Violencia de géneroLa inacción del Gobierno deja desprotegida a la madre de los niños asesinados en Getafe

Si, como todos los indicios apuntan, se trata de un crimen de violencia de género, los dos menores asesinados por su padre en Getafe serán los primeros en incrementar esta terrible estadística en 2018.

Sin embargo, la inacción del Gobierno a la hora de aplicar el pacto de Estado contra la violencia de género, aprobado en el Congreso de los Diputados el 23 septiembre pasado, dejaría fuera de la consideración de víctima de violencia machista a su madre, impidiéndole acceder a muchos de los beneficios económicos y apoyos psicosociales a los que tienen derecho estas víctimas.

Uno de los puntos de ese pacto exige que las madres de niños asesinados por sus parejas o exparejas sean reconocidas automáticamente como víctimas de violencia de género, aunque no hubieran presentado denuncia previa por este tipo de violencia. 

Para que esto ocurra, es preciso llevar a cabo cambios legislativos, especialmente en la ley de violencia de género de 2004, lo que aún no ha ocurrido, ni existe una propuesta para ello encima de la mesa.

El pacto de Estado incluía dos plazos clave para el Gobierno: establecía cuatro meses para que éste negociara con distintos actores de la administración (Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Ministerios, etc) un plan de acción para poner en marcha las 214 medidas acordadas y su financiación. También contempla un plazo de seis meses para que el Gobierno acometiera los cambios legislativos necesarios que aseguraran que muchas de las medidas contenidas en él se pudieran aplicar. Según denuncian fuentes de distintos grupos parlamentarios y organizaciones feministas, el Gobierno no ha cumplido ninguno de los dos compromisos. 

Cuando está a punto de alcanzarse los seis meses desde la aprobación del acuerdo en el Congreso (será este 23 de marzo), el Gobierno no ha puesto aún sobre la mesa ni siquiera un borrador de cómo acometerá dichos cambios legislativos.

Recientemente la Plataforma 7N sobre Violencias Machistas, pidió la destitución de la Ministra Dolors Montserrat, por el incumplimiento y la inacción a la hora de aplicar este pacto.

El Gobierno sigue incumpliendo, además, la financiación de las medidas del pacto. En noviembre pasado, todos los grupos parlamentarios (incluido el PP) acordaron exigir al Gobierno que, en caso de no aprobarse los Presupuestos Generales del Estado en diciembre pasado, se aprobara un crédito extraordinario de 200 millones de euros para asegurar que este acuerdo se ponía en archa en 2018. Sin embargo, el Consejo de Ministros no aprobó esta medida hasta la fecha.

Fuentes del grupo socialista afirmaron a Público que la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, de esa formación, contempla otorgar a la madre de los niños asesinados en por su padre en esa localidad la condición de víctima para que pueda acceder, al menos, a una serie de servicios de apoyo psicosociales que dependen del consistorio y que pedirá a la Comunidad de Madrid que adopta la misma medida.

2017 récord de asesinatos de menores

El año pasado se cerró como el más negro de la historia de España en cuanto a número de menores asesinados por sus padres o parejas de sus madres desde 2013. Un total de ocho menores murieron por la violencia machista en 2017.

Desde que una pequeña llamada Leonor fue asesinada por su padre en una visita en marzo de 2013, otros 23 niños y niñas engrosaron la cifra de menores asesinados por violencia de género a lo largo de estos últimos cinco años, según cifras oficiales, y otros seis casos siguen aún bajo investigación. 

Hay que recordar que fue recién en el año 2015 cuando se produjeron los cambios legislativos que reconocieron a los menores como víctimas directas de la violencia de género cuando sus madres la sufren. El cambio de la ley de la infancia y la adolescencia, obligó a su vez, a modificar varias normas (entre ellas la ley de enjuiciamiento criminal). Desde entonces los niños y niñas no son meros testigos o víctimas indirectas, sino víctimas directas de la violencia machista y tienen derecho a todos los servicios y apoyos que reconocidos a estas víctimas.