Organizaciones feministas han presentado una demanda en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional contra la inscripción del sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales. Según explica la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución, dos de sus organizaciones han interpuesto esa demanda para que se revoque la resolución de la Dirección General del Trabajo que, tal y como adelantó Público,  admite la constitución de ese sindicato.

"El movimiento feminista es abolicionista porque entiende que la prostitución y todas las formas de explotación sexual de las mujeres y niñas son expresiones de dominación y violencia patriarcal, incompatibles con la igualdad real entre mujeres y hombres, que no pueden ser legalizables, ni amparables bajo ningún paraguas de normalización de dichos comportamientos", señala la plataforma.

Las feministas expresan su deseo de que el tribunal competente "resuelva a favor de todas las mujeres y lance el mensaje a la sociedad de que las mujeres no podemos ni queremos ser vendidas ni compradas y que no va a existir complicidad alguna con la industria de la prostitución, ni con sus colaboradores, los proxenetas y prostituidores".

El pasado 4 de agosto, el BOE publicó la constitución del sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) después de que la Dirección General de Trabajo comprobase que reunía los requisitos legales. Fue la propia Dirección General de Trabajo la que reconoce en el BOE que observó defectos en la documentación presentada, pero que les requirió subsanar estos defectos, que fueron efectuados por las promotoras del sindicato el 26 de julio.

Al conocer esa decisión, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, reconoció que le habían "colado un gol por la escuadra" y que "desconocía por completo" que su ministerio había dado el visto bueno al sindicato.

El Gobierno, a través de la ministra portavoz, Isabel Celaá, ha subrayado que el Ejecutivo "no acepta de ninguna de las maneras que haya un sindicato de trabajadoras del sexo" y ha señalado que la Abogacía del Estado "se ha puesto ya a estudiar cómo arreglar esta cuestión" que cree que "no parece difícil".