La Audiencia de Barcelona ha ordenado investigar a la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau; los concejales Marc Serra y Lucía Martín; y una funcionaria del área de Vivienda, a quienes el fondo buitre Vauras Investments acusa de "cercanía con grupos okupas" en el conflicto que el grupo inversor y el consistorio mantuvieron por un bloque ocupado por familias vulnerables.

Tras la negativa del fondo buitre de destinar esas viviendas a alquiler social –como dicta la ley catalana de la Vivienda– el Ayuntamiento de la ciudad decidió multar a dicho grupo inversor.

En el escrito, la sección octava de la Audiencia de Barcelona, en contra del criterio de la Fiscalía, ordena investigar la querella que el fondo inversor Vauras Investments S.L. presentó contra Colau (BComú), los concejales y la técnica de vivienda. Una querella que el juez instructor ya había previamente rechazado al no estimar ninguna infracción penal.

La Audiencia ha revocado ahora parcialmente la decisión del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona y acuerda la admisión a trámite de la querella presentada por Vauras, aunque solo por los delitos de prevaricación y coacciones, pero no por los de tráfico de influencias, cohecho, usurpación de atribuciones y negociaciones prohibidas a funcionarios que también planteaba el fondo inversor.

"No conseguirán lo que buscan, que es asustarnos".

A través de un mensaje en Instagram, Colau ha mostrado su sorpresa ante esta decisión y ha mostrado su convencimiento de que "la causa se acabará archivando". "No conseguirán lo que buscan, que es asustarnos", ha añadido.

Ha recordado que hasta el momento se han archivado diez denuncias contra ella y ha explicado que las denuncias archivadas se han dado cuando han "tocado los intereses de éste y otros lobbies".