La crisis de la vivienda se ceba con los niños: "Estuvo sin dormir y con pesadillas antes del desalojo"

La crisis de la vivienda ha sido uno de los temas que han marcado la agenda mediática y el debate público este 2024 en España. Organizaciones como el Sindicato de Inquilinas y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) llevan años denunciando la creciente inaccesibilidad de los alquileres, especialmente en las grandes urbes. Algunos datos recientes prueban este escenario: según el Instituto Nacional de Estadística, desde 2015 se ha producido una escalada de los precios de la vivienda en propiedad de hasta un 46,6%.

La ausencia de mecanismos efectivos para controlar el auge descontrolado de las rentas germinó en la manifestación masiva que tuvo lugar el pasado 13 de octubre en Madrid y Barcelona: precisamente en estos territorios se estima que las familias llegan a destinar de media hasta el 60% de sus salarios al pago del alquiler.

De entre los numerosos grupos sociales que se han visto vulnerabilizados por esta situación en los últimos años, la infancia es quizás aquel con el que esta crisis se ceba más descarnadamente. Según Save The Children, entre el 70% y el 80% de las familias que sufre desalojos tiene hijos menores. Los rostros invisibles de las víctimas de la exclusión residencial en España son, por tanto, los de los niños y las niñas: con menos herramientas emocionales para hacer frente a procesos tan traumáticos como los desalojos, los pequeños sufren los embates de la especulación inmobiliaria con una virulencia a menudo subestimada.

Como evidencian los datos de la Plataforma de Infancia de España, el 37,6% de los pequeños en situación de pobreza vive en familias que destinan más del 40% de su salario a los gastos de la vivienda.

Alicia del Río, orientadora de secundaria y portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, recuerda con angustia la mañana de julio en que se produjo el desahucio de Zohra, exvecina de Lavapiés y madre de un niño de ocho años, cuyo trágico caso transmitió este medio. Alicia estuvo al pie del cañón cuando las autoridades policiales la expulsaron violentamente de su hogar a pesar de contar con un informe que certificaba su vulnerabilidad. Meses después de aquel terrible desenlace, no puede evitar pensar en el pequeño, quien tuvo que permanecer en casa de una vecina mientras su madre abandonaba la vivienda familiar: "Ese niño estuvo sin dormir y con pesadillas los días antes del desalojo, se levantaba por la noche y tenía ataques de pánico constantemente", cuenta a Público la activista. También llegó a somatizar ese sufrimiento psíquico a través de patologías físicas que se desarrollaron poco después de ejecutarse el desahucio.

Reescolarización constante y pérdida de redes afectivas

Obligado a mudarse fuera de su barrio debido a las sucesivas ejecuciones hipotecarias que llegó a sufrir, el menor tuvo que empezar de cero en otro centro educativo. Sin embargo, no se trata de un caso aislado: cientos de menores son reescolarizados repetidas veces en cuestión de pocos años por este motivo. Los efectos de tal desatino se reflejan, principalmente, en la ruptura de sus vínculos interpersonales, esenciales en las primeras etapas educativas.

Del Río asegura que "tener que cambiarte de casa, no saber si el próximo curso vas a estar en este centro o en el otro, una de las cosas que conlleva es la pérdida del grupo de iguales principal, las personas con las que más tiempo pasan, ese grupo donde ellos se sienten seguros lo pierden completamente". La activista califica este clima de inestabilidad permanente como traumático, en tanto que implica la pérdida recurrente de relaciones significativas. Mirando al futuro, como describe una investigación de UNICEF, la pobreza residencial se traduce en la desigualdad de oportunidades y en sus posibilidades de inserción en el mundo laboral.

Los maestros, especialmente los tutores, constituyen para los infantes figuras de referencia y protección en medio del caos en el que muchas veces habitan una vez atraviesan las puertas del colegio: llegan a conformar, incluso, símbolos de seguridad y cuidados cuando el entorno familiar es conflictivo. Por ello, educadoras y orientadoras coinciden en la enorme brecha que supone para ellos que esa persona clave en su desarrollo pueda desaparecer de la noche a la mañana sin siquiera llegar a comprender muy bien el por qué.

Sara Torrijos, vecina de Villa de Vallecas, afectada por las operaciones de especulación inmobiliaria del fondo buitre Néstar-Azora, y madre de dos niños, comparte la preocupación de la sindicalista sobre esta cuestión: "Para un niño, tener que cambiarse de colegio cada año o cada dos años significa que no echa raíces, no entiende por qué tiene que estar dejando a sus amigos constantemente, por qué a su profe, quien tanto le ha enseñado, tiene que dejar de verla", alega en conversación con este medio. Ha visto como algunos pequeños han llegado a negarse a ir al centro escolar "porque tienen que empezar de cero cada poco tiempo", perdiendo "cualquier noción de pertenencia y se rebelan contra su entorno".

Las escuelas públicas madrileñas carecen de medios materiales y humanos suficientes como para atender las innumerables necesidades psicosociales que estos niños requieren. Torrijos relata cómo, en la clase de uno de sus hijos, de 25 alumnos, "cada año entra un peque nuevo, porque se ha tenido que cambiar de barrio, de manera que las ratios suben, los profesores tienen el triple de trabajo y no se puede dedicar el mismo tiempo a un alumno que tiene necesidades específicas".

Como orientadora, Del Río vive esta coyuntura con impotencia y desasosiego. En parte es por esa desilusión que lleva meses luchando sin descanso en el movimiento de profesores Menos Lectivas. Frente al enorme reto de educar a niños con desfases curriculares significativos, dificultades con el idioma y con padres sobrepasados por la problemática habitacional, "hay maestras con muchísima ansiedad y pidiendo bajas porque no hay manera de llegar a todo, están desbordadas". Subraya un factor fundamental en este sentido: en los últimos años se ha ido segregando, cada vez más, en unos pocos centros a la mayoría de las personas que sufren pobreza infantil. En ellos se concentran los niños con mayores vulnerabilidades, como aquellos con familias migrantes en situación administrativa irregular o en riesgo de desahucio. Así lo corrobora el último informe PISA, que indica que la Comunidad de Madrid es una de las regiones de la OCDE que más divide a su alumnado por motivos socioeconómicos.

Como señala un estudio elaborado por el Institut d’ Infància i Adolescència de Catalunya, estos niños marcados por la exclusión residencial tienen predisposición a sufrir bullying pero también a ejercerlo como vía para expresar su profundo malestar. La mayoría tienen vergüenza de hablar de su situación con el entorno, por lo que lo sufren en soledad y con incomprensión. No sorprende, pues, que muchas expertas vinculen la pobreza residencial con el absentismo escolar y los problemas de aprendizaje académico. "Normalmente ese bajo rendimiento se suele atribuir al capital cultural de las familias, argumentándose que como tu madre no ha hecho la ESO te pueden ayudar menos en casa o no son un referente para ti en lo académico, pero también va ligado, evidentemente, a la precariedad material", destaca la activista.

La inseguridad en la tenencia, asociada en numerosas ocasiones a cambios frecuentes de domicilio, va ligada en la educación primaria con un mayor riesgo de repetir curso. De hecho, los expertos mantienen que, cuanto más se ha mudado un niño, más probable es que tenga problemas de socialización, salud mental, conducta e incluso mayores tasas de embarazo adolescente.

María Bilbao, psicóloga infantil y profesora asociada en la Universidad Rey Juan Carlos, pretende romper con el falso mito de que los menores se adaptan fácilmente a los cambios drásticos. Al contrario, incide en que las infancias atravesadas por la precariedad "presentan comportamientos disruptivos como peleas y síntomas que van desde la desmotivación hasta problemas de sueño, aislamiento social y todo tipo de miedos". Parte de estos síntomas se deben, explica, "al estigma que supone vivir un desahucio y a la soledad e indefensión que acarrea verse expulsado de manera continuada".

Todo ello se agrava en los casos de las infancias con algún tipo de discapacidad, que necesitan apoyos muy personalizados y rutinas bien estructuradas. "Imagínate que es un niño con autismo, dislexia o TDAH, la reescolarización constante implica retrasarle años. La inseguridad habitacional y tener varios cambios de cole puede ser aun más desequilibrante porque necesitan una adaptación curricular que los colegios tienen que solventar", sostiene la especialista.

El desarraigo tras la exclusión residencial

Aquí entra también en juego, pues, el desarraigo respecto al propio barrio que se produce tras los desalojos. Por un lado, los procesos de desahucio obligan a los menores a cambiar de centro de salud, pediatra y tener que paralizar cualquier tipo de seguimiento médico en curso. También condicionan el acceso a servicios como transportes, espacios verdes comunitarios, al juego o a la cultura, según UNICEF. Pero sobre todo quiebran el apego seguro respecto a los espacios de socialización habituales. Al arrancarles constantemente sus vínculos afectivos informales de barrio, muchos niños están abocados a la adicción a las redes sociales, al alcohol y drogas o a los juegos online, incluidos los de apuestas.

El mencionado estudio del Institut Infància i Adolescència constata que, cuando una familia está en situación de pobreza o exclusión, las relaciones de apoyo mutuo se convierten en vitales para cubrir las necesidades económicas. Estas, asegura el informe, dan cobertura a pequeños endeudamientos y facilitan cubrir las necesidades de conciliación y cuidado de las criaturas. Por este motivo, concluyen, "el arraigo a la comunidad es una cuestión de supervivencia y por ello las estrategias de afrontamiento ante la expulsión inmobiliaria pasan por resistir al máximo y quedarse en el barrio".

Respecto a las condiciones de habitabilidad de las víctimas de exclusión residencial, Save the Children arroja las siguientes preguntas: ¿Cómo es posible mantener un seguimiento adecuado de la salud de niños y niñas si las familias deben mudarse constantemente? ¿Cómo afecta a las relaciones sociales con otros niños, si adquieren consciencia de la imposibilidad de invitarlos a sus casas, de pésimas condiciones? ¿Con cuántas ganas y motivación puede enfrentarse una niña o un niño al estudio en ese mismo tipo de vivienda? 

Según datos de esta organización, dos de cada 10 menores de edad viven en casas insalubres en España. En el caso de los adolescentes en situación de riesgo de desahucio, se ha notificado un aumento de los trastornos de la conducta alimenticia como la anorexia o la bulimia, así como intentos de suicidio. Esto ocurre también a consecuencia de no disponer de lugares de intimidad, descanso o donde realizar las tareas escolares mientras viven bajo la amenaza de un desalojo inminente con sus pertenencias guardadas en cajas durante meses.

Ante la desprotección que sufren actualmente las infancias ante las problemáticas derivadas de la crisis de vivienda, Torrijos plantea la urgencia de situar su bienestar psicoemocional en el centro de las políticas públicas: "No nos damos cuenta de que al final estamos cargando problemas de adultos en las vidas de niños que no tienen por qué querer abandonar su casa porque consideran que es su hogar seguro, su refugio", señala.

Por su parte, Bilbao apunta que es igualmente preciso cortar los ciclos de malestar y desprotección que resultan a su vez de las crisis en los hogares. "Si las personas que cuidan están mal, deprimidas, ansiosas, preocupadas, no van a poder ofrecer seguridad a las criaturas y por tanto, los posibles efectos traumáticos de una situación de desahucio, exclusión, precariedad, serán mayores", concluye.