Son 20 los acusados por esta presunta trama de proxenetismo y soborno a policías vinculada a los macroprostíbulos de Castelldefels (Barcelona) Riviera y Saratoga. Un proceso que ha arrancado este lunes y en el que están implicados un comisario jefe, dos inspectores jefes, un subinspector y un agente de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Barcelona, que dependía de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif); tres abogados, un ingeniero industrial y un funcionario del Ayuntamiento.

Según el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo, los propietarios y encargados de los macroprostíbulos Riviera y Saratoga de la localidad de Castelldefels -también acusados- se lucraron entre 2002 a 2008 de la explotación de mujeres, algunas menores, en situación irregular, que les daban parte del dinero conseguido, siendo sometidas a un horario fijo de 11 horas seguidas y controladas por mamis. 

Estos policías, que entre otras funciones tenían la de realizar redadas en los locales de alterne, alertaban a los propietarios de los burdeles cuando se iba a producir una inspección para evitar multas por tener a menores y a mujeres en situación irregular. 

Según el fiscal, se estructuraron jerárquicamente 'asumiendo la jefatura del núcleo' los policías Luis G.G. y Andrés O.B., que negociaban con los encargados de los prostíbulos Antonio H. y Raúl P.S. pasarles información a cambio de dinero, que cobraban en efectivo y en especie: por ejemplo relojes, dando trabajo a hijos de los policías y sufragando tratamientos médicos.

En 2007, el inspector jefe de la Brigada de Extranjería y Documentación, José Javier M.P., 'se quiso sumar a dicho grupo delincuencial' al descubrir las actuaciones ilegales de sus compañeros y para desbancar de este negocio ilícito a su igual en el cargo, el exinspector Andrés O.B.

José Javier M.P. -para quien el fiscal pide la mayor pena de cárcel (44 años)- también amenazaba a otros prostíbulos de Barcelona con hacerles inspecciones, hecho que obligaba a los propietarios de los clubes a ser asesorados por los abogados que el policía les recomendaba, y que exigían a sus clientes 'cantidades de dinero desorbitadas'.

Precisamente ha sido José Javier M.P. quien ha inaugurado el ciclo de comprarecencias este lunes. Lo ha negado todo y ha asegurado que su intención era ' investigar, obtener información del señor Carmelo (encargado del club Saratoga), que me había dicho que un jefe mío estaba cobrando', ha dicho, y ha añadido que sólo quería saber quién era ese superior suyo que realizaba prácticas irregulares.

Lo ha afirmado en la Audiencia de Barcelona tras responder a las preguntas del fiscal, quien le ha preguntado por qué se reunió con propietarios de los macroprostíbulos y les dijo que 'sería razonable' cobrar la mitad de lo que había cobrado un jefe suyo. 

Según su versión, sólo quería infiltrarse en el grupo para obtener más información y ha denunciado una operación en su contra orquestada por sus jefes implicados. Fruto de esta 'operación' se produjo un robo en su taquilla de la comisaría, en el que desapareció su ordenador y un sobre con informes sobre los macroprostíbulos de Castelldefels, y ha relatado que, cuando llegó a la comisaría, Abundio N. sacaba todo lo que había dentro y hacía un reportaje fotográfico.

El fiscal pide de 3 a 44 años por favorecimiento de la prostitución, pertenencia a organización criminal, asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo, revelación de secretos con grave daño a la causa pública, omisión del deber de perseguir delitos, aprovechar información privilegiada, falsificar documentos oficiales, extorsión en concurso medial con delito cometido por funcionario público contra derechos individuales, violación de información por razón de cargo, e infidelidad en custodia de documentos.

Pide la pena máxima de 44 años para el entonces inspector José Javier M.P., y 14 años para cada policía, el comisario Luis G.G. y el inspector Andrés O.B., jefes del núcleo; y 15 y 18 años, respectivamente, para el propietario del Riviera Antonio H., y del Saratoga, Raúl P.S.

Para otros dos propietarios y tres encargados de los macroprostíbulos -José V., José Carlos H., Salah E., Carmelo S. y John Hawer M.- pide de 7 a 17 años, dependiendo de los delitos, y de 13 a 22 años para los otros tres agentes de la Policía Nacional: Abundio N., José Manuel M. e Ignacio L.

Respecto a los tres abogados implicados --Fernando M., Álex G. y Carlos C.-- el fiscal solicita entre 5 y 20 años; para el entonces funcionario del Ayuntamiento de Barcelona Manuel M., 19 años; para el ingeniero industrial Joaquín Q., 20 años, y para otros dos acusados -Jorge Manuel J. y Juan Carlos E., 3 y 5 años.