Madrid y Castilla y León orquestaron el veto de las comunidades del PP al plan para la gripe de Sanidad

En previsión a los contagios de gripe de invierno, el Ministerio de Sanidad organizó el pasado mes de octubre las primeras reuniones con técnicos de las comunidades autónomas para crear el primer marco de actuación común ante la gripe en toda España. Los encuentros entre equipos técnicos fueron exitosos y fructíferos, pero al entrar en juego los cargos políticos, el plan se fue al traste. Los consejeros de los gobiernos autonómicos del Partido Popular tumbaron el plan y, según ha podido saber Público, fueron la Comunidad de Madrid y Castilla y León los artífices e instigadores de ese bloqueo. 

La gripe ya es una realidad y dentro de "dos o tres semanas" llegará el punto más álgido de contagios. Sanidad prevé que no se alcanzarán los picos de años anteriores, pero aun así quiso mejorar la coordinación del año anterior. Ese amago de hermandad se quebró cuando los altos cargos del PP entraron en las negociaciones. "Tras las primeras reuniones de los técnicos, pedí abordar en la Comisión de Salud Pública la creación de un marco común de actuación y una mayoría de comunidades autónomas dijeron que no querían tratarlo, así que no fue posible", rememora a este medio Pedro Gullón, director de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, que a la vez por respeto a las negociaciones no da nombres sobre las regiones más críticas con Sanidad.

Gullón había percibido en los grupos motores y en las reuniones de la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta cierto consenso en las bases para crear un protocolo común para que las comunidades actuaran con cierta coordinación, aunque el plan daba por hecho que cada particularidad de las regiones requería movimientos propios. En las reuniones emergían diferencias, pero salvables. Incluso recuerda que varios directores de Salud Pública de otras comunidades daban por hecho el acuerdo. Pero una vez entraron en juego los cargos políticos, percibió una "oposición directa y sin mucha razón" y vio claro que "no querían que existiese ningún tipo de protocolo común". Al no encontrar posibilidad alguna de consenso, Sanidad publicó ese marco de actuación como unas recomendaciones propias para llevar a cabo. 

Un consenso técnico convertido en problema político

"No les íbamos a obligar a nada ni a quitar competencias, queríamos ordenar el escenario para tener un marco común de actuación", explica Gullón durante su conversación con este periódico.

La negativa de estas comunidades, que Mónica García ha definido como "partidista" al dar prioridad a la confrontación política antes que a paliar un problema de salud pública, fue liderada por la Comunidad de Madrid y Castilla y León, según ha podido saber este periódico. "No es la primera vez", apunta un trabajador de la Consejería de Sanidad de Castilla y León a Público conocedor de este conflicto. "Había una propuesta que técnicamente fue avalada por las comunidades, pero políticamente se echaron atrás", asegura. "Durante la pandemia covid, a menudo los técnicos llegábamos a acuerdos unánimes, pero luego los políticos tenían que poner su puntilla", dice cuando revive aquella etapa.

Desde la Consejería de Sanidad de Madrid, dirigida por Fátima Matute, aseguran que el marco común de actuación se descartó por "por redundante", pero incluso la propia ministra mencionó a Madrid en su última rueda de prensa como ejemplo de la oposición a un acuerdo común. Por su parte, la Consejería de Sanidad de Castilla y León, con Alejandro Vázquez al frente, no ha respondido a las preguntas de este medio. 

Hace un año, con un Ministerio de Sanidad recién estrenado, la gripe encontró a Mónica García con una oposición frontal de las comunidades del Partido Popular a cualquier medida. La obligatoriedad de la mascarilla en centros de salud y hospitales fue criticada por todos los gobiernos autonómicos conservadores, con especial foco en Isabel Díaz Ayuso, que ve en Mónica García a su competidora electoral en los próximos comicios autonómicos. Este año se intentó una estrategia aglutinadora que evitara conflictos territoriales, pero la realidad ha sido otra. "Esperemos que para el año que viene podamos llegar a algún acuerdo", dice Gullón con optimismo.