El PSOE asume en 2024 la existencia de 'lawfare' aunque no lo nombre

En noviembre del pasado año 2023 PSOE y Junts firmaron un acuerdo de investidura que permitió a Pedro Sánchez continuar como presidente del Gobierno. En el texto se incluyó un término que generó cierto revuelo en aquel entonces. Se trata del llamado lawfare, o guerra judicial. Una palabra que se ha popularizado en los últimos años y que ha sido denunciado tanto por partidos independentistas como por otras fuerzas de izquierda, principalmente Podemos o Compromís. 

"Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas", destacaba el texto firmado entre los socialistas y el partido de Carles Puigdemont. 

El PSOE ponía así sobre el papel el reconocimiento de esa batalla judicial. Pero en sus declaraciones públicas no profundizaron en esa idea y su línea siempre ha sido la de respeto a la justicia y las decisiones judiciales. Sin abandonar, ni mucho menos, esas posiciones, más teniendo en cuenta que forman parte del Gobierno, el año 2024 sí ha servido para que los socialistas se hayan lanzado a visibilizar que viven una ofensiva judicial e, intentos al menos, de lawfare. 

Este evidente cambio no ha pasado desapercibido en fuerzas políticas como Podemos. El partido morado que lidera Ione Belarra no ha dudado en criticar al PSOE por ello y señalan su "hipocresía". "Algunos de los principales dirigentes del PSOE han señalado al Poder Judicial y han dicho que nunca ha existido nada similar a lo que se le está haciendo ahora al presidente. Parece que al PSOE solo le importa el lawfare cuando le toca directamente", dijo hace unas semanas su portavoz Pablo Fernández. 

Los equilibrios dialécticos del PSOE en este asunto se han visibilizado a la perfección durante este año. También cierta evolución. En enero la vicepresidenta tercera Teresa Ribera señaló sobre el juez Manuel García Castellón que tiene "cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno". El magistrado investigaba a Puigdemont por terrorismo. Aquello supuso una reacción airada de la derecha y una rectificación casi inmediata desde Moncloa mostrando su "respeto" al Poder Judicial. 

El comienzo de la tramitación de la ley de amnistía revolvió los tribunales y también al PSOE. Ya por aquel entonces, en el mes de enero, fuentes socialistas transmitían en privado que los poderes, políticos, mediáticos y también judiciales, querían acabar con la legislatura. "Los tiempos de la judicatura están empíricamente alineados con los tiempos del legislativo. Cada vez que el legislativo mueve ficha, un juez mueve ficha. Tiene un objetivo claro", señalaban en Ferraz. 

Previamente a todo esto, aunque pasó más desapercibido, un recién nombrado ministro de Transportes Óscar Puente afirmó lo siguiente en noviembre en una entrevista con Eldiario.es. "Casos de lawfare sin duda hay en este país. Y negarlo es un gesto de cinismo. Yo creo que el Poder Judicial tampoco puede agarrarse al corporativismo y decir que no hay casos de lawfare en España porque los hay, los ha habido y están demostrados". Puente, poco dado a los argumentarios, seguramente señaló lo que muchos socialistas piensan. En su caso, además, mencionó expresamente la persecución judicial contra Vicky Rosell. 

El caso Begoña Gómez

2024 ha estado marcado por la reflexión inédita que se tomó Sánchez en abril. Fue tras la admisión a trámite por parte del juez Juan Carlos Peinado de una querella realizada por organizaciones ultraderechistas contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. "Como persona puedo tener mi opinión sobre esto, pero soy presidente del Gobierno de España", dijo pocos días después en una entrevista sobre si consideraba este caso como lawfare. Un concepto que sí usó Sánchez para referirse al espionaje que sufrió en 2014 por la policía patriótica cuando llegó a la secretaría general del PSOE. 

Los hechos se han ido sucediendo este año. Peinado incluso acudió a Moncloa a tomar declaración a Sánchez. En paralelo se ha abierto una causa contra el hermano del líder del Ejecutivo. Además, el presunto fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso se ha tornado en una imputación del Fiscal General del Estado. En Moncloa y Ferraz separan estos casos del 'caso Koldo', donde en todo caso se defienden de las acusaciones sin pruebas del empresario Víctor De Aldama y defienden las actuaciones realizadas con José Luis Ábalos o los informes internos realizados por el Ministerio de Transportes actual. 

La recta final del año ha dejado algunas declaraciones de los socialistas mucho más duras y directas que lo que había sucedido hasta ahora. También del propio Sánchez, aunque en su caso no ha sido de manera pública. El día 11 de diciembre, con motivo de la Copa de Navidad que celebra Moncloa con periodistas, Sánchez comentó que la novedad en este ciclo es que "hay algún juez que contribuye a la oposición". También que la oposición "juega con las cartas marcadas", en relación a sus vínculos con la judicatura. 

Pero cuando se le ha preguntado públicamente por ello, Sánchez ha jugado el papel de presidente del Gobierno. Tanto en el Congreso como en Moncloa, durante su balance de fin de año, ha repetido una frase: "La amplísima mayoría de jueces y juezas en nuestro país, como fiscales, hacen su labor con extraordinario rigor". 

Más libres de opinar se muestran otras voces socialistas. Por ejemplo el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López. "Hay un frente judicial evidente. Hay jueces que hacen activismo político", dijo por ejemplo en una entrevista en RTVE a principios de diciembre.

Contundente también se mostró recientemente el ministro de Transformación Digital y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López. "Lo que hemos conocido del señor Peinado es claramente prevaricador. El señor Peinado ha mentido en sede judicial, él, y ha utilizado una mentira para imputar a otra persona. Estamos conociendo cosas que son muy, muy preocupantes. Es que en un Estado de derecho los ciudadanos tienen derechos", destacó ante los medios tras conocerse la manipulación del juez de la declaración de una testigo. 

Fuentes socialistas destacan que el contexto político actual se juega también en el terreno emocional. Es algo que la derecha y la ultraderecha están aprovechando, generando reacciones de odio hacia Sánchez y su Gobierno. Por ello, hay quienes consideran que tienen que apelar a las emociones también para movilizar a su electorado frente a esta ofensiva judicial. "Para ello, lo primero es que sepan lo que hay y lo tenemos que verbalizar", destacan estas mismas fuentes. Sánchez, durante el Día de la Constitución, comentó con los periodistas que el "acoso" que recibe el Gobierno "por tierra, mar y aire" genera mayor "empatía" en el votante del PSOE. 

No se olvidan en las filas socialistas de lo sucedido con Antonio Costa, exprimer ministro de Portugal y ahora presidente del Consejo Europeo. Se vio obligado a dimitir por una imputación judicial que se demostró después llena de irregularidades. En la memoria también están los casos de Lula Da Silva o, en España, Neurona o la causa contra Mónica Oltra. 

En este sentido, muy claro se mostró Pepe Álvarez, secretario general de UGT, en el Congreso del sindicato y delante de Sánchez. "Tenemos que ser conscientes de que hay una nueva manera de hacer política. Nuestros amigos portugueses la han sufrido y nosotros tenemos que defender a este Gobierno democrático, legítimo y que tiene que continuar trabajando para conseguir los objetivos", alertó. Mientras, Sánchez ha lanzado este mes otro mensaje hacia el futuro: "El acoso se volverá contra los acosadores".