Argentina verá el caso del obrero obligado a beber ácido en una casa cuartel en 1973

Ha pasado toda una vida tratando de esquivar la censura para que la historia de su hermano Cipriano, un obrero antifranquista torturado hasta la muerte en la casa cuartel de Reus, Tarragona, en 1973 fuera pública. Incluso uno de los cauces que trató de abrir fue en el programa radiofónico Encarna de Noche (1978-1983) de Radio Miramar. "Llamé tres o cuatro veces y cuando les decían quién era y lo que quería contar me colgaban el teléfono", revela Antonio Martos, de 73 años.

"La prensa y las autoridades civiles lo sabían, pero hacían como si no se enteraran", lamenta. Ahora agradece el interés sobre el caso de su hermano, que ha sido investigado de forma exhaustiva e incluido en la querella contra el franquismo que sigue su curso en Argentina y cuyo último paso ha sido la petición de 20 órdenes de detención contra altos cargos de la dictadura.

Cipriano Martos, natural de Loja, Granada, tenía 30 años y trabajaba como encofrador cuando fue detenido por la Guardia Civil el 25 de agosto de 1973. Fue trasladado a la casa cuartel de la localidad para ser interrogado por una acción de reparto de propaganda con mensajes contra la dictadura. Le sometieron a torturas, pero no delató al resto de compañeros y el segundo día de reclusión en la casa cuartel fue obligado a ingerir el conocido como ‘cóctel de la verdad': un líquido definido en algunos documentos de la investigación como "cáustico ácido" y "ácido corrosivo".

El veneno le abrasó por dentro y fue trasladado al hospital del municipio, ingresado en la sala de beneficencia y atendido por diferentes médicos. Según la investigación que acompaña a la querella, dos días después del ingreso, y a pesar de sus dificultades para comunicarse, el juez le tomó declaración. Cipriano falleció a las dos semanas, el 17 de septiembre, y el certificado de defunción que se aporta en la querella alude a una "hemorragia interna".

En todo ese tiempo, su madre y su hermano, que se habían trasladado desde Granada, no pudieron ver a Cipriano. "Llamaron a mi familia diciendo que estaba muy malo, y mi madre y mi hermano vinieron a Reus. Recuerdo hablar con mi madre por teléfono y ella decirme que no fuera al hospital porque ya estaba todo hecho, que ellos no habían podido hacer nada y que yo tampoco lo iba a hacer", relata Antonio a Público con la voz entrecortada. "Se tuvieron que volver a Granada sin saber qué había pasado", lamenta. La madre de Antonio y Cipriano suplicó llorando a la Guardia Civil que la dejaran pasar a ver a su hijo. "Se arrastraba como podía escalera arriba, a gatas, y la tiraban de un puntapiés para abajo", detalla Antonio, que residía entonces en Sabadell. "Ella murió con toda la pena del mundo por no haberse hecho justicia", deplora.

Para mayor escarnio de la familia, el cuerpo de Cipriano fue enterrado en beneficencia, arrojado a la fosa común del cementerio de Reus sin la presencia de sus seres queridos y en total secretismo. "Fue una manera de silenciar su caso. La forma en que se les negó ver a Cipriano fue cruel y violenta, con el fin de intimidarlos y asustarlos para que no removieran el asunto", apunta María José Bernete, la investigadora que ha ayudado a Antonio ha documentar los hechos para ponerlos en conocimiento de Ana Messuti, una de las abogadas que trabaja de forma desinteresa en la querella argentina. Sólo los periódicos franceses Le Monde, Libération y el italiano Il Manifesto se hicieron eco de los hechos.

Cipriano, republicano de ideas, había militado en los sindicatos Comisiones Obreras y Oposición Sindical Obrera así como en el PCE (marxista-leninista) y en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), todo ello como consecuencia de la precariedad y opresión que había visto de cerca trabajando de jornalero en Morón de la Frontera (Sevilla), en las minas de Teruel y en las fábricas textiles de Sabadell y Terrassa (Barcelona).

Su cuerpo sigue en el cementerio de Reus, donde sus compañeros de militancia del PCE (marxista-leninista) le erigieron una losa de mármol en 1979. El pasado abril, militantes de varias asociaciones de memoria histórica de Catalunya colocaron sobre la losa unas baldosas con los colores de la bandera republicana y una fotografía de Cipriano. "Lo hicimos en nombre de Joan Aguirrezábal [recientemente fallecido] para Cipriano y así honrar la memoria de los dos, que fueron compañeros de militancia", aclara Bernete. Asimismo, colocaron una placa con las palabras "verdad, justicia, reparación".

La denuncia del caso de Cipriano Martos, que se presenta al público este jueves, viaja para Argentina acompañada de la partida de defunción y de parte del expediente judicial incoado en Reus e incluido en la causa seguida por el Tribunal de Orden Público, "por propaganda subversiva", a los compañeros de Cipriano. "Estos documentos custodiados por el Archivo del Centro Documental de la Memoria Histórica, de Salamanca, vienen con los datos disociados, es decir, con todos los nombres y apellidos suprimidos, como es habitual en este tipo de documentación", explica Bernete.

El nombre de los guardias que intervinieron en el asesinato de Cipriano, en cambio, deberá resolverse en el marco de la investigación judicial que instruye la jueza argentina María Servini. "Él fue detenido por miembros del cuerpo de la Guardia Civil y llevado a las dependencias del cuartel de Reus de las que salió para ingresar en el hospital. Aunque tenemos identificados a algunos de los números que intervinieron en la operación en la que se le detuvo, al no poder acceder a cierta documentación no podemos acusar a ninguno de ellos como responsables directos de lo que le sucedió a Cipriano", aclara la investigadora y miembro de la Red Catalana y Balear de Apoyo a la Querella Argentina. "El proceso judicial abierto en Buenos Aires tendrá que solicitar la documentación que a nosotros nos deniegan en cumplimiento de la legislación vigente", subraya.

Antonio, por su parte, que continúa viviendo en Sabadell, asegura no tener "muchas esperanzas" tras ver el rechazo del Gobierno de Mariano Rajoy a cumplir con las órdenes de detención solicitadas por la justicia argentina. "Siguen en sus trece de no desmontar la fortaleza que tienen, pero les diría que si esto les hubiera pasado a alguno de ellos, todo sería diferente", reclama. "Esto es algo que no se puede olvidar, y se lo digo hasta al político más ‘duro de mollera', si le hubiera pasado a él no lo olvidaría", remacha Antonio y, al mismo tiempo, asegura tener claro que en caso de lograr alguna solución para las víctimas "llegará desde fuera".