Violencia de géneroLa defensa de Juana Rivas pide medidas cautelares para sus hijos y la retirada de los menores a Arcuri

La defensa de Juana Rivas en Italia ha reiterado al juzgado de Cagliari este miércoles la petición de medidas cautelares urgentes para proteger a sus hijos ante los malos tratos que afirman sufrir en su convivencia con su padre, Francesco Arcuri. El martes el mayor de los niños, que tiene ya 12 años, fue escuchado por primera vez en sede judicial, donde respondió a solas, sin sus padres ni los abogados de éstos. Sólo estaban presentes el juez que instruye el caso sobre la custodia de los menores, el Fiscal general de Cagliari y la perito oficial de juzgado. 

Según lo que ha trascendido de la vista, el menor respondió a todas las preguntas del juez y el fiscal a lo largo de dos horas de audiencia y ratificó los malos tratos e insultos que sufren por parte de su padre. El menor llegó a afirmar que "no desea vivir con su padre y que le tiene miedo", según relatan en una nota emitida por la Plataforma de apoyo a Juana Rivas.

La nota añade que el Fiscal General solicitó una copia de la transcripción de la declaración del menor ante el tribunal para estudiarla en la fiscalía. Según fuentes relacionadas con el caso, la transcripción del menor no se hizo de forma literal, sino que las dos horas de comparecencia se han resumido en dos hojas y al parecer la sesión tampoco ha sido grabada.

A pesar de las declaraciones del menor, confirmando las denuncias que ha interpuesto Rivas en el último año en Italia (seis en total), el tribunal no ha decidido ninguna medida de protección, lo que supone que los menores seguirán conviviendo con su padre hasta que se decida cualquier tipo de medida.

Según fuentes del entorno de Rivas, la situación es muy preocupante. La defensa de Rivas ya había solicitado en varias ocasiones al tribunal la puesta en marcha de medidas cautelares que garantizaran la protección de los menores, hecho que no ha ocurrido.

Tampoco las denuncias que Rivas interpuso en Italia y en las que pedía medidas de protección han sido tenidas en cuenta hasta el momento, a pesar de los graves hechos que contienen. En una de ellas, presentada el pasado uno de octubre, afirma que el hijo mayor teme por su vida y la de su hermano menor, aunque ni la fiscalía, ni los servicios sociales hayan tomado medidas o investigando los hechos.

La de este martes es la primera vez que se oye al menor en sede judicial, a pesar de las reiteradas peticiones por parte de Rivas y del propio menor por ser oído.

Tal como explican los expertos en derechos de los menores, los tratados internacionales suscritos tanto por Italia como por España, especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño, afirman que "el interés superior del menor debería ser el principio rector que guíen todas las decisiones que se tomen en materia jurídica, administrativa o de educación", explicó a Público Carmela del Moral, de Save the Children. Esta experta también afirma que a los menores muchas veces no se los cree cuando declaran y se tiende a no creer lo que cuentan, "cuando en realidad es más probable que oculten algo que ha pasado a que se lo inventen", añade. También explica que es imprescindible que los interrogatorios a menores los realicen profesionales con preparación específica en psicología evolutiva, cosa que en el caso del hijo de Rivas no ha ocurrido.

En la sala del tribunal sí estuvo presente la perito asignada por el tribunal que llevó a cabo la pericia del proceso de custodia, "cuyo informe se basa fundamentalmente en la aplicación del Síndrome de Alienación Parental (SAP)", afirma el comunicado hecho público por la Plataforma de Apoyo a Juana Rivas. Según el escrito, "este síndrome, según el Consejo General del Poder Judicial, es una "teoría pseudo-científica" usada "para culpar a las mujeres de los miedos o angustias razonables de los niños hacia su padre violento". Por ello y por otras razones, tanto de fondo como de forma, la defensa de Juana Rivas solicitó en su momento la anulación de dicha pericia, tema que está aún pendiente de resolver.

El hecho de que el juzgado no haya adoptado ninguna mendida cautelar, es para algunos expertos, como Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno contra la violencia de género, producto de que "la justicia considera que Juana Rivas se inventa los hechos, que no hay violencia. Pero los indicios de que ésta violencia existe, no sólo hacia ella sino también hacia los niños, no se han investigado. Esta es la clave".

A pesar de los indicios de violencia de género en el caso de Rivas, estas denuncias no han sido tenidas en cuenta ni en el tribunal de Granada que la condenó a cinco años de cárcel y seis de inhabilitiación de la patria potestad, ni el el juzgado italiano que está decidiendo la custodia.

La sentencia de Rivas en Granada ha sido recurrida ante la Audiencia de Granada, que está pendiente de emitir una decisión.