Bankia ha puesto en manos de la Fiscalía Anticorrupción una quincena de operaciones —básicamente de Bancaja— relacionadas con créditos supuestamente irregulares concedidos a empresas de la familia del presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino.

El secretario del Consejo de Administración de Bankia y su matriz, el Banco Financiero de Ahorros (BFA), Miguel Crespo, reveló este lunes al juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que Bankia ha informado a la Fiscalía de la existencia de quince operaciones de crédito irregulares sospechosas que afectan de lleno a Cotino y su familia.

Las operaciones se remontan a actividades de las antiguas cajas de ahorro, entre ellas Bancaja, que luego terminaría fundiéndose con otras seis cajas en lo que se convirtió en Bankia. El banco concedió un crédito de al menos 35 millones de euros a una sociedad, Share Capital, en la que tienen participación dos empresas de los Cotino, para adquirir viviendas en países de Europa del Este.

Esta declaración supone un nuevo golpe para el presidente de Les Corts Valencianas, ya muy tocado por el caso del accidente del Metro de Valencia. Como ya informó Público el pasado 7 de mayo, Cotino donó a través de sus empresas 200.000 euros al PP para lograr contratos de la administración pública valenciana . Según aquella información, Sedesa Obras y Servicios consiguió entre 2001 y 2011 adjudicaciones por valor de 272 millones de euros, y Juan Cotino, vinculado a la empresa, habría hecho donaciones al PP, según la contabilidad atribuida a Bárcenas, por 200.000 euros.

Esta sociedad relacionada con Cotino, actual presidente del Parlamento valenciano, dirigente del PP de aquella región y exdirector general de la Policía en la etapa de Mayor Oreja como ministro del Interior, tuvo la mayoría de los contratos del gobierno autonómico y de los locales en la comunidad valenciana.El informe recoge que los 200.000 euros se donaron en el año 2004, cuando el Consorcio Valencia 2007 realiza una adjudicación a una UTE integrada entre otras empresas por Sedes por importe de 44,6 millones de euros.

Andreu interrogará a mañana, martes, también como testigo, al director general del BFA, Manuel Lagares. El miércoles será el turno del exdirector general financiero y de riesgos de Bankia Ildefonso Sánchez Barcoj, mientras que el día 19 ha sido citado a declarar el exdirector general adjunto de Auditoría Interna de Bankia, Miguel Ángel Soria, ambos como imputados.

En la causa hay 36 imputados, entre los que se encuentran 32 miembros del antiguo Consejo de Administración de la entidad financiera, que presidía Rodrigo Rato, y Bankia y BFA en calidad de personas jurídicas. Se les acusa de delitos de apropiación indebida, administración desleal, falsedad en los balances y maquinación para alterar el precio de las cosas.

Antes, Miguel Crespo, había asegurado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que el expresiente de la entidad Rodrigo le ordenó expresamente remitir el 4 de mayo de 2012 un mail a todos los consejeros en el que les informaba de que las cuentas correspondientes al año anterior se retrasaban debido a que Deloitte pedía más tiempo para auditarlas.

En el correo electrónico se justificaba el retraso en la presentación del informe sobre las cuentas de Bankia para 2011, que provocaron un agujero contable de más de 3.000 millones de euros, asegurando que la auditora necesitaba ampliar el plazo para examinar las cuentas debido a la complejidad derivada de la fusión.

Según las fuentes consultadas, el secretario del Consejo de Administración se ha alineado durante su declaración con la tesis ya defendida ante el magistrado por los consejeros del banco consistente en culpar a Deloitte y afirmar que la auditora no advirtió de la gravedad de la situación.

Crespo, encargado de redactar las actas de los consejos, ha puesto de manifiesto que en ninguna de ellas se señala que Deloitte comunicara a la entidad la existencia de problemas financieros que acabaron derivando en el rescate. Pese a todo ello el secretario ha reconocido que Bankia no ha valorado iniciar acciones contra la auditora.

Pero Crespo ha reconocido que sólo media hora antes había enviado otro mail al Ministerio de Economía que incluía las líneas generales del Plan de Viabilidad destinado a reflotar la entidad, en el que se solicitaba una aportación de 7.000 millones de euros de dinero público.

Esa misma mañana —ha precisado— había acudido junto al consejero delegado Francisco Verdú a una reunión en la que se trató el Plan. Fue en este encuentro en el que él tuvo conocimiento de su existencia, ha asegurado según han informado fuentes presentes en la declaración.

Durante el interrogatorio, que se ha prolongado durante más de tres horas, preguntado por el motivo del envío del mencionado correo electrónico pese a no haber tratado de forma directa el tema con el auditor, Crespo contestó: '¿Cómo no me iba a fiar de la palabra de mi presidente?'.