Hace unos días, algunos vocales del Consejo General del Poder Judicial encargados de realizar un informe sobre el proyecto Ley de Libertad Sexual elaborado por el Gobierno, filtraron a algunos medios sus primeras impresiones sobre el documento. Tres de los ponentes expresaron dudas sobre la forma en la que está redactado el consentimiento, uno de los puntos clave del proyecto que lidera el Ministerio de Igualdad, afirmando que el texto hace una definición rígida de éste, que contiene conceptos jurídicos indeterminados y puede crear inseguridad jurídica para la víctima en algunos casos.

Estos comentarios dieron pié a una serie de críticas hacia el ministerio que dirige Irene Montero y hacia la propia ministra de Igualdad a traves de las redes sociales, de algunos medios de comunicación e incluso por parte de algunos políticos de la derecha. La vicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís, del Partido  Ciudadanos, afirmó en una entrevista que tendremos ir con testigos a una cita o "llevar un papel escrito" para expresar nuestro consentimiento ante una relación sexual. Beatriz Fanjul, diputada del Partido Popular, se preguntaba en un tono pretendidamente jocoso si "tendremos que ir al notario cada vez que vayamos a mantener relaciones". Cuestionamientos ampliamente aireados por la derecha y la extrema derecha desde hace meses pero que, tal como explican expertas en derechos humanos de las mujeres, están muy alejados de la realidad.

Nuestro país no será ni el primero ni el único en acometer cambios de calado en las leyes que regulan la libertad sexual y en los códigos penales que castiga los  delitos contra dicha libertad. En el último lustro, un total de once países europeos (Reino unido, Irlanda, Luxemburgo, Chipre, Islandia. Suecia, Alemania, Grecia, Malta, Croacia y Bélgica) han modificado la calificación de los delitos sexuales en sus leyes y otros cuatro países han iniciado este cambio y se encuentran en distintos grados de progreso. Entre ellos figura España, que ya tiene un anteproyecto que será debatido próximamente en el Parlamento, pero también Dinamarca que puede aprobar una nueva ley la semana que viene. Holanda, Eslovenia y Suiza ya han iniciado conversaciones para cambiar las normas. Y todas estas reformas tienen una característica común: poner el consentimiento en el centro de la ley.

"En todos los países en los que se ha modificado la legislación sobre el consentimiento hemos visto dudas y reticencias por parte del poder judicial y por alguna parte de la ciudadanía. Los comentarios sobre si habrá que firmar papeles o ir al notario no son exclusivos de España. Los hemos oído en todos los países que han puesto el consentimiento en el centro de la ley", señala Mónica Costa, coordinadora en Europa de campañas sobre derechos de la mujer de Amnistía Internacional.

"No se trata de firmar contratos. Estamos hablando de leyes que lo que hacen es reforzar la autonomía sexual de los individuos y especialmente de la mujeres que sufren este tipo de agresiones. Se basan en la libre expresión de la voluntad de tener relaciones sexuales con otra persona. De lo contrario es violación", añade Costa.

Un ejemplo claro de esto es Suecia. Allí desde 2018 rige una ley sobre libertad sexual basada en el consentimiento, muy parecida a la conocida como ley del "solo sí es sí" que se tramita en España. Tal como ocurrió en otros países, existieron reticencias. Dos años después, un informe elaborado por un organismos del Gobierno afirma que no sólo no se han dado las temidas inseguridades jurídicas, sino que al contrario, el numero de diligencias abiertas se han incrementado, así como el número de condenas que aumentaron en un 75%. El documento explica que desde la aprobación de la ley se ha visto un leve incremento de denuncias de estos delitos, lo que supone una tendencia positiva. El informe resalta, además, que la justicia ahora considera casos que antes quedaban fuera, como las situaciones en que la víctima se quedaba paralizada, o casos que empiezan con consentimiento pero acaba sin él.

De la fuerza y la resistencia al consentimiento

Las modificaciones legales introducidos en varios países y que ahora acomete España suponen un cambio clave en la consideración de las agresiones sexuales. Se pasa de normas que basan su definición de violación en el hecho de que se haya utilizado la fuerza o en medir la resistencia de la víctima hacia el acto sexual a otras en las que lo fundamental es si las relaciones fueron consentidas. Sin embargo, como explican diversas expertas, demostrar judicialmente esta resistencia revictimiza a la víctima y centra el procedimiento judicial en las acciones que ella realizó o dejó de hacer, en lugar de ponerlo en los agresores. Hay muchos estudios que explican que ante una situación de agresión sexual muchas víctimas se quedan paradas, entran en shock y no dicen ni hacen nada.

"Pero eso no es consentir. Por esto es tan importante el cambio de la ley. Muchas de las víctimas sienten que la legislación no las acompaña. Creen que no las van a creer porque no dijeron nada o no fueron explícitas en su negativa porque se quedaron paradas. Por eso es tan importante ese cambio de paradigma", afirma Costa.

En España, el caso que encendió la mecha de las protestas sociales y las movilizaciones fue el de La Manada: la violación de una joven de 18 años por  cinco hombres en los Sanfermines de 2017. Durante el juicio se escrutaron más la acciones o la inacción de la víctima que las actuaciones de los agresores. Dos sentencias condenaron a los violadores a penas rebajadas al entender los magistrados que no había existido violencia ni intimidación. Esta situación fue corregida por el Tribunal Supremo en junio de 2019, declarando que había sido una violación e incrementando las penas.

Ahora, los vocales del CGPJ que revisan el proyecto de ley propuesto por Igualdd estiman el caso de La Manada demuestra que el sistema funciona. Que hubo un fallo y se corrigió. Lo que no estiman en sus comentarios es el sufrimiento que se impuso a la víctima y los casi dos años que se tuvo que ver inmersa en procesos judiciales y escrutinio público.

Exigencia legal

Los cambios legales que ponen el consentimiento en el centro de la ley no son una ocurrencia ni un experimento. Su exigencia proviene de organismos internacionales y tratados de derechos humanos firmados por los Estados. España ratificó en 2014 el conocido como Convenio de Estambul, uno de los instrumentos legales más importantes de derechos de las mujeres realizado por el Consejo de Europa. En su artículo 36 el tratado afirma que "el consentimiento debe prestarse voluntariamente como manifestación del libre arbitrio de la persona considerado en el contexto de las condiciones circundantes".

"No se incluye mención alguna a la necesidad de la fuerza o violencia como elemento constitutivo del delito, cuyo eje radica en la ausencia de consentimiento que debe ser prestado de forma voluntaria, lo cual se valorará en función de las circunstancias concurrentes", afirma la magistrada Carla Vallejo, en un documento en el que evalúa el consentimiento en diversos países de nuestro entorno.

"La referencia específica que se hace al consentimiento como manifestación del libre arbitrio de la persona en función del contexto deja clara la imposibilidad de interpretar una ausencia de resistencia física como tal voluntad. Ésta debe manifestarse de forma expresa o deducirse claramente de las circunstancias que rodean al hecho", añade Vallejo.

En un reciente informe que remitió el Grevio (el organismo que monitorea y revisa el cumplimiento del Convenio de Estambul por parte de los Estados) a nuestro país, apremiaba a España a acometer los cambios legales necesarios para desterrar de las leyes la necesidad de probar el uso de la fuerza o la resistencia de la víctima e introducir el consentimiento. La constitución Española establece que los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por nuestro país pasan a convertirse en leyes internas de obligado cumplimiento.

Cuando no se puede consentir

El cambio de la norma tiene, además, otro matiz importante. El actual código penal basado en el uso de la violencia y la intimidación, considera que todas las violencias sexuales que se cometen contra personas que no pueden resistirse son considerados abusos. Es decir, tienen una consideración menor y penas más bajas que si se tratase de una agresión. Así ocurre en casos en los que la víctima está inconsciente por efectos de sustancias químicas o del alcohol. Así ocurrió, por ejemplo, en el caso de otra de las víctimas de La Manada en Pozoblanco (Córdoba), de la que abusaron mientras se encontraba inconsciente.

"Cómo puede ser que los casos en que la víctima está drogada o bajo los efectos del alcohol y no está en disposición de consentir, se entiendan como un delitos menos graves. Simplemente porque la víctimas no se ha resistido y por tanto no ha habido violencia, porque no era necesaria", se pregunta Costa. "Esto es importante y ha justificado muchas críticas y movilizaciones sociales. El cambio de la ley supone un cambio de paradigma que refleja lo que significa una violación.

Esta experta reconoce que investigar una violación no es fácil. Pero que el enfoque en el consentimiento tiene que ser parte de la investigación, junto con el resto de evidencias, tal como hace el sistema judicial. "Hay una pregunta que es clave y que siempre hay que hacer a una persona acusada de violación: ¿Cómo sabe que la persona ha consentido?".