Después de años de desgaste, el movimiento universitario madrileño ha vuelto a reactivarse con un impulso que parece imparable y, sobre todo, "con muchas ganas de cambiar las cosas". Si hace tan solo unos meses las organizaciones estudiantiles, de profesoras y trabajadoras protagonizaron las jornadas de protesta y las acampadas contra el genocidio en Gaza, ahora han vuelto a aunar fuerzas para enfrentar un desafío que lleva más de una década cerniéndose sobre sus espaldas: el ataque sistemático y calculado de los sucesivos gobiernos del Partido Popular contra los centros de estudio superiores públicos.

Apenas una semana después de conocerse el Proyecto de Presupuestos propuesto por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de cara a 2025, que contempla un incremento irrisorio de 5,4 millones de euros para unas universidades asfixiadas por la infrafinanciación, se ha constituido la Plataforma en Defensa de las Universidades Públicas Madrileñas.

El germen lo ha sembrado este miércoles la Sección Complutense, tras una asamblea que ha durado algo más de dos horas, convocada por CGT en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, la misma que vio nacer a Podemos. Si bien se prevé que a lo largo de los próximos días esta entidad extienda sus raíces al resto de universidades públicas de la región (Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Carlos III, Universidad de Alcalá de Henares, Universidad Rey Juan Carlos y Universidad Politécnica de Madrid), con el fin de configurar un movimiento organizado y transversal, capaz de articular la lucha de estudiantes, docentes y trabajadoras administrativas, así como de coordinarse con el resto del movimiento por la educación pública. Es más, en algunos de estos centros ya llevan semanas tejiendo redes.

"Existe una ofensiva a varios niveles", ha empezado explicando Alfonso, profesor de Ciencias Políticas, encargado de moderar el encuentro asambleario. La "estrategia de acoso y derribo" a la que se ha referido incluye "varios niveles" que van desde el desmantelamiento administrativo-legislativo, mediante la nueva ley de universidades –la cual ha criticado por su falta de transparencia, por legitimar la represión de la protesta universitaria y por situar a las universidades públicas en una posición insostenible, exigiéndoles autofinanciar hasta el 30% de sus recursos–, a la precarización consciente que "se lleva impulsando desde 2009 con las políticas de austeridad neoliberales".

Según los datos aportados por la asamblea, "el déficit acumulado en la Complutense ascendería a 64 millones de euros", mientras que el presupuesto de la institución "se ha reducido un 34% en términos reales desde la crisis". Por lo que consideran que "el parche de 47 millones de euros" extra ofrecido este martes a los rectores "no soluciona nada". Así lo ha denunciado Mariu, profesora del departamento de Economía Aplicada de la facultad de políticas.

El estrangulamiento económico afecta tanto al personal como a las infraestructuras: los docentes enfrentan una enorme sobrecarga laboral, los investigadores o el personal administrativo trabajan sin recursos, y hay facultades que literalmente están ruinas. Un daño que –argumentan– es todavía más sangrante cuando se observa cómo la expansión de universidades privadas "mediante cesión de suelo público y mecanismos de financiación opacos" se dispara. 

Cerca del 50% del profesorado en las universidades públicas madrileñas es temporal, un porcentaje muy superior al 8% máximo permitido por la legislación europea. A estas alturas, los rectores ya han advertido de que sin un aumento significativo de los presupuestos, muchos centros se verán obligados a despedir a docentes, reducir grados y aumentar el precio de las matrículas, dejando fuera a quienes no puedan costearse una educación privada.

Por eso para Víctor, otro trabajador de políticas que ha intervenido en la asamblea, la prioridad es evitar que los rectorados actúen como "cables de transmisión" de estos recortes, fomentando en su lugar una movilización autónoma desde las bases. A su vez, Rommy, trabajadora de la facultad de periodismo, ha insistido en la urgencia de "extender y coordinar el movimiento", tomando como ejemplo la lucha que ya libran las compañeras de Menos Lectivas, organizadas en Educación Primaria y Secundaria. Precisamente "la política de divide y vencerás ha facilitado la imposición de estas medidas nocivas", ha añadido en el mismo sentido Héctor, de la Universidad Autónoma, subrayando el impacto que la mercantilización de las universidades tiene en las ciencias sociales, las humanidades y las artes, relegadas bajo criterios puramente utilitaristas.  

Se recoge el testigo de un amplio legado de movilizaciones 

La Comunidad de Madrid ha sido históricamente el escenario de grandes luchas en defensa de la universidad pública. Es imposible olvidar cuando las calles de la ciudad se llenaron de voces que denunciaban el impacto que tendría el Plan Bolonia, un proyecto que, bajo la apariencia de modernización, introdujo la lógica mercantil que todavía hoy se denuncia. Aquella batalla fue un catalizador para el surgimiento de plataformas como Juventud Sin Futuro, que supo canalizar la frustración de una generación marcada por la crisis y los recortes.

De sus asambleas emergieron iniciativas como La Uni en la Calle, un proyecto que surgió con el fin de llevar el conocimiento a los espacios públicos para reivindicar la educación como unos de los bienes comunes más preciados y que se volvió a reactivar el pasado 28 de noviembre, vista la situación actual. Su compromiso continuará este jueves 5 de diciembre con un acto simbólico frente a la Asamblea de Madrid a las 9.30 horas, un rato antes de la concentración convocada por CGT, CCOO y UGT a las 12.30 horas.

El desafío no es menor, pero si algo ha quedado claro en esta primera reunión es que la capacidad de acuerpamiento y convocatoria de la universidad pública aún tiene un latido fuerte y decidido. La comunidad educativa tiene claro que, como recordó otra profesora en la asamblea, "este es el momento de plantar cara".