Del "coño insumiso" a Lalachus: así han usado los ultracatólicos el delito de ofensa religiosa
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha prometido que lo derogarán este año en cumplimiento del plan de regeneración democrática.
Es un compromiso que Pedro Sánchez ya adquirió con Podemos en 2018.
Madrid-
Son polémicas recurrentes. Denuncias que, salvo una contada excepción, no llegan a ningún lado, pero que acaparan toda la atención mediática. La última ha sido la de Abogados Cristianos contra la humorista Laura Yustres, conocida como Lalachus, y José Pablo López, presidente de RTVE, por ofender los sentimientos religiosos durante la emisión de las campanadas en la televisión pública al mostrar, en tono de humor, una estampa de la vaquilla del programa Grand Prix con la iconografía del Sagrado Corazón de Jesús.
Por el mismo sendero judicial caminaron antes otros humoristas, artistas, activistas y políticos, objetivo de organizaciones ultracatólicas que se amparan de manera sistemática en un tipo legal que ya formaba parte del Código Penal de la España franquista y al que la España democrática no renunció. Se trata del artículo 525, aprobado en 1995 con el PSOE en el Gobierno, y que establece que "incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican". Añade también que "en las mismas penas incurrirán los que hagan públicamente escarnio, de palabra o por escrito, de quienes no profesan religión o creencia alguna".
Su eliminación es un reclamo de Sumar, Podemos, EH Bildu o ERC desde hace mucho tiempo, pero el PSOE ha venido frenándolo hasta el año pasado, cuando se comprometió a ello en el Plan de Acción por la Democracia presentado en el mes de septiembre. Un conjunto amplio de medidas con las que el Gobierno pretende luchar contra los bulos en los medios de comunicación y el lawfare — sin mencionarlo de manera explícita— en la Justicia. En él se incluye "una reforma integral" de los artículos del Código Penal que puedan afectar "al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público" para darles "una redacción homologable" a los países de nuestro entorno.
Aunque no hay fecha para la reforma, el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, usó la polémica de inicio de año de Lalachus para prometer que será este año. "Día 1 y primer intento de los ultras de amedrentar. En 2025 impulsaremos la reforma del delito de ofensas religiosas para garantizar la libertad de expresión y creación", escribió en sus redes sociales el 1 de enero.
"Modificar los delitos de libertad de expresión no puede depender de que afecte a una persona conocida. Ya está tardando el PSOE", reaccionó el diputado de Sumar y portavoz de Justicia e Interior de su grupo parlamentario, Enrique Santiago.
Sánchez ya se comprometió en 2018
Pedro Sánchez ya se comprometió en 2018 a eliminar este delito en el marco de un acuerdo presupuestario con Unidos Podemos. Pero desde entonces ha congelado la reforma penal por la resistencia a derogar también los delitos relativos a las injurias a la Corona. Para la parte de Sumar en la coalición, los cambios que compromete el plan de regeneración democrática incluyen también este delito, aunque el PSOE no ha sido claro al respecto y todavía hay dudas sobre su alcance.
Lo cierto es que esta reforma se ha intentado varias veces ya en el Congreso de los Diputados. En 2018, Unidas Podemos presentó una proposición de ley a cuya toma en consideración votaron a favor PSOE, ERC, PDeCAT y PNV, pero que acabó en un cajón. Volvió a presentarla en 2021. En septiembre de 2023 fue Sumar quien presentó una proposición de ley similar "para la protección de la libertad de expresión" y en la que se incluía la derogación de cinco delitos vigentes, entre ellos el que hace referencia a las ofensas religiosas. Todo apunta a que ahora la parte socialista del Gobierno parece decidida a acometer una reforma que para algunos ya llega tarde.
¿Por qué llega tarde?
En 2018, un joven de Jaén fue condenado a pagar 480 euros por subir a Instagram un montaje de su cara y del Cristo Despojado de Jaén; es la única condena firme por este delito que existe. Las tres mujeres que en 2014, en Sevilla, participaron en una procesión con la imagen de una vagina gigante, denominada como "coño insumiso", se enfrentaron a un juicio del que resultaron absueltas cinco años después. También la líder de Más Madrid, Rita Maestre, terminó siendo absuelta tras una primera condena y su posterior recurso; la denunciaron por acceder a la capilla de la Complutense para manifestarse en favor de la laicidad de la Universidad cuando era estudiante. El cantautor Javier Krahe fue denunciado en 2004 por unas imágenes que se grabaron en 1977 en las que explicaba cómo cocinar un Cristo; la causa contra él se cerró en 2012. El Gran Wyoming y el humorista Dani Mateo, el escritor Íñigo Ramírez de Haro o Abel Azcona también ha recibido denuncias de organizaciones ultracatólicas que han terminado archivadas dejando un reguero de noticias tras ellas.
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