buen Gobierno a la categoría de "antídoto contra la corrupción", al igual que el informe encargado al Centro de Estudios Constitucionales, organismo al que Sáenz de Santamaría informó de que le había pedido toda la celeridad y urgencia posible en la entrega de este trabajo. La portavoz ha destacado la disposición de todos los grupos para que en la ley de Transparencia se incluya al Ejecutivo y a todos los partidos, aunque la Casa Real quedaría fuera, tal y como ocurre "en las monarquías más importantes de la Unión Europea"