Una oleada de desahucios vuelve a sacudir algunas de las 96 viviendas que la Sociedad católica de San Vicente de Paúl (SSVP) gestiona en Guadalajara. En proceso hay hasta seis alzamientos por distintas razones en estas viviendas que desde sus orígenes, en una cesión que hizo en los años 60 la condesa de Romanones a la entidad, debían ocupar personas con dificultades económicas. Actualmente, el Ayuntamiento de la ciudad, la congregación religiosa y la Junta de Castilla-La Mancha se están reuniendo para decidir sobre el caso.

En estos momentos hay dos conflictos principales encima de la mesa. Uno de ellos se centra en la titularidad de esos inmuebles, que según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la ciudad alcarreña debería haberse traspasado desde la SSVP a los propietarios que ocupaban estas casas desde el primer momento en un régimen de alquiler social una vez que pagaron todas las cuotas hasta llegar a cubrir el coste total de la vivienda, algo que nunca sucedió. La otra disputa está relacionada con las características que tienen algunos de los vecinos del barrio de Alamín, donde se encuentra el bloque de residencias, lo que se traduce en la posibilidad de desalojarles debido a que es posible que no cumplan con los requisitos necesarios para estar viviendo en ese régimen de alquiler tutelado.

La maraña de comunicaciones efectuada ante estos problemas es ingente. Desde el Ayuntamiento de la ciudad, aun habiéndose aprobado una moción para que desde el consistorio se pusiera a disposición de los vecinos "la documentación y el asesoramiento necesario para que puedan defender sus derechos", recalcan que las competencias en vivienda recaen sobre la Junta de Castilla-La Mancha. Desde la SSVP aseguran que han ofrecido a esta misma Junta ceder gratuitamente el bloque de viviendas para que sea gestionado desde la administración pública en su totalidad, una máxima que no le consta al socialista Eusebio Robles, el delegado de la Junta en Guadalajara. Mientras tanto, los procesos de desahucio siguen en pie.

Los tres procesos de desahucio más inminentes

Uno de los desalojos que estaba proyectado para el próximo 12 de noviembre y que finalmente se ha paralizado momentáneamente es el de Mercedes Caballero. Tras acogerse a su derecho de justicia gratuita, la intentan echar de su casa por no pagar los 50 euros mensuales que tiene de alquiler. "Me niego a pagarlos porque las casas tienen unas deficiencias increíbles, como la instalación de la luz, que un día casi salimos ardiendo, o tuberías con las que me puedo tropezar", recalca esta mujer desempleada de 47 años que lleva viviendo en esa inmueble desde hace 9.

Caballero, por su parte, defiende que lo único que quiere es "regularizar la situación con la SSVP, pero antes ellos deben tener en cuenta todo lo que llevo yo pagado en reformas en este piso". A lo que se refiere ésta afectada es a los 5.000 euros que ha gastado en arreglar los desperfectos de la vivienda, aunque asegura que tan solo tiene facturas para justificar 2.800. Además, tampoco hace frente a las facturas de los impuestos de luz o gas porque argumenta que a ella le "llega el recibo ya abonado por la SSVP desde que dejó de pagar el alquiler”.

Ahora se encuentra a la espera de un informe por parte de los servicios sociales del Ayuntamiento que estaría basado en el grado de discapacidad del hijo con el que convive, que también está siendo valorado.

Tres menores entre los afectados por el desahucio

Algo diferente es el caso de Said Kaazoune y Fatima Benissa, que desde 1998 residen en el Alamín y que también tenían programado su desahucio para el próximo martes, pero ha sido paralizado por las mismas razones que Caballero. Los dos, que tienen 50 y 45 años respectivamente, viven con sus cinco hijos, de los cuales tres son menores de edad. Aseguran que las siete personas comen gracias a la pensión no contributiva que cobra ella por haber sido operada de la espalda y concatenar depresiones con episodios de ansiedad, de en torno a unos 330 euros, debido a que él desde 2012 no trabaja a causa de su 47% de minusvalía. “Aunque no cobro ningún tipo de ayuda por ello”, detalla Kaazoune.

La SSVP quiere echarles de la vivienda por el impago de los 48 euros que tienen de alquiler. “Desde 2014 no puedo pagar todas las mensualidades, pero cuando puedo sí que lo hago, incluso abono algunas cuotas atrasadas, siempre dentro de mis posibilidades”, comenta el afectado mientras admite que su deuda con la agrupación católica asciende a más de 2.000 euros.

Conflicto en torno a la propiedad de las viviendas 

El caso más sonado es el de Diego Catriel Herchhoren, un abogado de 33 años que vive con su pareja y habita la vivienda desde 2001. Este desahucio es el único que sigue en pie para el día 12 de noviembre y que también está relacionado con el impago de las cuotas. Más complicado es el motivo por el que Herchhoren se niega a abonar las mensualidades: “El objetivo final de estas construcciones fue la enajenación, algo que no se llevó a cabo”, comenta el afectado aludiendo a que su abuela, legítima inquilina del piso y ya fallecida, pagó todas las cuotas necesarias para que se le cediese la propiedad, al igual que hicieron entre 1992 y 1996 los demás alquilados, según el abogado.

Por ello, Herchhoren empezó un proceso judicial para esclarecer el caso que ahora se encuentra en el Tribunal Supremo con un recurso de casación para la unificación de la doctrina. Ahí, el inquilino debe demostrar que la decisión tomada por la Audiencia Provincial de Guadalajara no está en concordancia con otras sentencias proclamadas por diferentes audiencias provinciales en supuestos similares: “Hay casos idénticos en otros juzgados donde la parte contraria son ayuntamientos o comunidades autónomas y no una asociación católica donde el jurado ha llegado a una conclusión totalmente diferente a la que me afecta a mí”, dice el abogado.

Ante este aspecto, recalca lo siguiente: “Sé cuál es la composición de la Audiencia Provincial de Guadalajara y es mayoritariamente ultraconservadora. Además, la SSVP está vinculada al Partido Popular, lo que tiene relación con la influencia que han tenido sobre los jueces”, denuncia Herchhoren. Por su parte, admite que “aunque la ejecución provisional de una sentencia [que no es definitiva] se admite judicialmente, hay cierta unanimidad en el ámbito jurídico de que es muy difícil ejecutar un desahucio de esta forma por los posibles daños irreparables que causaría que la sentencia final fuera positiva para el inquilino”, según dice el afectado.

Desde la PAH Guadalajara hacen declaraciones a medios. / PAH GUADALAJARA

La SSVP expone sus razones 

El presidente de la SSVP en Guadalajara, Ángel García, dice que a Caballero le reclaman lo que debe de los últimos cinco años, unos 3.000 euros, aunque su deuda es mayor. "Aunque su desahucio está parado por un recurso que han interpuesto y al que contestaremos, el proceso seguirá hacia adelante hasta que no regularice su situación", añade García.

El responsable de la congregación católica en la localidad alcarreña también hace otra denuncia: "A Kaazoune le adjudicaron una vivienda pública desde la Junta de Castilla-La Mancha que acabó alquilando a terceros para quedarse a vivir gratis en la casa de Alamín. Y eso que le reformamos el baño gastándonos unos 1.000 euros". El aludido, al respecto, declara a Público que aunque sí estuvo de alquiler en una vivienda de protección oficial de la Junta por la que pagaba todas las mensualidades, "el director de una sucursal de Caja Guadalajara" engañó a su mujer: "No sé muy bien de qué forma, nos acabaron quitando la casa en la que había puesto más de 30.000 euros", se defiende Kaazoune.

En lo que concierne a la titularidad de las viviendas, García rebate a Herchhoren alegando que en ningún momento fueron construidas para después ser traspasadas a los inquilinos originales: "Es algo que hemos ganado en todos los juicios en los que nos hemos defendido", agrega el integrante de la asociación religiosa, que cifra en el 50% las viviendas que se encuentran al corriente de pagos.  

Posibilidad de ceder los edificios a la Junta sin coste 

El presidente de las Conferencias de la SSVP en España, Juan Manuel Buergo, ha reiterado en varios ocasiones a distintos medios que su intención es ceder gratuitamente este complejo de 96 viviendas a la Junta de Castilla-La Mancha, algo que desde la PAH de la localidad caracterizan como “lo único en lo que estamos de acuerdo las dos partes”, en palabras de su portavoz Gustavo Rioja, “aunque no entendemos por qué la Junta no responde”, enfatiza.

El primer ofrecimiento de cesión se realizó en enero de 2018, cuando la SSVP envió una carta a Emiliano García Page, el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, comentando la situación y se obtuvo "la callada por respuesta", incide un García que también afirma que el actual delegado de la Junta en Guadalajara ha recibido una notificación con la intención de ceder el complejo de viviendas para que sea gestionado desde la administración pública. El socialista Eusebio Robles, a quien se refería García con anterioridad, declara que no tiene conocimiento de que la Junta haya recibido ninguna comunicación oficial ante este asunto, “por lo que no nos pronunciamos al respecto”, agrega el político.

Infografía realizada desde la PAH Guadalajara para explicar el caso con la SSVP

El PSOE de Guadalajara intenta cumplir su propia moción

Robles comenta a Público que se ha abierto una fase que se está iniciando en la que se está "recogiendo y contrastando toda la información posible mediante reuniones con el Ayuntamiento de Guadalajara, la Junta y la SSVP". Cuestionado sobre por qué los inquilinos afectados no tienen representación en estas conversaciones, el delegado argumenta que no han solicitado ninguna reunión con la Junta como sí han hecho los demás actores.

Por parte del consistorio, se ha retomado aquella moción que presentó el Grupo Municipal del PSOE mientras estaba en la oposición en un pleno a finales de enero de 2018 y que “no ha servido para hacer nada, pero absolutamente nada”, según recalca Rioja. En la actualidad, la ciudad está gobernada por el PSOE y Cs, donde el concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento, el socialista Ignacio de la Iglesia, manifiesta: “Ha habido hasta cuatro tomas de contacto con la PAH en las que también han tenido la posibilidad de intervenir los afectados directos”.

“Se ha hecho todo lo posible para que las personas en posible riesgo de exclusión pudieran percibir las ayudas lo antes posible, incluso teniendo que ser el propio funcionariado quien dedicara horas de su descanso laboral para tratar un caso en concreto de una de las afectadas”, señala el edil.

Rafael Pérez Borda, de Ciudadanos, es el primer teniente de alcalde y concejal de Vivienda en la ciudad alcarreña, y así es como se pronuncia respecto al conflicto de la titularidad de las viviendas: “Nosotros tenemos poco o nada que hacer ahí porque es un asunto judicializado”. Por su parte, y a título individual, reconoce que ha estado buscando en el archivo municipal las escrituras originales del bloque pero no ha encontrado ningún documento relacionado.

Algo diferente es la posición que defienden desde el Grupo Municipal de Unidas Podemos–Izquierda Unida, donde José Ángel Morales de la Llana, concejal y portavoz de la formación política en el consistorio, dice que asume la tesis de la PAH y los afectados de que “esas viviendas, en pleno franquismo, estaban pensadas para que los que pagaban la renta pudieran acceder a la propiedad”, en sus propios términos. Aun así, añade que “en la actualidad va a ser complejo demostrarlo ya que apenas existe nada más allá de recortes de la prensa de aquel tiempo”.

Varios carteles anuncian el caso en los muros de la ciudad./ PAH GUADALAJARA

Opacidad de la SSVP respecto a las ayudas sociales

Otra de las irregularidades que denuncian desde la PAH es que “la SSVP, como recibe ayudas públicas que superan los 100.000 euros al año, tiene especiales obligaciones en materia de transparencia”, tal y como sostiene Herchhoren, lo que se traduce en que la información sobre a qué se destina todo ese dinero debe ser pública y de fácil acceso, algo que según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca no sucede.

"Nosotros hemos hecho varias consultas al respecto. Una de ellas fue a la propia SSVP, donde obtuvimos acuso de recibo pero ninguna respuesta y otra a la unidad de transparencia del Ministerio del Interior, que aún no se ha pronunciado", comenta el abogado al que intentarán desahuciar el próximo martes. Del mismo modo, desde la unidad de transparencia del Ayuntamiento de Guadalajara, a la que también acudieron y todavía no han recibido respuesta oficial, les han asegurado: “No existe la debida justificación por parte de la sociedad de la ayuda que les dan desde el consistorio”, en palabras de Herchhoren. Una situación que la PAH resume así: “Son pisos de la época franquista, que los lleva una institución franquista al estilo franquista”, en palabras de Rioja.

Desde la SSVP, García confirma que todos los años el Ayuntamiento destina a la sociedad 12.000 euros. “Los adelantamos para que después nos los ingresen tras presentar las facturas y justificar todos los gastos”, explica. Además, el integrante de la congregación católica detalla que es el propio consistorio quien indica cuánto y a qué casos del Alamín tienen que destinar esa ayuda.

Fue la ya mencionada moción de enero del 2018 en la que se recogía, en palabras del entonces alcalde del PP de la ciudad, que la agrupación religiosa había percibido una ayuda de 70.000 euros. “Ese dinero viene de la ayuda que nos dieron tras gastarnos más de 200.000 euros hace tres o cuatro años en arreglar todo lo que indicaba la Inspección Técnica de Edificios”, defiende García. 

La PAH denuncia el posible interés de los fondos buitre

Mención especial se merecen los fondos buitre, que, según la PAH, podrían estar interesados en estos edificios basándose en que la SSVP es la administradora única de Bailallier Servicios Generales S. L., tal y como adelantaba este diario hace más de un año. Esta empresa, según consta en el Registro Mercantil, se dedica a “la adquisición, tenencia, administración, arrendamiento —incluido leasing inmobiliario— y explotación de bienes inmuebles así como la adquisición, por cuenta propia de valores mobiliarios”. Desde la SSVP argumentan que Bailallier se constituyó en 2010 con el único objetivo de alquilar unas consultas médicas en Madrid propiedad de la sociedad.

Herchhoren va más lejos y afirma: “Toda la composición de la administración social de Bailallier y de la SSVP está conformada por empresarios ligados a la construcción, aunque no tenemos —admite el abogado que tiene el alzamiento el 12 de noviembre— ningún elemento [de conocimiento] más allá de indicios o sospechas de que haya o haya habido con anterioridad intereses especulativos sobre estas viviendas”. 

Pancarta en una casa criticando a la SSVP / PAH GUADALAJARA

Actualidad en torno a los procesos de desahucio

Dentro del complejo habitacional de las 96 viviendas del Alamín hay abiertos en total seis procesos de desalojo. A los tres ya explicados recientemente se suma el de “una persona que ya no vive en su casa debido a que tiene una plaza fija en una residencia fuera de Guadalajara, y su hijo no hace acto de presencia”, arguye García. A este se añade otro posible desahucio de “una persona que compró la llave a uno de los alquilados, que se fue” y, por último, está el caso de la okupación de “una vivienda por parte de los sobrinos nietos de los alquilados legales, que fallecieron”.

Una situación en permanente conflicto que podría llegar a solucionarse si fueran fructíferas las conversaciones “entre diferentes agentes sociales, incluso con promotores, para crear un parque de viviendas desde la ciudad y así dar solución habitacional a los casos más extremos gracias a una colaboración público-privada”, según declara Pérez, el concejal de Vivienda.

A corto plazo, el desahucio de Herchhoren sigue en pie. La PAH ha convocado movilizaciones en apoyo al afectado que empezarán desde la madrugada del mismo 12 de noviembre y continuarán con una concentración a las puertas del portal unas horas antes del desalojo debido a un permiso que les ha concedido el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, al que tuvieron que recurrir, ya que la Subdelegación del Gobierno de Guadalajara les permitía concentrarse, pero muy alejados de la zona. Una acción de resistencia popular que desde UP–IU Guadalajara apoyan por el simple hecho de que “en un contexto en el que existen dudas sobre la propiedad del inmueble, lo más importante es hacer prevalecer el derecho a la vivienda de la gente”, según expresa Morales.